La censura y el avasallamiento sobre la libertad de expresión en Guatemala son cada vez más evidentes y frecuentes. Este sábado, un grupo de periodistas protestaron frente a la Corte Suprema de Justicia de la capital en señal de rechazo ante la persecución penal a sus pares comunicadores.
Vestidos de negro y con carteles en los que se lee “No nos callarán” y “Sin periodismo no hay democracia”, el grupo conformado también por fotógrafos y locutores nacionales y del exterior expresó su preocupación por la situación, puntualmente luego de conocerse, esta semana, que una fiscal solicitó al juez Jimi Bremer Ramirez que investigue a nueve periodistas y columnistas del diario El Periódico luego de que éstos publicaran una serie de reportajes en los que se exponía la corrupción estatal.
“Rechazamos el abuso del derecho penal para criminalizar a periodistas que denuncian la corrupción y la impunidad”, declaró a la agencia AFP la periodista miembro del movimiento No Nos Callarán, Marielos Monzón, días después de que denunicaran al Juez por dar luz verde al pedido de la fiscal.
La condena a los seis periodistas y tres columnistas del matutino -que están señalados por las supuestas “publicaciones maliciosas”- va en línea con el proceso penal que se desarrolla en contra de José Ruben Zamora Marroquín, otro comunicador preso desde julio de 2022.
Zamora Marroquín es el principal opositor del gobierno de Alejandro Giammattei y está siendo investigado por lavado de dinero y obstrucción de la Justicia. Éste último se abrió el martes bajo la acusación de que el reportero habría intentado frenar una investigación en su contra por lavado de dinero en 2021.
La solicitud de la investigación y el segundo caso contra Zamora Marroquín es una “escalada en el tema de la regresión autoritaria” y un “atentado contra la libertad de expresión”, agregó Monzón.
“La persecución a la prensa no es un hecho aislado; tiene que ver con una estrategia general de un grupo que tiene sus intereses y sus privilegios y que quieren mantener en el país la corrupción y la impunidad. No se calla la verdad criminalizando periodistas”, agregó.
Asimismo, Moznón señaló que estas acciones están impulsadas por “personas vinculadas al Gobierno, al Congreso, al sector económico poderoso y, por supuesto, a grupos criminales” y lamentó que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), creada para “investigar a redes corruptas y criminales, ahora la estén usando para perseguir a periodistas”.
A esto se sumó la voz del veterano periodista Haroldo Sánchez, quien expresó su “profunda preocupación” por la criminalización de la profesión en Guatemala pero confió en que “ningún sistema -por más que emita órdenes que afecten la libre expresión- nos va a callar”.
Por su parte, la administración de Joe Biden expresó este jueves su “profunda preocupación” por las investigaciones y resaltó que “criminalizar” el trabajo de la prensa “socava las normas democráticas”. Desde el Ministerio Público (la Fiscalía) rechazaron la postura tomada por Estados Unidos y, en cambio, llamaron a un acercamiento de las partes para aclarar la situación.
(Con información de AFP y EFE)
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