El oficialismo chileno debate si cerrar Punta Peuco, la cárcel donde están presos los militares de la última dictadura

El presidente Gabriel Boric dijo que ‘’son cosas que no se anuncian, se hacen’'

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De acuerdo a los medios chilenos, el cierre de Punta Peuco forma parte de la agenda de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.
De acuerdo a los medios chilenos, el cierre de Punta Peuco forma parte de la agenda de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

El Presidente de Chile, Gabriel Boric, abrió la posibilidad de cerrar el centro penitenciario Punta Peuco, recinto que es exclusivo para militares procesados por delitos de Derechos Humanos cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Esta medida estaría dentro del marco de la agenda del Ejecutivo chileno por la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado el próximo 11 de septiembre.

‘‘El caso de Punta Peuco es un caso muy sensible y son cosas que no se anuncian, si no que se hacen’', manifestó el Presidente, e hizo énfasis en que no descartaba el cierre: ‘‘Eso es algo que se tiene que sencillamente realizar, y si es que sucede, se enterarán en ese momento’', sostuvo.

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El penal de Punta Peuco, ubicada en la comuna de Tiltil, al norte de Santiago, se construyó bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) como un centro penitenciario para los ex militares y agentes de la dictadura condenados por las violaciones a los derechos humanos entre 1973 y 1990. Desde entonces, el cierre ha sido una demanda constante, sobre todo por parte de los familiares de víctimas y detenidos desaparecidos de la dictadura, además de las comodidades presentadas al interior de la cárcel en comparación con otros centros penitenciarios del país.

Penal de Punta Peuco, ubicado en la comuna de Tiltil, al norte de Santiago. Ahí, están presos militares y agentes del Estado condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990)
Penal de Punta Peuco, ubicado en la comuna de Tiltil, al norte de Santiago. Ahí, están presos militares y agentes del Estado condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990)

Por su parte, el ministro de Justicia, Luis Cordero, fue consultado sobre la posibilidad de cerrar el Punta Peuco, y señaló que ‘‘no es un penal que nosotros podamos cerrar, es una penal que podríamos optimizar’'

Debido a lo anterior, el secretario de Estado indicó que este recinto penitenciario “forma parte de las políticas de evaluación permanente que tiene Gendarmería en torno a la optimización de ellos”. Con Respecto a trasladar a estos reclusos a un módulo en la cárcel Colina I, declaró: que “si se cree que es una medida asociada a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, que esté pensada como tal, yo diría que en el plan de gestión de establecimientos penitenciarios en eso no está'’.

‘‘Otra cosa distinta es que nosotros tengamos que optimizar”. En ese sentido, el titular de Justicia afirmó que “esa es una cárcel que podríamos ampliar, pero ¿por qué no lo podemos hacer? porque está en una zona regulada con un plan regulador que congela esas edificaciones, por lo tanto, es un establecimiento que no puede crecer salvo las obras que podamos ejecutar en su interior. Los programas de infraestructura de cárcel tienen mucho tiempo, el que se está ejecutando hoy día está diseñado hace algunos años”, subrayó.

Sin embargo, tras las declaraciones del ministro de Justicia, la diputada comunista y ex presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, agregó que “tenemos que enfrentar como país las deudas pendientes hacia las garantías de no repetición. Garantías que no están dadas y por el contrario han mostrado la fragilidad con que se ha construido este período post dictadura, son 50 años donde hemos vivido en distintos momentos represión”.

“El penal de Punta Peuco fue construido en la lógica de la impunidad, por lo tanto, todas y todos sabemos que su cierre significa dar una señal clara de que la impunidad no es aceptable en un país democrático, y el Estado y el Gobierno tienen que buscar un espacio y un lugar donde estos genocidas criminales vayan a cumplir su condena a cárcel común”, sentenció.

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