El Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano instruyó a la Compañía de Jesús de Chile llevar a cabo un proceso administrativo penal en contra del sacerdote Felipe Berríos, debido a la investigación previa canónica realizada por la abogada María Elena Santibáñez en 2022 por denuncias de delitos sexuales contra menores de edad.
A través de un comunicado, la congregación subrayó que el clérigo “continúa siendo sacerdote de la Compañía de Jesús”, pese a que anunció su renuncia. Además, precisó que “el Superior General ha nombrado al padre Dante Simón, vicario judicial de la Arquidiócesis de Córdoba, como su delegado para realizar este proceso canónico”.
“Su tarea consistirá en evaluar las pruebas y argumentos recogidos en la investigación previa canónica, recabar eventuales nuevos antecedentes y recibir la defensa del acusado”, dieron a conocer desde la orden religiosa con respecto a las facultades del delegado. En base a lo mismo, se indicó que los antecedentes reunidos en esta investigación, “deberán ser remitidos al Superior General para su decisión, en conformidad con las normas canónicas vigentes”.
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“Este ha sido un tiempo doloroso, especialmente para los intervinientes del proceso. Esperamos que estos esfuerzos ayudan a alcanzar la verdad sobre los hechos y hacer justicia”, manifestaron los religiosos en dicho comunicado.
El pasado 24 de noviembre del 2022, Felipe Berríos anunció su renuncia a los jesuitas, afirmando que “por una parte, he sido denunciado de hechos que no he cometido. Por otra, se han atribuido a gestos y palabras mías connotaciones que nunca tuvieron”.
“Tal vez este sea el día más triste de mi vida, pero si no doy este paso, todos mis días en adelante se harían tristes y estoy hecho para en todo amar y servir”, sostuvo Berríos en aquella ocasión.
Sin embargo, el suspendido sacerdote, previamente, había, criticado a la Fundación para la Confianza, entidad que capacita en temáticas de prevención e intervención en casos de abuso sexual infantil, y reiteró su inocencia, afirmando que “nunca me he aprovechado de mi condición de sacerdote (…) tengo derechos y uno de ellos es demostrar que no he cometido los actos de los que se me acusa”.
“Ha sido complejo, sobre todo en lo referente a la posibilidad de defenderme, porque en el caso de una acusación canónica, yo prefiero la justicia abierta de todos los chilenos donde poder defenderme. Esa sensación de injusticia, de tener una jurisprudencia distinta a la de todos los chilenos es lo que más duele”, había declarado el sacerdote.
Siguiendo esa misma línea, en aquella ocasión Felipe Berríos se refirió a las denuncias presentadas en su contra y expresó conocer “solo a una de las cuatro denunciantes”, a la que conoció cuando “tendría unos siete años”.
“Ante la abogada investigadora declaré que conocía a su familia, claro. Recuerdo muy bien ese momento, pues fue algo excepcional, ya que mi trabajo pastoral en Infocap (Instituto de Formación y Capacitación Popular) no era con adolescentes, sino que con adultos y universitarios”, indicó.
“Pero esa vez la mamá me pidió que conversara con su hija, porque la niña estaba muy angustiada por un problema personal que no voy a revelar. Conversé con ella mientras su mamá y mi secretaria estaban a pasos de donde conversábamos. Fue algo breve, solicitado por su madre, y luego ambas se fueron agradecidas. Y eso fue todo”, continuó el suspendido integrante de la Compañía de Jesús.
No obstante, el religioso apuntó que todas estas denuncias se enmarcan en un plan comunicacional contra él. “Más allá de lo publicado en uno u otro medio, lo indesmentible es que acá se montó una estrategia comunicacional (…) la propia abogada investigadora contratada por la Compañía de Jesús salió a desmentir varias de esas publicaciones”, señaló en dicha oportunidad.
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