Los atentados del crimen organizado sitian Rio Grande do Norte y son una prueba política para el gobierno de Lula

Es una semana difícil para la seguridad de Brasil. Desde el lunes por la noche, el norteño estado de Rio Grande do Norte está siendo atacado por el crimen organizado. Escuelas y universidades cerradas, transportes públicos bloqueados, la capital Natal a merced de los narcotraficantes. 29 ciudades del estado registraron tiroteos e incendios en edificios públicos, empresas y vehículos.

Fueron alcanzados, entre otros, el tribunal de Parnamirim, 270.000 habitantes en las afueras de Natal, dos comisarías de la Policía Militar, un ayuntamiento y un banco, así como supermercados y tiendas. Ni siquiera la ciudad turística de Mossoró, donde fueron quemados vehículos y camiones de la municipalidad y tuvo que suspender la atención en las unidades básicas de salud, se libró del desenfreno criminal.

En todo el estado fueron detenidas por lo menos 40 personas y dos murieron en enfrentamientos con la policía. Entre los muertos se encontraba José Wilson da Silva Filho, sospechado de ser uno de los instigadores de los atentados. Presuntamente fue él quien distribuyó armas y dinero a los miembros de la facción Sindicato del Crimen de Rio Grande do Norte para llevar a cabo el feroz plan de violencia.

Francisco Canindé de Araújo Silva, Secretario de Estado de Seguridad Pública y Defensa Social (Sesed), declaró que las autoridades habían sido informadas de los ataques, pero no consiguieron impedirlos. “No tenemos los detalles de las motivaciones”, añadió el secretario, “pero creemos que las operaciones policiales de las últimas semanas, en las que se incautaron numerosas armas junto con drogas, provocaron el enfrentamiento”.

Pocas horas después, de Araújo Silva cambió su versión, diciendo que la orden de los ataques procedía de la prisión de Alcaçuz y que la violencia se desencadenó por las reivindicaciones de la población reclusa, que “quiere televisión, sistema de iluminación, visitas íntimas, servicios que el sistema penitenciario no ofrece simplemente por cumplir la ley de ejecución de la pena”.

A pesar de que se llamó a todos los efectivos policiales para reforzar la seguridad, los ataques siguieron produciéndose. “No sabemos si ocurrirán más”, concluyó de Araújo Silva. Los ataques continuaron anoche. Un adolescente murió en un tiroteo tras intentar incendiar un camión en Parnamirim. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino, también intervino en los hechos de Natal, autorizando el envío de la Fuerza Nacional a la región.

Dos importantes organizaciones criminales brasileñas están enfrentadas desde hace tiempo en la región de Natal, el Primer Comando Capital (PCC) y el Sindicato del Crimen de Rio Grande do Norte. Este último es el presunto responsable de los violentos atentados de los últimos días.

Según el periodista brasileño Chico Alves, la violencia en Natal “representa un modus operandi criminal que el sudeste ha exportado a todo Brasil. Estamos asistiendo a acciones que mezclan dos tipos de acción, la desorganizada del grupo Comando Vermelho (Comando Rojo) y la super organizada del PCC”.

Hace apenas un mes, el Ministerio Público de Rio Grande do Norte acusó a uno de los líderes del PCC, Valdeci Alves dos Santos, conocido como Colorido, de blanquear 23 millones de reales, unos 4 millones de dólares, procedentes del narcotráfico no sólo en propiedades inmobiliarias y agrícolas, sino también en siete iglesias evangélicas. Según datos del Monitor de la Violencia, que hace un seguimiento de la delincuencia en todo el país, en los últimos meses de 2022 el Rio Grande do Norte registró un aumento del 20% en los homicidios.

Todo esto demuestra cómo este estado se ha convertido en un lugar crucial para el crimen, junto con el vecino Ceará, donde el PCC está presente desde hace años junto con la mafia italiana. En Fortaleza, capital de Ceará, el famoso asalto al Banco Central en 2005, donde se robó el equivalente a 60 millones de dólares, según varios expertos, representó el punto de inflexión del PCC, por donde pasó parte del dinero. Incluso mafiosos italianos de la talla de Rocco Morabito, famoso traficante de cocaína de la mafia calabresa Ndrangheta, cuya vida criminal terminó en una cárcel italiana tras su extradición el pasado julio, utilizaron durante años Fortaleza como puerto de salida de cocaína hacia Europa. En noviembre se supo que el PCC, junto con otras organizaciones criminales, controla ahora gran parte del territorio, incluso las clínicas públicas, interfiriendo hasta en la posibilidad de que los niños sean vacunados.

También en los últimos días causó sensación el registro en Brasilia del domicilio del juez Cândido Ribeiro, del Tribunal Regional de la Federación de la Primera Región (TRF-1) y de su hijo, el abogado Ravik Ribeiro. Los investigadores habían solicitado una orden de detención contra el magistrado, pero ésta fue denegada por la ministra Lauria Vaz, del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Según la investigación de la Policía Federal bautizada como “Habeas Patter”, el PCC habría ofrecido 3,5 millones de reales, más de 660.000 dólares, a los dos Ribeiro, padre y hijo, para obtener un habeas corpus y liberar a Leonardo Nobre, que trabajaba para Karine Campos, también conocida como la Reina de la Pólvora, la narcotraficante femenina más importante de Brasil. Según las autoridades brasileñas, la mujer es responsable del envío de toneladas de cocaína a Europa a través de los puertos del país. Fue ella quien presuntamente pagó parte del soborno al juez que finalmente dejó salir de prisión a Nobre.

Este hecho unido al polvorín de estos días en Rio Grande do Norte muestra cómo hay estados enteros en Brasil donde el crimen organizado se ha tomado el control del territorio y de las instituciones y desafía al Estado. A pesar de la gravedad de los hechos, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha guardado silencio. Para algunos expertos, se trata de una forma de no encender aún más el enfrentamiento.

Sin embargo, los brasileños aún recuerdan la famosa “salve geral”, el bloqueo total de San Pablo impuesto durante una semana en mayo de 2006 por el PCC, que incendió la ciudad y extendió la violencia a otros estados como Bahía, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais y Espírito Santo. En total murieron 564 personas.

En aquel momento Lula, que estaba en su primer mandato como presidente, dijo que “una violencia como ésta es el resultado de años de falta de inversión en políticas sociales”. Lo que realmente desencadenó los atentados del 2006 fue la decisión de la Secretaría de Administración Penitenciaria de trasladar a 765 presos a la cárcel de máxima seguridad de Presidente Wenceslau, en el estado de San Pablo. Entre ellos se encontraba también el líder del PCC Marcos Willians Herbas Camacho, conocido como Marcola. Años más tarde, el diario brasileño Estado de São Paulo reveló declaraciones de un comisario de policía, José Luiz Ramos Cavalcanti, según las cuales el Estado brasileño había llegado a un acuerdo con el PCC para poner fin a los atentados.

En 2018, causó debate un video electoral del actual vicepresidente Geraldo Alckmin, ex gobernador del estado de San Pablo, donde el PCC nació en las cárceles en 1994 y luego creció exponencialmente. Al principio del video se veía a una chica caminando por una favela con una bandera de Brasil detrás. Sólo que, en lugar de la histórica palabra latina “ordem e progresso”, que significa orden y progreso, destacaba el número 1533, considerado una referencia a las siglas del PCC. Quince significa la decimoquinta letra del alfabeto P, tres la letra C.

El video fue retirado de la campaña de Alckmin posteriormente, pero aún puede verse en Internet. De momento, ni en el plan presentado en la campaña electoral ni en las decisiones de estos casi tres meses de gobierno se ha mencionado un plan de seguridad para hacer frente a una criminalidad cada vez más presente y con aspiraciones globales que ha hecho del narcotráfico su principal fuente de financiación.

Sin embargo, las autoridades lograron a finales de enero frustrar otro plan de fuga de Marcola. Por eso lo trasladaron de la prisión federal de Porto Velho a la de la capital.

Brasil aún está a tiempo de frenar el crimen organizado y evitar infiltraciones como las que se han visto en Mexico o en Italia, donde héroes de la justicia como el juez siciliano Salvatore Borsellino, según se desprende de numerosos procesos, fueron asesinados por la mafia, pero también por entidades estatales desviadas. Un binomio venenoso del que no hay salida y del que Brasil aún puede salvarse.

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