Quién es Cinthia Monterroso, la fiscal que persigue periodistas en Guatemala

Cinthia Edelmira Monterroso Gómez llevaba mucho tiempo preparada para recibir el llamado que le llegó el 21 de julio de 2021. Aquel día, su jefa, la fiscal general de Guatemala, la citó a una reunión para encomendarle una de las misiones más importantes de su carrera. Aquel día, Consuelo Porras, la jefa del Ministerio Público, ordenó a la fiscal Monterroso hacerse cargo de expedientes en los que uno de los principales sospechosos era el presidente de la república centroamericana.

La fiscal general Porras llevaba ya unos meses intentando quitarse de encima al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, el fiscal que había supervisado las investigaciones a Alejandro Giammattei, el presidente guatemalteco. Porras, funcionaria a la que el Departamento de Estado de Estados Unidos calificó de corrupta y antidemocrática en 2022, había mandado varios expedientes de la FECI, una fiscalía especial anticorrupción, a otras unidades bajo su control y había hecho una guerra a veces pública y a veces silenciosa contra Sandoval.

Antes de aquel 21 de julio, la Agencia 8 de la FECI, supervisada por Sandoval, había avanzado en las dos investigaciones a Giammattei. La primera, que los fiscales a cargo habían compartimentado por temor a filtraciones, se conoce en Guatemala como la Trama Rusa, y está relacionada a un supuesto soborno que una compañía minera de capitales rusos entregó a Giammattei a cambio de acceso favorable a uno de los puertos más importantes en el Caribe guatemalteco y de más licencias de exploración en zonas del noreste del país, rica en yacimientos de níquel y otros minerales.

El 23 de junio de 2021, un mes antes de la reunión entre la fiscal general Porras y la fiscal Monterroso, un exmiembro de la inteligencia presidencial guatemalteca había declarado ante la FECI de Sandoval que él acompañó a una delegación de rusos a entregar el soborno a la casa particular de Giammattei en Ciudad de Guatemala. A partir de ahí, FECI había iniciado una investigación que confirmaba, además, que otro funcionario del gobierno había estado en un hotel, financiado por los rusos, durante un viaje que los mineros realizaron a Guatemala.

La Agencia 8 de la FECI también tenía en su poder el expediente de un caso en el que un testigo vinculó a Giammattei con un soborno entregado por un exfuncionario relacionado con empresas constructoras y contratos de obra pública.

Juan Francisco Sandoval, el exjefe fiscal, dijo a Infobae que las intenciones de la fiscal general Porras de hacer cambios en la Agencia 8 de la FECI, que llevaba aquellos casos, para entregarla a alguien como la fiscal Cinthia Monterroso, cercana a la jefatura del MP, coincidió con el tiempo en que los investigadores empezaron a llegar cerca del presidente Giammattei.

“Al presidente le habían informado que la FECI estaba ahondando en el posible involucramiento del Ejecutivo en la recepción de fondos de algunas constructoras en el Ministerio de Comunicaciones… Pudo haber sido por cualquiera de los dos hechos -el de las constructoras o el de los mineros rusos- que el presidente se enteró de que algo estábamos investigando”, explicó Sandoval a Infobae.

Lo cierto es que el 21 de julio, la fiscal general Porras también citó a Sandoval para anunciarle que Cinthia Monterroso se haría cargo de los expedientes de la Agencia 8. Dos días después, Consuelo Porras destituyó a Sandoval, quien tuvo que salir al exilio para evitar atentados contra su vida o que lo metieran en la cárcel. A partir de entonces, las investigaciones a Giammattei pasaron al olvido.

Con el tiempo, el nombre de la fiscal Cinthia Monterroso poblaría titulares de prensa en Guatemala, no solo por su rol como fiscal a cargo de investigar a excolegas que, como Sandoval, habían llevado casos de gran corrupción ante la justicia, sino también por perseguir a periodistas guatemaltecos.

El 29 de julio de 2022, Monterroso dirigió el operativo de captura en Ciudad de Guatemala de José Rubén Zamora, director de El Periódico, uno de los diarios más críticos con el gobierno de Giammattei y con la fiscal general Porras. La captura de Zamora levantó críticas unánimes entre organizaciones internacionales de defensa a los derechos humanos y generó reacciones de varios gobiernos del mundo, entre ellos del Departamento de Estado en Washington.

Nada de eso impresionó a Monterroso, quien el 28 de febrero pasado pidió al juez que ventila el caso contra Zamora que investigue a otros nueve periodistas guatemaltecos que han cubierto o escrito sobre el caso contra el director de El Periódico. Los comunicadores, alegó la fiscal sin dar demasiados detalles, habían puesto en riesgo la integridad de funcionarios públicos y habían obstruido la justicia.

En un acto sin precedentes en la historia judicial reciente de Guatemala, el juez que lleva el caso, Jimi Bremer, avaló la petición y abrió el camino para la persecución penal de los periodistas por razones que no están del todo claras.

Las historias de la fiscal Monterroso y el juez Bremer se entrecruzan en uno de los expedientes que la mujer heredó por orden de la fiscal general Porras. Otra agencia de la FECI, la número 5, llevaba un caso del que Monterroso también se hizo cargo, conocido en Guatemala como Comisiones Paralelas 2020, relacionado a una red de corrupción formada por abogados, políticos y funcionarios judiciales que intentaron influir de forma ilegal en la elección de las altas cortes guatemaltecas.

Uno de los implicados en el caso Comisiones Paralelas 2020 es un juez llamado Mynor Moto, a quien operadores políticos cercanos al presidente Giammattei y la fiscal general Porras intentaron colocar como magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Moto, sin embargo, no pudo asumir el cargo por una orden de captura pendiente por actos de corrupción que lo obligó a darse a la fuga. En diciembre de 2022, Bremer revirtió la orden de arresto contra Moto.

Las acciones de Monterroso y Bremer en la persecución de periodistas ya produjeron rechazo de organizaciones de defensa de periodistas y del gobierno estadounidense. “Estamos sumamente preocupados por reportes de que una corte ha ordenado investigar a nueve periodistas guatemaltecos por obstrucción de justicia… Criminalizar el trabajo de periodistas y de la sociedad civil deteriora las normas democráticas y el respeto a la libertad de expresión”, dijo en Washington Ned Price, portavoz del Departamento de Estado. “Llamamos al sistema judicial guatemalteco a rechazar la criminalización de periodistas independientes”, agregó.

Monterroso tampoco parecía impresionada esta vez. En su cuenta de Facebook, la fiscal colgó el 3 de marzo esta frase: “Se hace camino al andar”, seguida de un emoticono que muestra una carita guiñando un ojo. Poco antes, Monterroso había colgado otra frase: “Las personas con carácter y coraje siempre parecen siniestras a los ojos de los demás”.

Cuando, en julio de 2021, Monterroso asumió los casos de la Agencia 8 de la FECI y Juan Francisco Sandoval, el fiscal que había sido jefe de la fiscalía especial, fue orillado al exilio, se cerró un ciclo.

La FECI se creó tras la llegada a Guatemala de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), una fiscalía supranacional con facultades de investigación de casos complejos que abrió una nueva historia de persecución a la corrupción de las élites políticas y económicas guatemaltecas. Durante toda la década pasada, CICIG y FECI abrieron expedientes a políticos del más alto nivel y a empresarios poderosos, e incluso abanderaron casos que terminaron con la presidencia de Otto Pérez Molina en 2015. Pérez Molina y su vicepresidenta, Roxana Baldetti, fueron investigados y procesados por corrupción en un caso de defraudación aduanera conocido como La Línea.

Durante aquellos años, Cinthia Monterroso trabajó en otra agencia de la FECI, la 9, en casos de menor calado. Sandoval, el líder de la FECI, era su jefe. En noviembre de 2019, Sandoval denunció a su subalterna tras darse cuenta de que había utilizado el cargo para favorecer a otra empleada del Ministerio Público de quien era amiga.

El entonces jefe de FECI pidió a la fiscalía de asuntos internos que investigaran a Monterroso por utilizar su autoridad para averiguar si el marido de su amiga había enviado un arreglo floral a otra empleada del MP. Tras escuchar testigos y revisar documentos esto es lo que concluyó Sandoval: “Se puede concluir entonces que la fiscal Monterroso realizó un acto arbitrario y para fines distintos de la administración pública utilizó en provecho de tercero los servicios destinados al cargo público que ejerce, consignando datos falsos en documentos públicos”.

Poco después, asuntos internos determinó que había méritos para ordenar la detención de Monterroso y envió el expediente al despacho de la fiscal general Porras. Un exfuncionario del MP que conoció de aquel expediente explicó a Infobae que Porras ordenó desestimar el expediente y, por tanto, que no se emitiera la orden de captura.

No fue la única vez que a Monterroso se le acusó de actos indebidos. En 2020 Sandoval ya había pedido investigar a la fiscal por haber solicitado movimientos migratorios de personas asociadas a un caso penal en el que ella no tenía competencia. La sospecha fue, también, que Monterroso requirió la información para favorecer a conocidos de ella.

Las acusaciones contra Monterroso subieron de nivel el 22 de julio de 2021, un día después de que la fiscal general Porras le asignó los casos de la Agencia 8, cuando la jueza Erika Aifán, titular del Juzgado de Mayor Riesgo D, la denunció por obstrucción de justicia. Aifán alegó que Monterroso había emprendido, desde 2019, una campaña de acoso contra ella y la acusó, también, de extraer prueba de un expediente. No pasó nada: Porras se negó a investigar a su subalterna y, a la postre, la jueza Aifán, reconocida en Guatemala por fallar en casos complejos de crimen organizado y corrupción política de altos funcionarios, también tuvo que irse al exilio.

El jefe actual de Cinthia Monterroso es Rafael Curruchiche, el abogado al que la fiscal general Porras nombró sustituto de Juan Francisco Sandoval al frente de la FECI. A Curruchiche, como lo hizo con Porras, el Departamento de Estado en Washington lo nombró funcionario corrupto y antidemocrático.

En el comunicado en que explica estas designaciones, el DOS escribió: “Durante su gestión, Porras obstruyó y menoscabó en forma reiterada investigaciones contra la corrupción en Guatemala con el propósito de proteger a sus aliados políticos y conseguir favores políticos indebidos. El patrón de actos de obstrucción en los que incurrió Porras presuntamente incluye dar instrucciones a fiscales del Ministerio Público de Guatemala de que desestimen casos sobre la base de consideraciones políticas y destituyan a fiscales que investigan casos sobre actos de corrupción”.

La hoja de vida de Cinthia Monterroso encaja con esa descripción. Desde que ella se hizo cargo de los expedientes en los que se lo señalaba como sospechoso de cometer crímenes, el presidente de Guatemala no ha tenido que preocuparse por asuntos judiciales. Y desde que Consuelo Porras, su jefa, detuvo una orden de captura en su contra y le dio un papel más relevante en el Ministerio Público, Monterroso es uno de los rostros más visibles en la persecución emprendida por la justicia guatemalteca contra funcionarios que, como Sandoval o la exjueza Aifán, hicieron pagar a los corruptos y contra periodistas que expusieron a esos corruptos.

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