La abogada y ex fiscal anticorrupción de Guatemala Virginia Laparra cumplió este jueves un año en prisión y su abogada defensora señaló que el Estado ha cometido violaciones a su derecho a la salud, mientras organizaciones internacionales exigen su liberación inmediata.
Laparra fue detenida el 23 de febrero de 2022, acusada por el ex juez Lesther Castellanos de supuestamente cometer un delito administrativo en 2018, cuando fungía como fiscal anticorrupción en Quetzaltenango (segunda ciudad del país).
La abogada guatemalteca fue sentenciada por ese caso a cuatro años de prisión conmutables y continúa en prisión porque la Fiscalía abrió un segundo proceso penal en su contra, acusandola de revelar información confidencial de una investigación que estaba a su cargo.
“El Sistema Penitenciario le ha negado a Laparra ser trasladada a un centro asistencial durante los últimos tres meses”, declaró la abogada Geraldina López, defensora de la exfiscal, durante una conferencia de prensa organizada por organizaciones internacionales pro derechos humanos.
De acuerdo con las defensoras de la ex fiscal, su derecho a la salud “ha sido vulnerado” durante el año que lleva privada de libertad.
La organización Amnistía Internacional se hizo presente este jueves en Guatemala mediante su representante, Adeline Neau, quien indicó que Laparra debe ser liberalidad de forma inmediata.
“Es preocupante que una mujer que trabajaba para el sistema de justicia guatemalteco esté criminalizada por hacer su trabajo”, expuso Adeline Neau durante la conferencia de prensa.
En noviembre de 2022, Amnistía Internacional declaró a la ex fiscal como “presa de conciencia”, por considerar que su encarcelamiento tiene motivaciones de índole política.
Según los observadores internacionales, Laparra “lideró investigaciones de corrupción a gran escala” y aseguran que la persecución en su contra es producto de haber señalado irregularidades en el actuar del juez de mayor riesgo Lesther Castellanos en 2018.
Laparra fue parte de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) que entre 2015 y 2021 reveló decenas de redes criminales incrustadas en el Estado guatemalteco y entre ellas una estructura de defraudación aduanera liderada por el ex presidente Otto Pérez Molina (2012-2015).
Al menos siete ex fiscales que formaron parte de los procesos de investigación y litigio contra funcionarios acusados de corrupción han sido denunciados en el último año.
La Fiscalía guatemalteca que persigue a los operadores de justicia es liderada por la fiscal general Consuelo Porras, quien fue incluida en la lista de actores corruptos y antidemocráticos del Departamento de Estado de Estados Unidos en 2021.
Alrededor de 50 personas han tenido que salir al exilio en Guatemala entre 2018 y 2023, entre jueces, fiscales y periodistas, porque aseguran ser víctimas de una persecución judicial por parte del Ministerio Público en venganza por su protagonismo en la lucha contra la corrupción.
(Con información de EFE)
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