El presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció el traslado de otros 2.000 pandilleros a “la cárcel más criticada del mundo”.
El mandatario confirmó en Twitter que, tras un nuevo operativo, ya son 4.000 los presos “que habitan” la mega prisión destinada solo a miembros de pandillas, cabecillas, y homeboys (jefes de clica), según apuntó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro. Es el llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
La cárcel, ubicada a 74 kilómetros al este de la capital salvadoreña, en el municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente, tiene 33 manzanas de construcción aislada de la ciudad. Está compuesta de pabellones de confinamiento con camarotes metálicos y celdas de castigo, salas de audiencias virtuales y dos módulos para fabricas contra el ocio penitenciario.
Tiene capacidad para albergar a 40.000 reclusos. Ha sido criticada por colectivos de derechos humanos por no atenerse a los estándares internacionales de rehabilitación social, que desaconsejan las grandes prisiones con capacidad para miles de internos.
Cuando se trasladaron a los primeros 2.000 presos hace menos de un mes, Juan Pappier, subdirector para las Américas de HRW, aseguró que las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos de las Naciones Unidas, conocidas como Reglas Nelson Mandela, sugieren que las prisiones de régimen cerrado no tengan una cantidad tan elevada de reclusos porque esto puede ser “obstáculo para la individualización del tratamiento” de los detenidos.
El gobierno de Nayib Bukele ha sido igualmente criticado por organizaciones y países por vulneración de derechos humanos dada la suspensión de derechos constitucionales en la que basa su estrategia de mano dura contra las maras o pandillas.
El 27 de marzo se cumplirá un año desde que El Salvador entró en estado de excepción, que fue aprobado por el Congreso a petición del gobierno en 2022, luego de que en un solo día se registraran 62 asesinatos atribuidos a las bandas delincuenciales. Bukele volvió a solicitar el miércoles su renovación.
Desde entonces, está suspendida la libertad de asociación, el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y de los motivos de su detención, y el derecho a contar con la asistencia de un abogado. El estado de excepción, además, amplió de 72 horas a 15 días el plazo de detención preventiva y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y los celulares de quienes consideren sospechosos.
Según la Constitución, el régimen de excepción se debe de aprobar por 30 días y se puede prorrogar, como ha sucedido en los últimos 12 meses, mientras existan las causas que lo originaron.
Las autoridades responsabilizan a las pandillas de la mayoría de los crímenes registrados en los últimos años en El Salvador y atribuyen a su política de seguridad una mejora en las cifras sobre niveles de violencia.
Al presentar la solicitud, el director de la Policía Nacional, Comisionado Mauricio Arriaza Chicas, afirmó, que, tras casi un año de la implementación de la medida, los resultados son contundentes y “con base en ese diagnóstico, consideramos que es necesario prorrogarlo”.
“Estas herramientas legales nos permiten a nosotros y a las fuerzas armadas la certeza de que los procedimientos son legítimos”, defendió el mando policial.
Por su parte el ministro de la Defensa Nacional, Contraalmirante René Francis Merino Monroy, destacó: “Llevamos 354 días con el régimen de excepción; gracias a él tenemos más de 200 con cero homicidios. Agradecemos las herramientas que nos han brindado para continuar la guerra contra las pandillas”.
Según cifras oficiales, más 65.000 supuestos pandilleros o colaboradores han sido capturados en este tiempo, de los cuales más del 90% tiene detención provisional decretada por un juez, la mayoría por el delito de agrupaciones ilícitas. No obstante, más de 3.700 personas han sido liberadas debido a que nunca se pudo establecer un verdadero vínculo con estas estructuras criminales.
(Con información de AP)
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