Las implicaciones políticas de la supuesta corrupción dentro del gobierno del Ecuador y en el círculo cercano del presidente de la república, Guillermo Lasso, fueron analizadas por los servicios de inteligencia de la Policía Nacional.
Fuentes al interior del órgano de inteligencia detallaron al diario La Hora lo que se estudia en esa instancia policial y que han comunicado formalmente al gobierno nacional. Los especialistas policiales dividieron la situación en dos partes: la primera, es la denominada en las redes sociales del internet como el caso “Gran Padrino”, que involucra a Danilo Carrera, cuñado del presidente, y dos personas cercanas a Carrera, Rubén Cherres y Hernán Luque, actualmente buscados por la policía del Ecuador.
La segunda toma en cuenta el resultado de las recientes elecciones seccionales, celebradas el 5 de febrero, en las cuales el oficialismo fue derrotado en la convocatoria simultánea a un referéndum en materia de seguridad y reforma política, entre otros temas.
La situación se complejiza luego de la divulgación del informe de investigación policial que señalan los posibles vínculos de Rubén Cherres con la mafia albanesa de trafico de drogas determinados en escuchas telefónicas de llamadas interceptadas por la justicia. Danilo Carrera y Rubén Cherres no forman parte del gobierno de Lasso. Hernán Luque fue presidente del directorio de la Coordinadora de Empresas Públicas, delegado por el presidente ecuatoriano.
El portal digital de noticias La Posta durante sus transmisiones y el periodista, Andersson Boscán, durante las últimas semanas ha ventilado esta información sobre los supuestos vínculos y, además, presentó ante el Congreso del Ecuador toda la documentación obtenida sobre el asunto.
Según las fuentes, los dos hechos prevén tres escenarios: la destitución presidencial, la disolución de los poderes representativos y/o las protestas callejeras.
La destitución presidencial es una de las posibilidades estudiadas por el informe policial considerando las denuncias de corrupción que han sido presentadas en el parlamento a la oposición y por el debilitamiento del gobierno tras diluirse la mayoría legislativa afín al oficialismo y la reconfiguración de la Asamblea Nacional en una nueva mayoría adversa al gobierno.
La regla constitucional que posibilita la destitución establece que el Congreso podrá remover al presidente por la vía del juicio político a solicitud de por lo menos un tercio del número total de legisladores lo que equivale a al menos 91 de los 137 legisladores. Las causales para la destitución consisten en el cometimiento de delitos contra la seguridad o de la administración del estado o por enriquecimiento ilícito, por el cometimiento de delitos de lesa humanidad como genocidio, tortura, desaparición forzada, secuestro o asesinato por razones políticas y por arrogación de funciones.
Se requiere dictamen de la Corte Constitucional para iniciar este juicio político. La fuente policial aseguró a La Hora que en la Asamblea toma forma la instalación de un proceso de destitución por delitos en contra de la seguridad del estado.
Otro escenario es la reactivación de un levantamiento popular como los experimentados en octubre de 2019 o junio de 2022, ambos liderados por Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y firme crítico del gobierno nacional. En caso de protestas, esta sería la circunstancia esperada por la mayoritaria bancada de oposición de la Asamblea Nacional para invocar la causal constitucional de “grave crisis interna y conmoción social” para destituir al presidente por la vía de la resolución y sin instalar un juicio. En este caso también se requieren no menos de 91 votos.
El órgano de inteligencia policial asegura que la confederación indígena ya planea un nuevo levantamiento popular que empezará a gestarse desde el 18 de febrero, al cumplirse los 90 días de la culminación de las negociaciones con el gobierno que arrancaron tras el fin de las protestas de octubre de 2022, y el 24 de febrero con la celebración de una reunión ampliada con los líderes de las comunidades indígenas de todo el país.
Un tercer escenario es la disolución anticipada de los poderes representativos que en la opinión pública del Ecuador se llama como “muerte cruzada”. En este escenario se estima, incluso, la renuncia del presidente. Ambas opciones son consideradas por el informe policial revelado a La Hora como las menos traumáticas para la institucionalidad del país.
Una disolución anticipada clausuraría temporalmente el Congreso y convocaría a nuevas elecciones generales para ocupar la presidencia y todas las curules legislativas. Sin embargo, la constitución faculta al presidente a asumir temporalmente la presidencia hasta la transmisión del poder y gobernar en ausencia del legislativo. En caso de renuncia del presidente Lasso asumiría el vicepresidente Alfredo Borrero.
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