La comisión ocasional del Congreso ecuatoriano recibió al superintendente de Compañías, Marco López. Este grupo parlamentario investiga el caso “El Gran Padrino”, como mediáticamente se ha denominado a la supuesta trama de corrupción que involucraría al cuñado del presidente Guillermo Lasso, al ciudadano Rubén Cherres, al ex funcionario gubernamental Hernán Luque y a la mafia albanesa que opera en el Ecuador.
El funcionario entregó 350 fojas de información a la comisión y aseguró que, antes, ya entregó estos documentos a dos legisladores: Mónica Palacios del correísmo y Ricardo Vanegas de Pachakutik. El reporte de la Superintendencia de Compañías tiene información de varias empresas vinculadas a Cherres y a Dristan Gjika, un albanés conocido por utilizar empresas fachadas para traficar droga.
La información de la Superintendencia, señaló López, tiene carácter de reservado y cuestionó que se hayan publicado los mapas de vínculos que constaban en la documentación. Aunque reconoció que no puede actuar ni responsabilizarse por ningún congresista, dijo estar preocupado de que él o su familia reciban represalias de las personas involucradas en la documentación reservada por el uso que los asambleístas han dado a la información.
Además, recordó que la entidad que dirige tiene la obligación legal de entregar la información que los legisladores le solicitan, aunque esta sea reservada. Con esta explicación, López refutó a la presidenta de la comisión, la correísta Viviana Veloz, que le acusó de no querer entregar la información requerida.
La Superintendencia ha recibido 18 pedidos de información de nueve asambleístas sobre este caso.
Durante su comparecencia, el superintendente resaltó que no es su competencia determinar si existen vínculos del narcotráfico o del crimen organizado con actores políticos. Explicó que si la Superintendencia observa actividades sospechosas, transmiten la información a la Unidad de Análisis Financiero y Económico y a la Fiscalía General del Estado.
El caso de corrupción
El equipo periodístico del medio digital La Posta reveló una estructura de corrupción en el sector eléctrico del país que estaría liderada por el cuñado de Lasso, Danilo Carrera, y operada por funcionarios de ese sector estratégico.
El presidente Lasso, en una entrevista con Plan V, aseguró que conoce desde al menos 60 años a su cuñado y que es una persona íntegra. Por su parte, Danilo Carrera ha impulsado una demanda legal en contra de Boscán por USD 500.000, pues ha asegurado que no está vinculado a ninguna estructura criminal y sospecha que pudieron haber “tomado su nombre” sin su autorización.
Entre los documentos que reveló el medio se encuentra un informe policial de 68 páginas que fue parte de una investigación realizada por la Fiscalía de Manta en el 2021. En ese momento, las autoridades investigaban un caso de tráfico de drogas que denominaron “El León de Troya”. Sin embargo, según informó la Fiscalía General del Estado en un comunicado, el caso fue archivado porque el fiscal a cargo de la investigación recibió un informe de la Unidad Nacional de Investigación contra el Tráfico Ilícito para el Consumo Interno que aseguraba que “no se ha logrado obtener elementos de convicción que aporten al proceso investigativo”. No obstante, frente a las investigaciones periodísticas, la Fiscal General anunció que se dispuso que se realice el control jurídico del caso y, de encontrarse nuevos elementos, la investigación podría ser reabierta.
A partir de la investigación del medio, el congreso creó la comisión ocasional que investiga el caso y que elaboró un informe que recomienda el juicio político en contra del presidente Lasso. No obstante, la causal incluida en el informe no sería pertinente según la argumentación de quienes elaboraron el documento, de acuerdo a la explicación de varios expertos. En todo caso, el requerimiento de juicio político deberá pasar por el control de la Corte Constitucional antes de ejecutarse.
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