El camino de Nayib Bukele hacia el autoritarismo cool: de una selfie en la ONU a invocar diálogos con Dios

Los fiscales que le habían seguido la pista a Nayib Bukele durante más de un año recibieron llamadas el sábado 1 de mayo de 2021. Quien les llamaba era Raúl Melara, su jefe, para recomendarles asegurar todos los documentos que habían recopilado durante una investigación que implicaba al presidente y su círculo cercano en varios delitos. Después, Melara tomó de su despacho una cartulina en la que sus subalternos habían dibujado el esquema de una organización criminal que funcionaba en el Estado salvadoreño, a la cabeza de la cual habían ubicado a Bukele y a sus tres hermanos. Melara salió de su despacho para no volver.

Hasta aquel día, Raúl Melara era el fiscal general de El Salvador, pero él sabía que eso estaba a punto de terminar. Alguien cercano a la casa presidencial de Bukele le había advertido, ese mismo día, que el presidente y los recién electos diputados del oficialismo tenían un plan para apartarlo del camino a él y a varios magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Tanto las investigaciones en las que estaban embarcados Melara y sus subalternos, que quedaron plasmadas en los expedientes de los que salió el esquema que el fiscal general se llevó de su despacho, como lo ocurrido el 1 de mayo de 2021, fue transmitido a agentes federales de los Estados Unidos, quienes retomaron todo como parte de sus propias investigaciones de casos de corrupción que implicaban a funcionarios salvadoreños y el pacto de Bukele con las pandillas MS13 y Barrio 18. El trato con las pandillas también lo investigaba una fuerza de tarea estadounidense llamada Vulcano, en la que participan agentes del FBI y la DEA. Infobae ha tenido acceso a expedientes de aquella investigación, cuya autenticidad confirmó con dos agentes de Estados Unidos que la conocen y dos ex investigadores salvadoreños que recibieron informes al respecto.

Cada tres años, el 1 de mayo, toma posesión en El Salvador una nueva legislatura. La que resultó electa en las elecciones de febrero de 2021 dio a Bukele la supermayoría en la Asamblea: 56 diputados de Nuevas Ideas, el partido administrado por familiares del presidente, y 8 de partidos menores alineados con él; 64 en un parlamento de 84 diputados. Uno de los primeros actos del nuevo Congreso fue deshacerse del fiscal general Melara y de los cinco magistrados.

Hay, entre observadores internacionales y analistas salvadoreños, un consenso de que el 1 de mayo de 2021, el gobierno de El Salvador inició el camino de apartarse del sistema republicano y democrático para acercarse paulatinamente a una autocracia, según lo definió un estudio del Instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo, Suecia. En su informe, publicado en febrero de 2023 “La autocratización muchas veces ha ido más allá de la debilitación de la democracia y se ha profundizado aún más luego de que países como El Salvador, Hungría o India se convirtieron en autocracias electorales”.

El argumento de los diputados oficialistas para cambiar la cabeza de la Fiscalía General de la República el día que se abrió la puerta formal a la autocracia fue que Melara tenía vínculos con un partido de oposición y eso lo hacía no idóneo. Consultado por Infobae, Rodolfo González, ex juez de la Sala de lo Constitucional, dijo que no correspondía a los diputados decidir sobre la idoneidad del funcionario, por lo que la destitución fue ilegal.

Según testimonios de diputados y ex funcionarios que estuvieron presentes en la sesión inaugural de la legislatura 2021-2024, donde se sustituyó a Melara, y quienes luego fueron entrevistados por agentes estadounidenses, aseguraron que el plan incluyó desde el principio destituir también a cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para evitar que el ex fiscal introdujera un amparo en el máximo tribunal con el fin de continuar en el cargo.

Los diputados de Bukele también removieron entonces a los jueces Armando Pineda, Aldo Cáder, Carlos Sánchez, Marina Torrento y Carlos Sergio Avilés. El pretexto fue que habían atentado contra los salvadoreños al impedir la aplicación, durante la pandemia de Covid-19, de algunas medidas sanitarias que limitaban derechos constitucionales. La analista Úrsula Indacoecha, de la Fundación para la Aplicación de la Ley en Washington, calificó la remoción de estos jueces como ilegal: “No existían en ese momento causas de remoción en ley, por ese lado la inamovilidad de los jueces fue violada flagrantemente”, dijo.

Aquel 1 de mayo de 2021, mientras Melara hablaba con sus subalternos y resguardaba las investigaciones que implicaban a Bukele, patrullas de la Policía rodeaban las casas de los magistrados del Constitucional, como lo reportó la prensa local en su momento y luego quedó plasmado en los informes posteriores en poder de los norteamericanos. Hubo, incluso, amenazas telefónicas, según dijo a Infobae uno de los funcionarios perseguidos aquel día, quien habló desde el anonimato porque aún está en El Salvador y teme que haya represalias.

“La idea es que no hubiera sala (de lo constitucional) para que (el fiscal general) Melara no se pudiera amparar”, dijo uno de los investigadores salvadoreños que conoció el caso.

Todo el asunto, la salida del fiscal general que investigaban al presidente y de los magistrados fue planificado en la casa presidencial, y uno de los principales gestores de la trama fue Javier Argueta, un abogado cercano a Ernesto Castro, quien hasta el 1 de mayo de 2021 fue secretario privado del presidente y desde entonces es presidente del Congreso. Basado en parte en lo que había investigado la fuerza de tarea Vulcano, el gobierno de los Estados Unidos listó a Argueta como funcionario corrupto y antidemocrático en la Lista Engel, como se llama al reporte en que el Departamento de Estado señala a este tipo de funcionarios centroamericanos.

“Javier Argueta, asesor jurídico de la presidencia, socavó procesos democráticos o instituciones...Fue el cerebro en la remoción de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general en un proceso inusual que en apariencia contraviene los procesos establecidos… en la Constitución”, justificó el Departamento de Estado la inclusión de Argueta en la lista. (Infobae intentó obtener reacciones de los funcionarios señalados, pero como suele ocurrir, no hubo respuesta).

Desde la comunidad internacional la condena fue unánime. El gobierno de los Estados Unidos, a través del asesor presidencial Ricardo Zúniga dijo que lo legal era el estado de cosas que existía hasta el 30 de abril de 2021, lo que provocó aireadas reacciones de Bukele y sus acólitos. La Unión Europea, a través de un comunicado, dijo que las acciones de los diputados bukelistas atentaban contra “el Estado de Derecho y la separación de poderes en el país”.

A la luz de lo que seguiría, eso fue lo que ocurrió: el poder político y su control recaían, desde el primero de mayo de 2021, en una sola persona, el presidente Nayib Bukele. Fue Carlos Sergio Avilés, uno de los magistrados destituidos, quien mejor lo resumió en una entrevista con El Diario de Hoy, uno de los impresos de mayor circulación en El Salvador. “Lo que realmente ocurría era que el órgano ejecutivo ya se había percatado de que el sistema de controles recíprocos entre los diferentes órganos de estado y el reparto constitucional de competencias era un obstáculo para las pretensiones de ese momento y las futuras de Casa Presidencial”.

Si el 1 de mayo de 2021 fue el punto de inflexión, lo que había ocurrido en las calles de San Salvador cercanas a la Asamblea Legislativa poco más de un año antes fue un aviso de que Bukele, el joven político que había enamorado a propios y extraños con su dominio de las redes sociales, sus guiños casuales y su discurso anticorrupción, quería gobernar sin las molestias que implican los controles democráticos.

Fue una de las pocas veces en que salió de Twitter para hablar ante una multitud en las calles de San Salvador. Fue en la tarde del 9 de febrero de 2020. Nayib Bukele se paró en un escenario cuidado al milímetro, flanqueado por media docena de banderas salvadoreñas y un pelotón de soldados que protegían un atril adornado con el escudo nacional. Frente al Congreso, el joven presidente dijo a sus seguidores que acababa de hablar con Dios, y que la divinidad le pidió paciencia para no arremeter contra la Asamblea Legislativa y los diputados de oposición que se negaban a aprobarle un préstamo para sus planes de seguridad pública.

Durante su diatriba frente al palacio legislativo, Bukele dijo que daría una semana a los diputados para que le aprobaran el crédito e invitó a sus seguidores a reunirse en el lugar de nuevo mientras les recitaba el artículo de la Constitución salvadoreña que contempla el derecho a la insurrección. En los laterales del atril presidencial el gabinete escuchaba y aplaudía. Uno de los más entusiastas era Conan Castro, el secretario jurídico y a quien el Departamento de Estado en Washington también señaló como funcionario corrupto y antidemocrático.

No fue, aquel, un acto espontáneo. Todo había sido planificado en varias oficinas del Ejecutivo, incluidas las de la Policía Nacional Civil y las del Ejército. Tampoco fue espontánea la marcha de seguidores que se congregaron frente al atrio presidencial: el gobierno había fletado buses para llevar a empleados públicos a la marcha, según reportó la prensa local.

Testimonios e informes sobre lo que pasó aquel día también alimentaron un expediente de la Fiscalía en El Salvador y, luego, las pesquisas de la fuerza de tarea estadounidense Vulcano. Como explicó Infobae en notas anteriores, tanto los agentes salvadoreños como los norteamericanos abrieron varias líneas de investigación por temas de corrupción, abuso de autoridad y el pacto con las pandillas. Todos esos expedientes se juntaron en uno solo, al que la fiscalía general en los tiempos del destituido Raúl Melara denominó Caso Catedral, por su tamaño.

La investigación de lo ocurrido el 9 de febrero de 2020, a algunos de cuyos informes ha tenido acceso Infobae, incluyó entrevistas a decenas de funcionarios públicos, entre diputados y empleados del Ejecutivo que asistieron a la marcha en favor de Bukele. Los empleados confirmaron que muchos de ellos fueron a apoyar al presidente obligados por sus jefes.

De esa investigación la fiscalía de Melara sacó una conclusión previa: los planes de Casa Presidencial al organizar el 9F, como se llama en El Salvador a aquel día, incluían la expectativa de que el apoyo popular espontáneo al presidente fuese mayor. Bukele, sin embargo, entró al recinto legislativo sin más compañía que la de decenas de soldados y policías uniformados que se apostaron en las entradas del lugar para permitir que el presidente se sentará en la silla principal del Congreso a rezar. Fue en esa oración que, como dijo luego a quienes lo escucharon en la tarima preparada en las afueras del palacio, Dios le había pedido paciencia.

Eduardo Escobar, director de la no gubernamental Acción Ciudadana, dijo que el 9F “marcó el inició de todo el desmontaje democrático que se venía en el país”.

Con Escobar coincide Andy Failer, presidente de Nuestro Tiempo, uno de los pocos partidos de oposición que aún existen en El Salvador. “Además de conocer la verdadera faceta autoritaria del presidente, ese día inició un paulatino velorio para nuestra democracia. El 9F fue un retroceso, uno que busca sepultar a la democracia y reemplazarla por un culto a un concepto mal formado que glorifica a un caudillo, a los militares que le siguen y a la violencia política y represiva como forma de gobierno”, dijo Failer a Infobae.

Al final, ni Bukele ni los empleados públicos volvieron al recinto legislativo en plan manifestación y resguardados por un perímetro militar. Poco después del 9F llegó la pandemia y, con ella, el cierre del país. Durante aquellos días, sin embargo, no dejó de haber exabruptos con tufillo militar, como ocurrió el 18 de abril de 2020, cuando el presidente mandó al ejército a rodear una ciudad costera como parte de la cuarentena.

El cierre por Covid también sirvió a los funcionarios del gobierno para embarcarse en corrupción, según revelarían luego investigaciones de la fiscalía general y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), un ente internacional acuerpado por la OEA creada en El Salvador a iniciativa del presidente y luego desmantelada por él mismo cuando sus investigadores empezaron a sospechar de los funcionarios presidenciales. CICIES documentó al menos 11 casos de corrupción con ayudas Covid que involucraban a los ministros de salud, agricultura y hacienda, a la jefa de gabinete y al director de prisiones, entre otros.

También fue mientras el país estuvo cerrado que, de acuerdo con los expedientes de la fuerza estadounidense Vulcano, Bukele y sus funcionarios afianzaron el pacto con el liderazgo de la MS13 y el Barrio 18 para garantizar gobernabilidad al presidente. Esto último quedó reflejado en una acusación penal a varios líderes de la MS13 que el Departamento de Justicia hizo en Nueva York en septiembre de 2022, la cual está basada, en gran parte, en las investigaciones de Vulcano.

Aquel pacto, que se rompió en marzo de 2022, fue el inicio de un régimen de excepción que está por cumplir un año y el cual ha limitado las garantías constitucionales de decenas de miles de salvadoreños. Tras la ruptura del trato con la MS13 y el Barrio 18, Bukele redefinió su política de seguridad pública y lanzó su guerra contra las pandillas. La propaganda del gobierno asegura que esa guerra ha desarticulado a los pandilleros y ha provocado bajas sin precedentes en los índices de violencia, pero es difícil sacar conclusiones tajantes sobre ambas cosas debido a que, gracias al control absoluto del Legislativo y el Judicial, el presidente ha desmontado la arquitectura legal que garantizaba el acceso a la información pública en El Salvador.

Una de las muestras más recientes del poder del presidente fue la presentación, en febrero pasado, de una megacárcel construida sin que mediara concurso público en la que se supone caben 40,000 personas.

El despliegue publicitario incluyó el traslado de cientos de reos a la nueva prisión, el cual quedó grabado y fue luego publicado en redes sociales en forma de vídeos cargados de música dramática y efectos. El traslado ocurrió horas después de que, en Nueva York, el Departamento de Justicia hizo pública la acusación de 2022 en que se confirma el pacto de Bukele con los líderes pandilleros, y de que se anunciara que México había enviado a Estados Unidos a tres líderes de la MS que habían huido de El Salvador. Otro de esos líderes, Élmer Canales Rivera, uno de los más influyentes y artífice del trato de gobernabilidad con Bukele, ha sido ubicado en la Ciudad de México por agentes estadounidenses, como publicó Infobae.

Hubo un tiempo en que Bukele no despertaba, en la comunidad internacional, palabras como dictadura, autoritarismo, corrupción, mano dura o violaciones de derechos humanos. A inicios de 2019, buena parte de El Salvador y el mundo se rendían ante el joven que había hecho su trepidante carrera en el FMLN, la ex guerrilla salvadoreña convertida en partido político gracias a los Acuerdos de Paz de 1992. Salvo contadas excepciones, Bukele generaba simpatías en el cuerpo diplomático y coberturas amigables en la mayoría de la prensa salvadoreña. El Washington de Donald Trump lo seguía con una sonrisa en el rostro.

Bukele trepidaba en las redes sociales y en las grandes cadenas internacionales de noticias, donde se vendía como un outsider que rompería con la vieja política corrupta de El Salvador y como un paladín contra la corrupción que carcomía al sistema.

La fascinación del mundo con Bukele, que había hecho suya una estética casual al aparecer con una gorra de beisbol y sin corbata en actos oficiales, alcanzó un clímax el 26 de septiembre de 2019, cuando durante su primera comparecencia ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York arrancó su alocución con una selfie que se hizo viral. En horas, medios de referencia en el mundo reproducían la imagen y, ellos también, hablaban del presidente centroamericano que rompía paradigmas.

En julio de 2018, cuando Bukele punteaba en las encuestas, el periodista Fernando del Rincón de la cadena CNN lo entrevistó. Ahí, el aspirante salvadoreño fue enfático en criticar el modelo de Daniel Ortega en Nicaragua, en específico la concentración de poder y el control de una persona de todos los poderes del Estado. La única salida para el nicaragüense para mantenerse en el poder, dijo Bukele, era “dimitir” o “mantener una crisis constante”.

Adelantando tres años: el 15 de septiembre de 2022, tras una polémica interpretación de la Constitución hecha por la Corte Suprema a la que Bukele había instalado de forma ilegal en 2021, el presidente salvadoreño anunció que irá por la reelección en los comicios de 2024, a pesar de que la ley primaria de El Salvador lo prohíbe de forma expresa. Del Rincón, el periodista de CNN, hizo un programa para hablar del asunto el 21 de septiembre: “Ustedes pueden amar al presidente por lo que está haciendo, pero una persona que no mantiene su palabra por un tema de poder, para perpetuarse en él… ¿Ustedes quieren eso? Cuando un dictador viene de frente y les dice que va a ser dictador por lo menos tiene la integridad, pero cuando alguien le dice que va a ser demócrata y luego cambia su discurso no tiene ni integridad ni principios”.

Hoy, Bukele camina sin obstáculos a la reelección, acuerpado por un Poder Judicial del que tomó el control en 2021 y por un índice de popularidad que no baja del 80%. El Salvador, dice la propaganda oficial, es hoy más seguro gracias a la megacárcel y a la limitación de garantías constitucionales, no al pacto con los líderes pandilleros que, entre otras cosas, los blindó de extradición a Estados Unidos. Pero el país centroamericano también es hoy uno en que quien caiga capturado por la policía no tiene garantizado el derecho a la defensa y puede pasar hasta dos semanas sin ver a un juez, uno que ya ha expulsado a periodistas críticos con el presidente, uno que, como lo define la Universidad de Goteburgo, está en transición hacia una autocracia.

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