Vacas locas y la reforma agraria: el gobierno de Lula se enfrenta a la bancada ruralista dentro y fuera del Congreso

El Ministerio de Agricultura brasileño anunció el miércoles la suspensión temporal de las exportaciones de carne de vacuno a China debido a un caso de “vacas locas” identificado y confirmado en la localidad rural de Marabá, en el estado de Pará. Es una enfermedad degenerativa que afecta al sistema nervioso del ganado vacuno, conocida como encefalopatía espongiforme bovina (EEB) y que también puede infectar a los humanos si consumen carne contaminada.

El primer caso de la enfermedad se diagnosticó en Gran Bretaña en 1986 y en los años 90 una epidemia en toda regla puso de rodillas al sector ganadero europeo.

Para la economía brasileña, el episodio de Marabá fue un duro golpe. Los casos de vacas locas siempre han sido raros en el país, sólo seis en toda su historia, y desde hace 23 años se aplica un estricto protocolo de vigilancia que ha permitido cortar de raíz cualquier riesgo.

Sin embargo, en 2021 un cierre sanitario de 121 días debido a dos casos de vacas infectadas por la enfermedad creó bastantes problemas al sector y pérdidas de miles de millones de reales. Después, el país se recuperó rápidamente.

Las exportaciones brasileñas de carne vacuna a China aumentaron más del doble en 2022, hasta los 7.950 millones de dólares, según datos del Ministerio de Desarrollo Industrial, Comercio y Servicios. China es el principal mercado para la carne brasileña, seguido por Estados Unidos y Chile, y representa cerca del 61% de las exportaciones.

La congelación de las exportaciones ha causado tal polémica en el sector que el ministro de Agricultura, Carlos Fávaro, en una entrevista con el canal de televisión Rural, dijo que el ministerio está dispuesto a revisar el protocolo sanitario de 2015 firmado por Brasil y China, que prevé la congelación inmediata de las exportaciones hasta que se confirme que se trata de un caso aislado.

“Ese protocolo fue creado para poder iniciar las exportaciones a China”, dijo el ministro, “pero desde el momento en que mostramos toda esta transparencia en cuanto detectamos un caso, toda esta celeridad tanto en las comunicaciones como en los análisis, ganamos credibilidad y podemos intentar revisar el protocolo”.

De esto también es probable que hable el presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante su visita a China el 28 de marzo, cuando se reúna con su homólogo chino Xi Jinping.

El problema de las vacas locas es un desafío más al que tendrá que enfrentarse el gobierno de Lula en el sector del agronegocio, que ha apoyado al ex presidente Jair Messias Bolsonaro en el Congreso en los últimos años.

Es un sector enorme donde hay de todo. Algunos terratenientes fueron señalados como posibles financiadores de las invasiones del 8 de enero a los palacios de poder de Brasil por los manifestantes bolsonaristas. Otros contribuyen a la deforestación de la Amazonia. Un problema que aún no se ha detenido ni siquiera bajo el gobierno de Lula, que también ha hecho de la causa del medio ambiente una prioridad en su agenda a nivel internacional.

En apenas 17 días, el sistema de vigilancia DETER del Instituto Nacional de Investigaciones Especiales (INPE) registró 209 km2 de selva amazónica convertida en humo, lo que equivale a 29 mil campos de fútbol. En todo el mes de febrero de 2022, 199 km2 habían sido destruidos.

Prueba de lo tensas que son las relaciones entre el sector y el nuevo gobierno es que ni el Frente Parlamentario del Agro (FPA) ni el Instituto Pensar Agro (IPA) participaron en la toma de posesión del presidente. Durante la campaña electoral, Lula había atacado repetidamente al sector e incluido en su programa cuestiones como la tributación de las exportaciones, que luego retiró.

Hay que recordar que Brasil ha pasado de ser un país importador de alimentos a convertirse en un gigante agrícola en los últimos 20 años, gracias a un plan estratégico y a una excelente tecnología. En 2021 cosechaba 300 millones de toneladas de maíz. En 2001 eran 100 millones. La agroindustria representa el 25,5% del Producto Interior Bruto (PIB) del país y equivale al PIB de toda Argentina.

Pero no es oro todo lo que reluce. A pesar de los grandes éxitos de los últimos años, la crisis de los fertilizantes que estalló con la guerra entre Ucrania y Rusia, principal proveedor de Brasil, pesó mucho en 2022. Los fertilizantes se han encarecido hasta un 125%. A ello se suman los temores sobre las próximas decisiones económicas del gobierno que tendrán impacto en el sector, en particular la nueva reforma fiscal, cuyos detalles aún se desconocen.

Además, la crisis crediticia que pesa como una dura incógnita sobre el futuro de Brasil en su conjunto también podría limitar el crecimiento del agronegocio. Pero, sobre todo, no está claro que quiere hacer Lula con la reforma agraria. El nombramiento de los nuevos directores del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), el organismo federal responsable de la regularización de la tierra y la aplicación de la reforma agraria, es inminente, tal vez incluso hoy.

Estas cuestiones son muy importantes para el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), que siempre ha estado vinculado al Partido de los Trabajadores (PT) de Lula y a veces asociado a polémicas invasiones de tierras.

Esta asunto amenaza con inflamar el debate en el sector agrario. Al recién instalado Ministerio de Agricultura, Lula ha añadido uno nuevo, el Ministerio de Desarrollo Agrario, dirigido por Paulo Teixeira y calificado por la prensa brasileña como el ministerio del MST.

“¿Cuál es el gran equívoco de la visión petista del desarrollo agrario?”, escribió el agrónomo Xico Graziano en un duro editorial del sitio brasileño de noticias Poder 360.

“Es considerar la tierra como el principal factor de producción agropecuaria. Lo fue en el pasado, hoy es la tecnología la que manda. Poco importa el tamaño de la propiedad. Las herramientas tecnológicas son decisivas”.

Así lo confirma también el último Censo Agropecuario de 2017, en el que para el 60,6% de los encuestados la tecnología es el factor decisivo para la productividad rural. Mientras que la tierra y la mano de obra han pasado a ser parámetros secundarios con el 19,8% y el 19,5% de las preferencias respectivamente.

“Además de llegar tarde, la reforma agraria ha beneficiado sobre todo a los invasores de tierras sin ninguna formación agrícola. Sin tecnología, sin calidad y lejos de los mercados, este tipo de productor rural no va a ninguna parte”, escribe Graziano, para quien es necesario invertir en competencias técnicas y de gestión. Hay que ofrecer cualificaciones para emancipar a los pobres del campo y no mantenerlos dependientes del estado o de organizaciones que actúan por ideologia”, añadió.

Entre las críticas del sector al nuevo gobierno está la de haber vaciado el Ministerio de Agricultura en favor del de Desarrollo, al que también ha arrebatado el control de la Compañía Nacional de Abastecimiento (CONAB).

“La CONAB es el órgano pensante del sector agropecuario”, dijo a la prensa brasileña Pedro Lupion, del Partido Progresista (PP) y presidente del FPA, “es el órgano que planifica, que analiza los volúmenes de cosecha, que calcula cuánto valor de seguro necesitamos, y es absurdo que esté excluido del Ministerio de Agricultura”.

La idea del nuevo gobierno con la CONAB es sobre todo retomar una vieja política eliminada por el gobierno Bolsonaro, la de almacenar alimentos contra la inflación, para mitigar el riesgo de inseguridad alimentaria y permitir el congelamiento de los precios de los productos de la canasta básica alimentar para los pobres.

Sin embargo, según los expertos, el almacenamiento sólo sirve para disminuir la volatilidad de los precios, ventaja que se disiparía ante una inflación elevada y generalizada.

Además, sería necesario invertir en silos, almacenes y la red de transporte. Según Ivan Wedekin, Secretario de Agricultura del Ministerio de Agricultura en el primer mandato de Lula (2003-2007), la capacidad de almacenamiento de la CONAB es insignificante, apenas 2 millones de toneladas.

Sin embargo, en lo que se refiere a la seguridad alimentaria, se puede hacer mucho en otros frentes. En el país, por ejemplo, no existe actualmente una ley que establezca la implementación de un banco de alimentos que permita a restaurantes y supermercados donar alimentos, protegiéndolos legalmente. Son medidas que han demostrado su eficacia en Europa y que también podrían ser muy útiles en Brasil.

Las críticas del sector rural pero no se refieren únicamente a la CONAB. Las declaraciones del ministro Teixeira de que “los títulos de tierra concedidos por Bolsonaro son papel mojado y no tienen valor jurídico” también fueron mal vistas.

Estas declaraciones crearon preocupación entre las cerca de 400.000 familias que se beneficiaron de la distribución de esas tierras en el gobierno anterior. Otra crítica es que el Registro Ambiental Rural ya no depende del Ministerio de Agricultura, sino del de Medio Ambiente, y muchos temen que la ministra Marina Silva dificulte el acceso de los productores al programa de regularización ambiental.

Por último, el hecho de que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) suspendiera a principios de febrero nueve líneas de financiación para la agricultura ha creado desconcierto en el sector. Es probable que este enfrentamiento con el agronegocio le cueste caro a Lula en el Congreso, donde el FPA cuenta con casi 300 diputados y senadores.

Sin embargo, muchas de las decisiones tomadas por el presidente en el sector son medidas provisionales que pueden renegociarse, respetando la productividad agrícola sin olvidar el medio ambiente.

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