El gobierno de Luis Arce dispuso que sus muy obedientes jueces convoquen a tres obispos y algunos sacerdotes y les inicien acciones penales por haber participado en el “golpe” de noviembre de 2019 contra Evo Morales.
Según el expresidente Carlos Mesa, se trata de una tramoya montada por el gobierno del MAS para cubrir el fraude electoral cometido por Morales hace más de tres años, fraude que obligó al parlamento dominado por ese partido a anular las elecciones.
El partido del gobierno, ahora muy dividido, sólo se muestra unido cuando sostiene que Morales fue derrocado por un “golpe”, mientras el resto del país está convencido de que el cocalero renunció y escapó en 2019.
Ahora, el procurador general del Estado ordenó al fiscal Omar Mejillones convocar a los obispos Ricardo Centellas, Aurelio Pesoa y Giovanni Arana, y acusarlos de haber participado en el “golpe” de 2019, la primera acción de un gobierno contra la Iglesia católica desde que volvió la democracia, hace cuarenta años.
La orden del procurador al fiscal Mejillones dice: “Señor fiscal, con la finalidad de obtener mayores elementos de convicción, al amparo del Art. 306 de la Ley 1970, reiteramos las siguientes diligencias investigativas. Al amparo del artículo 193 del Código de Procedimiento Penal, ofrecemos la declaración testifical de las siguientes personas”. Menciona diez nombres, entre ellos los de los tres obispos citados.
La Iglesia católica respondió este fin de semana: cuestionó que la administración de justicia en el país “no sea igual para todos” y lo hizo en el contexto del mensaje semanal pronunciado por sacerdotes y obispos. A través del arzobispo de Paz, Percy Galván, aseguró que el clero católico asistirá a la convocatoria de fiscales y de otras instancias para informar el alcance de su actuación en el contexto de la crisis política de 2019.
“Como Conferencia Episcopal, y como Iglesia, hemos fijado la postura de estar siempre a disposición para aclarar cualquier duda sobre este tema, el de nuestra participación como obispos y en la participación de la Iglesia en aquellos momentos tan difíciles y críticos que le tocó vivir a nuestro país”, dijo el vocero episcopal.
Por su parte, Carlos Mesa comparó este hecho con los abusos que la dictadura de Nicaragua comete también contra la Iglesia católica, especialmente el obispo Rolando Álvarez: “En su afán de ocultar el fraude monumental de 2019 evidenciado por la OEA, la UE y observadores internacionales; y emulando al dictador Ortega, el MAS ahora busca perseguir a Obispos que defienden la democracia y los DDHH. La persecución política en su más cruda ejecución.”
El fiscal dijo que los obispos gozan de un fuero especial en Bolivia, lo que podría darles la posibilidad de informar por escrito, mediante un memorial, sobre el tema que interesa al gobierno: si en aquella época recibieron dinero de Luis Fernando Camacho, ahora gobernador de Santa Cruz, preso desde el 28 de diciembre pasado, acusado de haber participado en el “golpe” contra Morales.
Pero en la lista remitida por el procurador figuran seis sacerdotes que no tienen fuero especial y que podrían ser enviados a la cárcel por los jueces del gobierno.
Los obispos, además del embajador de la Unión Europea y otros diplomáticos, participaron, a principios de noviembre de 2019, en reuniones dirigidas a evitar que la gigantesca pero pacífica protesta popular contra el fraude llegue a quebrar la democracia.
Fue cuando el comandante de las Fuerzas Armadas, general William Kalimán, sugirió en público a Morales que renuncie a la presidencia porque las protestas habían provocado que la policía se acuartele, mientras el ejército se negaba a reprimir a los ciudadanos.
El 11 de noviembre Morales renunció al cargo por escrito y en un mensaje por radio y televisión y partió a México en un avión militar enviado por el presidente de ese país, Manuel López.
Ante esa renuncia, a la que se sumó la del vicepresidente Álvaro García Linera y de todos los masistas que estaban en la escalera de la sucesión constitucional, fue convocada por el parlamento la vicepresidente del senado, Jeanine Áñez, quien estaba en ese momento en San Joaquín, su pueblo de la región amazónica, para asumir la presidencia.
Ella está presa desde hace 700 días, sin sentencia, acusada de haber participado en el “golpe”, y la justicia del gobierno se propone ahora detener a su hija, Carolina Ribera, acusándola de haber hecho negocios durante el gobierno de su madre.
Igual que Áñez, están presas otras 119 personas, que la oposición llama “presos políticos”, incluidos generales del ejército y de la Fuerza Aérea, más de 20 oficiales del ejército, todos acusados de haber participado en el supuesto “golpe”, que no se pareció a ninguno de los 182 golpes de veras que se dieron en Bolivia en el siglo XX.
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