Se reaviva el debate sobre las armas en Brasil

Una terrible masacre en un bar de Sinop, en el estado brasileño de Mato Grosso, ocurrida el martes por una pelea durante una partida de billar ha reavivado en Brasil el debate sobre la liberalización de las armas, fuertemente defendida por el anterior gobierno de Jair Messias Bolsonaro y ahora bloqueada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

En la masacre murieron siete personas, entre ellas una niña de 12 años. El único detenido - el otro atacante murió en un tiroteo con la policía - es Edgar Ricardi de Oliveira, inscrito en el llamado “registro CAC”, que reconoce el porte de armas de uso civil a tres categorías: coleccionistas, practicantes de tiro deportivo (“atiradores”, en portugués) y cazadores, de ahí el acrónimo CAC. Inevitablemente, ahora estalla la polémica, ya que muchos se preguntan cómo es posible que Ricardi de Oliveira, con antecedentes de violencia doméstica, recibiera autorización para tener armas legalmente en su casa. Esta duda es más legítima si se tiene en cuenta que una enmienda de 2019 a la ley contra el feminicidio conocida como “Maria Penha” establece que si el agresor tiene licencia de armas, las autoridades están obligadas a confiscarlas.

El caso de Ricardi de Oliveira no es lamentablemente un caso aislado. Decenas de asesinatos o intentos de homicidio en los últimos meses han mostrado todo el peligro de la política pública llevada a cabo por el anterior gobierno de Bolsonaro, totalmente favorable a la liberalización de las armas y basada en el fracasado modelo estadounidense, donde los tiroteos están a la orden del día, provocando frecuentemente tragedias en escuelas o lugares públicos. En el Distrito Federal (DF), estado en el que se encuentra la capital Brasilia, casi la mitad de las armas utilizadas en feminicidios están legalmente registradas, según la Secretaría de Seguridad Pública del DF.

Bajo los decretos de Bolsonaro, los encargados de los polígonos de tiro podían poseer hasta 60 armas. De ellas, 30 podían ser de uso restringido, como fusiles. Alrededor de 1600 tiendas de armas y municiones se abrieron en Brasil en los cuatro años del gobierno anterior. El número de ciudadanos de a pie con licencia de armas pasó de 350.000 en 2018 a 1,2 millones en 2022, según los datos del Instituto Sou da Paz, una organización no gubernamental que lleva años vigilando la proliferación de armas en Brasil. Se trata de un crecimiento del 259%.

Mato Grosso, el estado donde tuvo lugar la masacre, fue la segunda región después de la Amazonia en crecimiento exponencial del número de licencias de armas, en torno al 626%, pasando de poco más de 8.000 en 2018 a 65.300 en 2022. En total, el número de las armas de uso privado es alrededor de los 3 millones, según el Instituto Igarapé, otra organización no gubernamental que se ocupa de la seguridad pública. En 2018, las armas en posesión de civiles eran apenas 1,3 millones.

A esto hay que añadir todo un mercado ilícito del que se nutren los grupos del crimen organizado brasileño, que desde hace algún tiempo también están experimentando con impresoras 3D para ensamblar piezas de armas y para su manutención. En relación con la cuestión de los armamentos en manos del crimen organizado, la administración de Lula no ha revelado hasta ahora ningún plan, lo que inflama aún más el debate político. Según el Instituto Fogo Cruzado, una ONG que estudia la violencia en las ciudades, en la región metropolitana de Río de Janeiro en enero de 2023 los tiroteos aumentaron un 29% en comparación con el año anterior, lo que demuestra la urgencia de políticas eficaces de seguridad urbana.

Entre las medidas del recién instalado gobierno de Lula figura la de frenar la peligrosa tendencia a la liberalización de las armas de uso civil, mediante un decreto firmado por el presidente el mismo día de su investidura. El texto prevé la suspensión de los registros de los CAC, limita el número total de armas y municiones permitidas y suspende cualquier nueva licencia para los campos de tiro. También obliga a volver a registrar las armas adquiridas desde mayo de 2019. Los efectos del decreto fueron inmediatos. En comparación con enero de 2022, el número de armas compradas y registradas para uso civil descendió un 71% de inmediato.

Sin embargo, el debate es feroz, ya que existe una verdadera bancada armamentista en el Congreso, un grupo de aguerridos diputados y senadores que apoyaron al gobierno de Bolsonaro y ahora se oponen a las medidas de Lula. Desde el 17 de enero, 34 diputados y dos senadores han presentado 17 proyectos de ley o decretos legislativos con el objetivo de restablecer la liberalización de las armas.

La misma oposición se registra también a nivel de los gobiernos estatales. Entre los más vociferantes contra el decreto de Lula está el hijo del ex presidente Eduardo Bolsonaro, que calificó el texto como inconstitucional “porque excede los límites de la función del presidente y puede crear desempleo”. Según el hijo de Bolsonaro, “sólo la industria de armas y municiones genera 70 mil empleos directos e indirectos, factura más de 6 mil millones de reales al año (1.150 millones de dólares), exporta por 2,7 mil millones de reales (520 millones de dólares) y genera más de 1,9 mil millones de reales en pago de impuestos (360 millones de dólares)”.

La idea de la autodefensa como base de la política de liberalización de armas es también el caballo de batalla del diputado más votado del país, Nikolas Ferreira, de 26 años, del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro. La pregunta ahora es cuánto poder tendrá este bloque político dentro del Congreso para lograr su objetivo y restablecer la liberalización de las armas en Brasil.

Teóricamente, el Poder Legislativo puede aprobar un decreto a favor del restablecimiento de las armas, pero por ley luego tendría que pasar por el Supremo Tribunal Federal (STF), que tiene el poder de anularlo. Recientemente, la decisión de uno de los ministros del STF, Gilmar Mendes, mostró cómo la Corte suprema hoy se orienta a poner “un freno a la tendencia de flexibilización vertiginosa de las reglas de acceso a las armas en Brasil”, como declaró el propio juez.

Para Mendes el decreto de Lula no es inconstitucional sino todo lo contrario y, entonces, el STF lo va a mantener vigente. En el Congreso, por tanto, se jugará en los próximos meses un difícil partido entre el gobierno y la oposición, que tendrá que plantear otras críticas además de la de “inconstitucionalidad”. Está en juego una importante parcela de la seguridad nacional que, como demuestran muchos ejemplos internacionales, no se beneficia para nada con la liberalización de las armas.

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