Narcos, corruptos y la hija de un genocida se inscribieron como candidatos para las elecciones de Guatemala

Jimmy Morales, ex presidente de Guatemala, lucía una de sus mejores sonrisas en el evento del 12 de febrero pasado en el que su partido, FCN-Nación, lo proclamó como candidato a diputado en la primera casilla del listado nacional para las elecciones generales que el país centroamericano celebrará en junio próximo. Atrás parecen haber quedado los días en que las fotos mostraban a un hombre circunspecto, enojado, preocupado, cuando, al salir de la presidencia del país en 2020 estuvo a punto de ir a la cárcel acusado de financiamiento electoral ilícito y de negligencia en un incendio que costó la vida a 41 niñas y adolescentes en un hogar estatal de acogida.

El 14 de enero de 2020 fue el último día de la presidencia de Morales en Guatemala. Al día siguiente tomaba posesión Alejandro Giammattei. Sin la protección legal que le otorgaba el cargo, Morales tenía que enfrentarse a la justicia en por, al menos, dos casos. Uno tenía que ver con investigaciones de que él y su partido recibieron en sus cuentas financiamiento ilegal durante la campaña electoral que lo llevó a la presidencia en 2015.

El otro es un caso que en Guatemala se conoce como “Hogar Seguro Virgen de la Asunción” por el nombre de un centro de acogida de mujeres menores de edad que se quemó en 2017 y en el que murieron decenas de niñas. De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público de Guatemala (MP), el entonces presidente Morales tuvo conocimiento del siniestro pero no movió un dedo, por lo que fue investigado por negligencia.

Los fiscales que investigaban a Morales tenían listas órdenes de captura que pretendían hacer efectivas en el momento que el presidente dejara el cargo y perdiera la inmunidad, pero el político se les adelantó al apurar su juramentación como diputado del Parlamento Centroamericano, un cuerpo legislativo regional al que tienen derecho a acceder los expresidentes y el cual les otorga inmunidad.

Casi no lo logra. La noche del 14 de enero de 2020, horas antes de la juramentación de Giammattei, decenas de guatemaltecos indignados fueron hasta la sede del Parlacen y evitaron la entrada de la junta directiva del parlamento regional, con lo cual no se podía convocar la sesión en la que se investiría a Morales; los miembros del Parlacen se fueron a un hotel de la capital, donde también había manifestantes que impidieron una vez más la entrada de Morales. Finalmente, poco antes de la medianoche del 14, Jimmy Morales fue juramentado como diputado centroamericano, lo que le ha garantizado inmunidad en los últimos tres años. Hoy, el ex presidente va por el congreso nacional y no parece que nada vaya a impedírselo a pesar de las investigaciones penales pendientes.

El ex presidente Morales no es el único con pasado cuestionable que, en busca de inmunidad e influencia, se ha inscrito como candidato a las elecciones de junio.

El 16 de febrero pasado, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio por buena la inscripción de Esduin Javier como candidato a diputado. Hasta ahora, Javier había sido alcalde de Ipala, en el departamento de Chiquimula, al sur del país. A este político en Guatemala se le conoce como Tres Quiebres y en los pasillos del MP se le identifica como uno de los narcotraficantes más poderosos del país. En entrevistas con medios internacionales, Javier ha negado que él participe en el tráfico regional de cocaína, e incluso ha dicho que se ha enfrentado a narcos en su municipio.

Durante años, investigadores guatemaltecos y estadounidenses siguieron la pista a Tres Quiebres. En 2021, el MP pidió que se retirara la inmunidad del político, quien entonces era alcalde de Ipala, para levantarle cargos criminales por narcotráfico: investigaciones que incluyen escuchas telefónicas lo ponen en el centro de un triple asesinato relacionado con drogas y de una operación para mover y ocultar cocaína en fincas ganaderas. Pero no ocurrió nada. A Javier lo protegió su inmunidad, que ahora busca extender como diputado en el congreso nacional.

Tres Quiebres es candidato por Cambio, partido político relacionado con Manuel Baldizón, un ex funcionario y ex candidato presidencial investigado en múltiples esquemas de gran corrupción, entre ellos uno relacionado con coimas entregadas por el consorcio brasileño Odebrecht en Guatemala. Baldizón cumplió una condena en Estados Unidos tras declararse culpable de lavar dinero del narcotráfico en su país.

Baldizón fue deportado a Guatemala en 2022 y, al llegar, ingresó en prisión debido a casos pendientes en su contra, entre ellos el de corrupción relacionada con Odebrecht. Sin embargo, el político salió libre en enero pasado tras pagar una fianza de USD 230,000. Poco después fue proclamado como candidato a diputado en la primera casilla del listado nacional por el partido Cambio, administrado por sus hijos. Aún falta que el TSE lo inscriba formalmente.

La lista sigue. Siete políticos a los que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha señalado como actores corruptos y antidemocráticos en la llamada Lista Engel, un mecanismo nombrado por el congresista demócrata que le dio vida legal y que obliga a la diplomacia estadounidense a informar al congreso en Washington sobre políticos centroamericanos cuestionados, han sido proclamados como candidatos a diputados o alcaldes.

El 22 de febrero, el Registro de Ciudadanos del TSE también inscribió como candidata a diputada a Elisa Judith Mejía Salazar de Rozotto, esposa de Juan Bautista Rozotto López, alias Juancho y uno de los líderes de la banda de narcotráfico conocida como Los Huistas, que opera en las rutas del norte del país que conectan con México.

Dependiendo de quién sea la persona que aspira a una candidatura en las elecciones generales de Guatemala el colador del Registro de Ciudadanos del TSE es más o menos estrecho. El sistema, por ejemplo, ha sido bondadoso con Zury Ríos, la candidata de ultraderecha que aparece como favorita para ganar la presidencia en las generales de junio próximo.

Ríos no ha sido investigada por corrupción o alianzas con el narcotráfico, pero sobre ella pesa una sombra familiar que se extiende hasta los años 70 y 80, cuando Guatemala vivió los años más oscuros de su conflicto armado interno. Zury Ríos es hija de Efraín Ríos Montt, uno de los militares más sanguinarios que participó en aquellas guerras y que, según una resolución judicial de mayo de 2013, dirigió una campaña de genocidio contra la población indígena maya Ixil entre 1982 y 1983, cuando fue presidente del país tras protagonizar un golpe de Estado.

En 2019, Zury Ríos, hija del genocida, intentó inscribirse para participar como candidata a la presidencia en las elecciones de aquel año, pero la Corte de Constitucionalidad (la CC) de Guatemala se lo impidió. El argumento del alto tribunal fue que la aspiración de Ríos contravenía el artículo 186 de la Constitución, según el cual no pueden ser candidatos “los jefes de un golpe de Estado… o quienes como consecuencia de tales hechos asuman la jefatura del gobierno… (ni) los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad…”

Aunque no pudo participar hace cuatro años, Ríos mantuvo activa su carrera política y su influencia. En 2021, Francisco Molina Barreto, candidato a la vicepresidencia en fórmula con Ríos en 2019, obtuvo un puesto como magistrado de la Corte de Constitucionalidad, lo cual, a la postre, ha resultado conveniente para la inamovible aspiración de la hija del exdictador de llegar a la presidencia de Guatemala. En diciembre de 2022, Zury Ríos fue proclamada como candidata presidencial por el partido Valor, y esta vez su candidatura sí fue inscrita. La mujer es, por ahora, la favorita para ganar según la mayoría de encuestas publicadas a la fecha.

Por el partido de Ríos también se han presentado exfuncionarios durante el gobierno del presidente Jimmy Morales, quienes en su momento también fueron señalados por corrupción o abuso de autoridad.

A otros el sistema político y electoral de Guatemala les ha impedido participar en el acto electoral. El caso más relevante es el del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), que reúne a una amplia base indígena y de profesionales en la capital y en provincias. La candidata a la presidencia por el MLP es Thelma Cabrera, una lideresa indígena maya de la etnia Mam, y el vicepresidenciable es Jordán Rodas, el ex procurador de derechos humanos que ganó notoriedad por enfrentarse al expresidente Morales cuando este se empeñó en echar del país a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el ente supranacional que apoyó al MP local con las investigaciones anticorrupción y contra el crimen organizado más importantes en la historia judicial del país.

En las presidenciales de 2019, el MLP, con una fórmula que entonces también encabezó Thelma Cabrera, logró un sorpresivo cuarto lugar a nivel nacional y se posicionó como primera fuerza en cuatro departamentos de mayoría indígena.

Luego de que Morales echó a la CICIG, Alejandro Giammattei, su sucesor en la presidencia, reeligió como fiscal general a la abogada Consuelo Porras, quien, desde el Ministerio Público, empezó una operación de persecución contra los fiscales, investigadores, jueces y otros operadores de justicia que habían abierto o juzgado casos que mandaron a decenas de políticos y empresarios corruptos a la cárcel, entre ellos un expresidente, una ex vicepresidenta y varios exministros de Estado.

Rodas, el ex procurador, fue uno de los pocos funcionarios que, desde su oficina, mantuvo una actitud crítica de oposición a los afanes del gobierno Giammattei contra los ex investigadores, lo que le valió persecuciones administrativas durante sus años de mandato. Cuando su periodo terminó en agosto de 2022, Rodas participó en la elecciones para la rectoría de la Universidad de San Carlos, la única pública del país y un centro de influencia política en Guatemala. Tras un fraude que implicó la restricción de votantes afines a Rodas, un candidato afín a Giammattei se hizo con el puesto de rector.

En enero de 2023 Rodas fue nombrado como vicepresidenciable del MLP, pero el Registro de Ciudadanos del TSE, el mismo que ha inscrito a narcos y sus familiares y a políticos a los que Washington ha señalado de corruptos y antidemocráticos, se ha negado a inscribir la candidatura de Cabrera y Rodas con un confuso argumento técnico relacionado con la gestión del último en la PDH. El MLP ha apelado la decisión ante los tribunales locales y ha pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en Washington que se pronuncie.

Ya hay quien califica la exclusión del MLP, el partido con más representación indígena (los mayas, xinkas y garífuna son más del 60% de la población guatemalteca), como un fraude democrático que está por ocurrir antes del evento electoral de junio.

“La decisión -de dejar fuera al binomio Cabrera-Rodas- fuera de las elecciones es un golpe electoral que corrompe la integridad y la credibilidad de estas elecciones”, dijo Daniel Zovatto, presidente del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA).

Durante una gira reciente en Washington, Jordán Cabrera, el vicepresidenciable del MLP, pidió a la comunidad internacional que se pronuncie por lo que pasa en el proceso electoral de su país. El silencio, dice, puede tener consecuencias nefastas de las que ya hay antecedentes en Centroamérica.

“Hay que aprender de la historia: la comunidad internacional jugó un papel triste con la convalidación de Juan Orlando Hernández en Honduras con el fraude que hubo (en 2017). Después para qué los lamentos; después se quejaban de las caravanas migratorias y todas esas convulsiones sociales por las crisis económicas y políticas”, dijo.

Todo esto ocurre en Guatemala, uno de los países más corruptos del continente americano según el Índice de Percepción sobre la Corrupción que Transparencia Internacional (TI) publicó en enero pasado.

En Guatemala, dice TI, “las instituciones del Estado han sido cooptadas por élites políticas y económicas y el crimen organizado, quienes protegen sus propios intereses en detrimento de la mayoría de la población, promoviendo la violencia y amenazando la democracia del país”.

En el informe, TI hace referencia a que el Ministerio Público ha perseguido a quienes en el pasado investigaron la corrupción de esas élites. Como ejemplo mencionan que el MP permitió la excarcelación de “un funcionario público acusado de lavado de dinero” mientras ha tomado “medidas legales contra aquellos que exigieron rendición de cuentas”. El funcionario excarcelado es Manuel Baldizón, quien hoy se encamina a ser candidato a diputado sin oposición del sistema. Uno de los que exigió transparencia es Jordán Rodas, el vicepresidenciable al que el sistema no quiere dejar participar en la elección.

Seguir leyendo: