Mientras el gobierno de Ecuador asegura que, de los 218 acuerdos alcanzados con las organizaciones indígenas luego de la paralización de junio de 2022, 48 ya se cumplieron y 153 están en fase cumplimiento, los movimientos indígenas aseguran que no conocen el avance de los acuerdos y se preparan para definir si emprenden una nueva medida de hecho en contra del gobierno.
El nuevo ministro de Gobierno, Henry Cucalón, aseguró que retomará los diálogos con los movimientos sociales y señaló que los acuerdos están en proceso de cumplimiento. La información gubernamental también ha especificado que de las 218 resoluciones, nueve tienen retraso, dos se encuentran en observación y seis presentan problemas en otras funciones del Estado, como aquellos que requieren de reformar legales que deben tramitarse en el congreso.
Las cifras entre el Gobierno y las organizaciones de pueblos y nacionalidades sobre el cumplimiento de los acuerdos suscritos alcanzados en las mesas de diálogo no coinciden.
Como parte de los acuerdos alcanzados estaba la conformación de una comisión de seguimiento con dos representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine) y de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), junto con cuatro delegados del Ejecutivo.
Aunque el Ministerio de Gobierno puso en funcionamiento un sistema de reporte de las instituciones responsables de la ejecución de los acuerdos, Cecilia Velasque, coordinadora del movimiento Pachakutik, el ala partidaria de la Conaie, aseguró que las bases y las estructuras del movimiento indígena no conocen el avance del cumplimiento y consideran que ha pasado el tiempo suficiente para atender esos requerimientos.
Mientras el gobierno asegura que cumplirá con los acuerdos, Velasque indicó que el sector indígena es incrédulo ante estas promesas pues el nivel de aceptación del primer mandatario y la gestión gubernamental son negativas. Para la líder indígena se debe realizar un acuerdo nacional desde la sociedad civil.
Velasque reconoció que varios de los acuerdos requieren voluntad política pues el gobierno central debe presentar las reformas legislativas y el congreso deberá aprobarlas. Sin embargo, desde que Lasso inició su gestión, no ha podido tender puentes entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo que ha evitado que las propuestas del gobierno se estanquen.
Por su parte, la Fenoncin anunció que se retirará de las mesas de diálogo porque no se han cumplido los acuerdos. Al mismo tiempo ha manifestado su posición de que Lasso deje el poder.
Por su parte, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leonidas Iza, acusó al presidente Guillermo Lasso de incumplir los acuerdos del diálogo sobre el derecho a la consulta previa para permitir el desarrollo de actividades mineras: “(El) gobierno nacional ha prendido una chispa por vulnerar los derechos de los territorios. Nosotros (los) vamos a defender, porque esto llevamos a las mesas (de diálogo) y usted (presidente Guillermo Lasso) ha vulnerado y ha roto este proceso”, aseguró Iza.
Iza se refirió a los violentos disturbios en el cerro Fierro Urco, en Loja al sur del país, donde policías y militares se enfrentaron a los comuneros que se oponen a proyectos mineros en la zona.
Uno de los acuerdos que está en proceso de cumplimiento es la implementación de un cobro diferenciado de los combustibles. Para ello, se deben considerar criterios que permitan aplicar el subsidio a ciertas personas. No obstante hay un retraso en este acuerdo.
En cuanto al control de precios, ya existe una metodología para realizarlo pero las organizaciones no habrían enviado la lista de comunidades priorizadas a la Agencia de Regulación y Control.
Los acuerdos de las mesas de energía y recursos naturales no renovables, seguridad, justicia y derechos, y empleo y derechos laborales tienen acuerdos con retraso en su ejecución.
Mientras que las mesas de la banca pública y privada, de fomento productivo, de derechos colectivos, acceso a salud y educación superior no tienen acuerdos con retraso.
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