Quién es Rolando Álvarez, el obispo que se negó a ser desterrado de Nicaragua

Monseñor Rolando Álvarez es obispo de la Diócesis de Matagalpa y una de las voces más críticas de la jerarquía católica de Nicaragua. Sus sermones frecuentemente fustigaban la violación a los derechos humanos, la persecución religiosa y los abusos de poder.

Este viernes el régimen de Daniel Ortega lo condenó a 26 años de prisión por traición a la patria, un día después de que se negara a ser desterrado a Estados Unidos. Además, un tribunal sandinista lo despojó de la nacionalidad nicaragüense, la misma medida a la que fueron sometidos los 222 presos políticos que fueron liberados en Managua y enviados a Estados Unidos.

Tanto Daniel Ortega como Rosario Murillo acusan a la Iglesia Católica de Nicaragua de apoyar la rebelión ciudadana que comenzó en abril de 2018, la que califican de “intento de golpe de Estado”, y mantienen un asedio constante contra algunos sacerdotes y obispos. Álvarez es uno de los rostros más visibles. Y perseguidos.

En agosto pasado, el régimen de Ortega ordenó el cierre de emisoras católicas de la diócesis de Matagalpa, y fuerzas de la Policía asaltaron la capilla Niño Jesús de Praga, de la ciudad de Sébaco, con la intención de incautar el equipo de la radio católica que ahí funcionaba.

El párroco de Sébaco, sacerdote Uriel Vallejos, se vio obligado a refugiarse en la casa cural, donde permaneció sitiado. Otro contingente de policías cercó la vivienda de monseñor Álvarez en Matagalpa.

Según un recuento de la investigadora nicaragüense, la abogada Martha Patricia Molina, la Iglesia Católica de Nicaragua ha sufrido más de 250 agresiones de parte del régimen de Daniel Ortega y sus simpatizantes, entre las que cuentan golpizas a sacerdotes, profanaciones a templos, ataques armados, quemas y asedio, entre otras.

En mayo del año pasado, Álvarez denunció en un video la “persecución” que sufría de parte del régimen sandinista y anunció un ayuno indefinido “a agua y suero” hasta que cesara el acoso.

Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, de 55 años, nació en Managua en un hogar cristiano, donde el padre era obrero y la madre vendía atol. Desde niño mostró vocación por el sacerdocio y sus hermanos lo recuerdan agrupando a la familia en casa para celebrar misa como “el padre Miguel”, según un relato de la hermana mayor, Vilma Álvarez, a la revista Magazine, del diario La Prensa.

Durante los años 80, se negó a prestar el servicio militar obligatorio que exigía la revolución sandinista a los jóvenes. “Como dos o tres veces se lo llevaron preso. Y las veces que se lo llevaban llegaban a catear la casa. Nos dejaban todo alborotado. Era mucho dolor y sufrimiento ver lo que hacían... Él nunca se involucró en la política, solo en la religión”, relató su hermana.

Para ponerse a salvo huyó a Guatemala, donde vivió como refugiado. “Creo que nosotros pertenecimos a una generación de jóvenes que nos tocó conquistar a precio de persecución y dolor nuestra libertad”, relató a la revista de La Prensa. En Guatemala toma la decisión de ingresar al seminario católico.

A los 20 años, con una novia que pensaba podría ser su esposa, enfrentó el dilema de su vida. Un año le llevó resolver “si Dios lo estaba llamando a la Iglesia para casarse o para casar a los demás”. En diciembre de 1994 fue ordenado sacerdote en la Catedral de Managua. Tenía 28 años. “Era un sueño, una ilusión a la que finalmente el Señor me había llevado”, dijo. El 2 de abril de 2011 asumió la jefatura de la Diócesis de Matagalpa.

A monseñor Álvarez se le ha visto visitando comunidades remotas a lomo de caballo, cocinando, lampaceando pisos o bailando en alguna actividad religiosa.

En mayo de 2018, Álvarez integró el equipo del Conferencia Episcopal que sirvió de testigo y mediador en el primer Diálogo Nacional entre el régimen de Daniel Ortega y la oposición. En ese momento, Nicaragua vivía días de una rebelión cívica que prácticamente habían paralizado el país con más de cien barricadas (tranques) en calles y carreteras y constantes marchas multitudinarias de protestas que llegaron a exigir la renuncia de Ortega.

“El diálogo nacional tiene un solo fin: el cambio. El cambio es inevitable, no hay otro camino, no hay otra finalidad. El cambio viene y con él la democratización de la República de Nicaragua”, precisó el obispo poco antes de que las partes se sentaran en la mesa de negociación.

Ortega utilizó el diálogo para tomar un segundo aire, y organizar una sangrienta represión con armas de guerras y efectivos militares y paramilitares para desmontar las protestas. 355 muertos calcula la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se produjeron en esas jornadas violentas.

En marzo del siguiente año se realizó el segundo diálogo nacional, pero esta vez el régimen de Ortega vetó la posición de testigo y mediador del obispo Álvarez. La Iglesia Católica estuvo representada en esa ocasión solo por el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, y el Nuncio Apostólico Stanislaw Sommertag.

“Cómo se atreve este mal llamado sacerdote (monseñor Álvarez) a explicar lo que debe ser un diálogo entre nicaragüenses si él, violentando los consejos del propio Jesús El Cristo de amaos los unos a los otros, más bien envió a las hordas antidiálogo a masacrar al pueblo en las rotondas con sus temibles barricadas y sus temibles turbas enmascaradas”, descalificó en septiembre de 2018, el oficialista periódico 19 Digital.

El segundo diálogo también fracasó y el régimen mantiene desde entonces la campaña de acoso y persecución contra los obispos y sacerdotes que considera que apoyaron la rebelión ciudadana de 2018.

El último capítulo de esta historia de persecusiones comenzó el jueves pasado, cuando Álvarez fue trasladado de su residencia, donde guardaba prisión domiciliaria desde agosto pasado, al Sistema Penitenciario Nacional, conocido como la cárcel Modelo de Nicaragua.

Así lo informó el dictador Ortega durante una cadena nacional de radio y televisión, en la que afirmó que el obispo Álvarez estaba incluido en la lista de prisioneros nicaragüenses que fueron expulsados este jueves hacia Estados Unidos, pero que él se negó.

Según Ortega, el jerarca fue trasladado por agentes policiales de su casa de habitación, en Managua, hacia la Fuerza Aérea, en donde aterrizó un avión privado de EEUU, para llevarse a 224 “de los que llaman presos políticos”.

El sandinista dijo que el obispo estaba haciendo fila, pero antes de subir las gradas del avión, comenzó a decir que no se subiría, porque “primero tendría que hablar con los obispos”.

“Exige hablar con los obispos, una reunión con los obispos”, criticó Ortega, quien remarcó que la decisión de expulsar a los prisioneros “es una decisión del Estado nicaragüense”, que no se puede “cuestionar”.

“No sé qué piensa este señor (Álvarez), que frente a una decisión del Estado nicaragüense, él dice que no acata, una resolución de un poder del Estado que lo está mandando a irse de país”, reprochó.

Y este viernes, un día después de que el religioso se negara a ser desterrado a Estados Unidos, la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua lo condenó a 26 años de prisión por traición a la patria y lo despojó de la nacionalidad nicaragüense.

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