Impuesto al petróleo en Brasil: la economía de Lula da Silva se inspira en el segundo mandato de Rousseff

Se suponía que era la semana clave para que el nuevo gobierno desvelara por fin sus cartas económicas al país con sinceridad, pero como viene haciendo desde la campaña electoral en la que se negó a presentar un plan económico, Lula y su gobierno siguen prefiriendo el camino de la “ambigüedad” al menos en lo que se refiere a la comunicación.

Esta semana, de hecho, era muy esperado el nombramiento de dos nuevos directores del Banco Central (BCB), entre ellos el crucial de los directores de Política Monetaria y Fiscalización. Después de una fuerte cruzada de Lula y de su Partido de los Trabajadores (PT) contra el presidente del BCB, Roberto Campos Neto, con el objetivo de reducir la tasa Selic del actual 13,75%, el gobierno prefirió posponer cualquier decisión hasta la próxima semana.

El Banco Central es independiente desde 2021, pero es el presidente que decide los nombres de sus directores. Según rumores de la prensa brasileña, Lula planea sustituir al actual titular, de Política Monetaria, Bruno Serra Fernandes, y de Fiscalización, Paulo Souza, cuyos mandatos expiraron el 28 de febrero pero cuya competencia cuenta con el firme apoyo de Campos Netos, por Luiz Awazu Pereira da Silva y Tony Volpon, ex directores del Banco Central bajo el mandato de Dilma Rousseff, cuya herencia económica aún pesa sobre los bolsillos de millones de brasileños.

La prioridad del nuevo gobierno esta semana fue entonces la cuestión de la gasolina. El 28 de febrero expiró la medida provisional firmada por Lula el 1 de enero para prorrogar la exención solicitada por Bolsonaro durante las elecciones. El nuevo gobierno esperó hasta la tarde del último día para revelar su decisión a Brasil. No faltaron las meteduras de pata.

En una rueda de prensa, el ministro de Economía Fernando Haddad dijo que Lula había renovado la exención el 1 de enero “porque había oído hablar de la posibilidad de un intento de golpe de Estado”, sugiriendo que el nuevo gobierno estaba bien informado sobre lo que podía ocurrir y que, efectivamente, ocurrió el 8 de enero.

El aumento anunciado se dio a conocer junto con el recorte de precios de la petrolera Petrobras del 3,93% en la gasolina y del 1,95% en el diésel. La medida de Petrobras permitió al gobierno subir los impuestos sí, pero menos de lo previsto, por un total de 0,47 reales para la gasolina y 2 céntimos de real para el etanol. Aunque para la Asociación Brasileña de Importadores de Combustibles (ABICOM) el aumento final al consumidor debería rondar los 0,25 reales, en muchas gasolineras de la ciudad de San Pablo los aumentos ayer llegaron hasta un real (19 céntimos de dólar).

Y si bien es cierto que el diésel no se ha tocado para no afectar al transporte por camión que mueve casi todas las mercancías en el país y evitar así más inflación en los bienes de consumo, los aumentos de la gasolina también repercutirán en las franjas menos pudientes de la población. Estos son principalmente los conductores de aplicativos que han superado la crisis económica provocada por la pandemia precisamente a través del trabajo que ofrecen empresas como Uber, iFood, Rappi o 99. No por acaso, después de la medida anunciada por Haddad, iFood dimitió el 6,3% de sus trabajadores, por el nuevo “escenario económico”.

Sin embargo, detrás de lo que de lo que muchos diarios brasileños han interpretado como una victoria de Haddad sobre el ala radical del partido, es decir, la prevalencia de un enfoque centrado en las cuentas públicas sobre una política de gasto ilimitado para garantizar las políticas sociales, se esconde una cuestión más compleja: el control de los precios de Petrobras. En el último mandato de Dilma Rousseff (2015-2016), que terminó con su impeachment, esta misma política tuvo un impacto desastroso en la economía. Su gobierno fue acusado de utilizar Petrobras como herramienta de política macroeconómica para controlar la inflación. Pero al final el país entró en su peor recesión en cien años.

Entre las señales enviadas el martes por el nuevo gobierno figura la introducción de la tasa de exportación del 9,2% sobre el crudo, una medida válida sólo por cuatro meses con la que el gobierno espera ingresar 6.600 millones de reales, unos 1.300 millones de dólares, pero sin preocuparse mucho por la inseguridad jurídica que la medida conlleva.

De hecho, podría provocar fuertes disputas judiciales con la acusación de no respetar las reglas de las subastas de concesiones de yacimientos petrolíferos, que tuvieron lugar sin este impuesto. El periódico O Globo resume el problema de la siguiente manera. “Se cambió la regla cuando el juego aún estaba en marcha. Para entender lo desastrosa que es la medida basta pensar en lo que ocurriría si todos los países del mundo la adoptaran. Se produciría una retracción del comercio internacional de petróleo, con un aumento de los precios para todos los países. Sería masoquista”.

Para Alexandre Silveira, Ministro de Minas y Energía, este aumento “puede despertar un mayor interés inversor en el refinado en el propio Brasil”. Si con esto el ministro quería decir que la medida puede crear un estímulo para la creación de nuevas refinerías, la afirmación ignora el hecho de que este tipo de inversión suele ser a largo plazo, mientras que la medida actualmente sólo tiene una validez de cuatro meses. Si, por otro lado, Silveira quiso decir que las compañías petroleras extranjeras pueden estar interesadas en operaciones de refinado en Brasil, esto hace sonar las alarmas geopolíticas. Países como Venezuela e Irán, con los que Brasil ha reanudado o está estrechando relaciones diplomáticas, están utilizando la cuestión del petróleo para eludir las sanciones y podrían aprovechar la oportunidad brasileña.

Para el abogado fiscalista Romero Tavares, “poner impuestos a las exportaciones es algo muy raro en el mundo. Permite al estado intervenir en la oferta y la demanda y regular artificialmente los precios. En las importaciones para corregir problemas en el mercado interno es una opción comprensible, pero en las exportaciones sólo se hace en caso de problemas graves en el mercado internacional, que no es el caso de Brasil”. La principal entidad del sector petrolero del país, el Instituto Brasileño de Petróleo y Gas (IBP), expresó en un comunicado su “gran preocupación” porque la tributación de las exportaciones, “aunque sea de forma temporal, puede tener un impacto en la competitividad del país a medio y largo plazo, además de socavar la credibilidad nacional en cuanto a la estabilidad de las normas fiscales”.

El gobierno también ha anunciado que pretende cambiar las reglas del juego en relación con la distribución de los dividendos de Petrobras a sus accionistas, que en 2022 alcanzaron la cifra récord de más de 188,3 millones de reales, unos 36.000 millones de dólares, pero no dio más detalles. Se dice que la motivación es evitar elevadas subidas de los precios de la estatal y garantizar una mayor inversión en la transición energética.

Sin embargo, se teme que los inversores huyan. En las últimas horas, todas estas incertidumbres han pesado sobre las acciones de Petrobras en bolsa, que el martes perdieron 14.900 millones de reales en su valor de mercado, casi 2.900 millones de dólares, a pesar de que el presidente de la estatal, Jean Paul Prates, aseguró que no habrá intervención externa en la administración de la empresa, que, según él, seguirá haciendo lucros. En las mismas horas, sin embargo, el Ministerio de Minas y Energía pidió a Petrobras que suspendiera la venta de activos durante 90 días “con el objetivo de permitir una nueva evaluación de la política energética nacional”.

Sobre la percepción colectiva de Petrobras pesa también el recuerdo reciente de la Lava Jato, la mayor operación anticorrupción de la historia del país que destapó la “caja de Pandora” de la corrupción en Brasil en la que el PT tuvo un papel importante. La Lava Jato se desencadenó en 2014 por el descubrimiento de una trama de sobornos millonarios involucrando la petrolera Petrobras y la constructora Odebrecht.

También pesan en el análisis de los últimos acontecimientos las declaraciones de la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann. En Twitter declaró en las últimas horas que “es el momento de construir en Petrobras una política de precios más justa, acabar con la PPI (la paridad de los precios internacionales) y revisar la indecente distribución de dividendos de la empresa para que vuelva a invertir y hacer crecer Brasil”. La PPI garantiza la paridad de los precios internacionales a través de la dolarización del petróleo, y permite a Brasil importar todo lo que necesita. Esta paridad fue adoptada en 2016 por el entonces presidente Michel Temer en un intento de relanzar las cuentas del país tras el impeachment de Dilma Rousseff. Fuentes de Petrobras dijeron a CNN Brasil que la PPI no sería alterada, como también dijo Haddad, pero agregaron que “por lo menos hasta la instalación de la nueva junta y gerencia, prevista para abril”.

Las mismas fuentes también desmintieron a Haddad en el frente del supuesto “colchón” que según el ministro permitiría a Petrobras bajar el precio de la gasolina sin intervención política. Para los directivos de Petrobras escuchados por CNN Brasil cualquier cambio de precios se haría de acuerdo con la política. Haddad también anunció la creación de un grupo de trabajo interministerial para discutir la transparencia de la política de precios de Petrobras. El grupo estará compuesto por miembros de la Casa Civil y de los ministerios de Energía, Economía y Planificación.

Las incógnitas sobre el futuro de la economía también se mantienen en el frente de la sustitución del “techo de gasto”, el mecanismo creado en el gobierno Temer para controlar el gasto público. La única certeza, de hecho, es la aprobación por el Congreso a finales de diciembre de la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC), que prevé una ampliación de los gastos en 169.100 millones de reales, unos 32.700 millones de dólares.

Sin embargo, sobre el nuevo mecanismo, llamado “arcabouço fiscal” que el nuevo gobierno quiere crear para sustituir el “techo de gastos” sólo hay vagas promesas como que consistirá en reglas que darán “previsibilidad” sobre la evolución del gasto, pero como afirma un editorial del diario brasileño O Estado de São Paulo. “Nadie en el mercado tiene la menor idea de lo que va a pasar”.

Por encima de todo revolotean como fantasmas las cifras. En el mes de febrero, la bolsa cayó un 7,49% y el dólar se apreció un 2,92% frente al real, mientras que la inflación subió al 5,9%. En resumen, hasta ahora en la comunicación de los planes económicos ha prevalecido la línea de las medias verdades, que si a corto plazo puede dar un respiro al gobierno para minimizar los enfrentamientos con el congreso y las protestas de la población, a medio plazo le obligará en caso de crisis económica a hacer frente a la responsabilidad de sus decisiones ante el país.

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