En diciembre de 2009, el general da la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Jorge Gabela, fue acribillado en la puerta de su casa luego de denunciar por sobreprecios una compra de helicópteros indios de mala calidad. El ex presidente, Rafael Correa, desestimó el caso como un asalto común, aunque los supuestos ladrones no se llevaron nada. Ahora, un falló de la Corte Constitucional ha contemplado medidas de reparación a favor de la viuda de Gabela, Patricia Ochoa, que incluyen la entrega de un informe pericial que se perdió durante el correismo.
La Corte Constitucional de Ecuador resolvió que la Presidencia de la República conforme un comité encargado de coordinar con el perito Roberto Meza, la entrega del ejemplar del tercer producto que se perdió en manos del comité de ministros del correismo. El plazo para ejecutar esta disposición es de 15 días para la integración del comité y el plazo para que Meza entregue una copia certificada del tercer producto es de tres meses.
El perito extranjero Roberto Meza, que fue contratado por el Estado ecuatoriano para investigar el asesinato de Gabela, dijo, en diciembre de 2020, que sus investigaciones sí establecieron quiénes fueron los autores materiales de Gabela. Meza dijo en una entrevista en televisión que los autores intelectuales del asesinato del general sí están “directamente involucrados con las denuncias” que Gabela hizo por la compra de los helicópteros. Esto último respalda la versión de la familia de Gabela sobre la persecución que sufrieron por los cuestionamientos del militar.
Sin embargo, el perito Meza ha dicho públicamente y ante la justicia ecuatoriana que él no posee una copia del tercer producto al que se refiere la Corte Constitucional.
El alto tribunal constitucional también resolvió que la Fiscalía General del Estado y la Contraloría del Ecuador emprendan sanciones en contra de los ahora ex funcionaros que manejaron los informes en el Comité Interinstitucional que investigó el caso y que aseguró que la muerte del general fue resultado de un delito común. Adicionalmente, la Función Ejecutiva deberá ofrecer disculpas públicas y la Defensoría Pública deberá publicar el fallo de la Corte en su página web.
La resolución de la Corte Constitucional ha generado cuestionamientos provenientes desde el correismo. El expresidente Rafael Correa escribió en Twitter que el fallo “es poco menos que locura” y calificó a la disposición judicial como una “nueva farsa (que) no tiene salida”.
Incluso el partido político afín al ex mandatario, Revolución Ciudadana, ha asegurado que “reavivar mediáticamente y con fines políticos el caso Gabela, no es más que una cortina de humo”. Según el movimiento, las autoridades “buscan desviar la atención de escándalos de corrupción y presunta cercanía con el narcotráfico internacional Gobierno de (Guillermo) Lasso”.
Frente a esas declaraciones, Patricia Ochoa, viuda del general Gabela, respondió al exmandatario y escribió: “Correa, fue tu ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Lenín Lara, ahora asambleísta de tu partido, quien declaró ante la Fiscalía, en la Comisión de la Asamblea 2018 y lo dijo públicamente que se entregó el tercer producto, en el que estaban los nombres”.
Ochoa, que desde el asesinato de su esposo no ha dejado de exigir justicia, refutó a Correa que: “todos tus ministros se enteraron del contenido del tercer producto. Por qué no contestas qué hacía tu asesor, Miguel Montalvo, en esa misma reunión y Pablo Romero de la Senain (Secretaría Nacional de Inteligencia). Está la orden de asistencia de esa misma reunión y a parecen allí sin formar parte del ese comité”.
El 3 de enero de 2011, casi una semana después del asesinato de Gabela, el entonces presidente Rafael Correa llamó por teléfono a Patricia Ochoa de Gabela para decirle que estaba “consternado”. No le ofreció su pésame e inmediatamente se refirió al crimen como un “asalto”. Con esta etiqueta lo relativizó y le restó importancia. Se nota en el audio de la conversación, difundido por los medios de comunicación, una voz insegura y recelosa. Ochoa le contestó con firmeza: “Señor presidente, disculpe, creo que usted está mal informado porque del asalto no se llevaron nada, no se robaron nada”. Correa otra vez contesta con su habitual terquedad, que iba de la pasividad a la agresividad en segundos: “Vea, no empecemos con esas cosas, señora”.
Además de la hipótesis de que el asesinato del general fue un asalto, las investigaciones periciales determinaron que el asesino material de Gabela habría sido un delincuente conocido como alias “Francis”, que casualmente fue acribillado en Guayaquil dos años después del asesinato del militar, también un 19 de diciembre.
En noviembre de 2018, una comisión legislativa estableció que “existen evidencias suficientes y constantes de inobservancia a la ley incurridas por servidores en el ejercicio de sus funciones, así como, la posible existencia de un crimen de Estado”.
El asesinato del general Gabela se une a otras decenas de muertes de periodistas, activistas medioambientales y de personas que denunciaron actos de corrupción durante el correato y que no han sido esclarecidas.
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