La pesadilla legal y económica que compromete el gobierno de Luis Arce en Bolivia

El presidente Luis Arce está aplicando medidas desesperadas para sobrellevar la crisis económica, pero se aproxima una tormenta que pone en duda la legalidad de su cargo.

Por falta de dólares en el Banco Central ha metido la mano en el delicado mecanismo de la paridad monetaria con el dólar y está reduciendo la provisión de gasolina al mercado, pero un error de su propio partido amenaza convertirlo en presidente inconstitucional.

Los industriales denuncian que ya no reciben el gas natural que necesitan porque el gobierno lo necesita para exportar, aunque Argentina ha cortado la vigencia del contrato de compra-venta y Brasil se propone hacer lo mismo.

El problema legal es consecuencia del propósito del senador Luis Adolfo Flores, junto a abogados y jueces del gobierno, de someter a juicio ordinario a la ex presidente Jeanine Áñez en lugar de abrir contra ella un juicio de responsabilidades.

Esos operadores tuvieron la idea de definir como gobierno inconstitucional al que presidió la señora Áñez entre noviembre de 2019, cuando renunció y huyó Evo Morales, y noviembre de 2020, cuando asumió Arce.

El problema es que Arce fue elegido en unas elecciones que fueron convocadas por la presidente Áñez, cuyas decisiones, todas ellas, serían declaradas ahora inconstitucionales, incluida la convocatoria a las elecciones de octubre de 2020.

Eso supondría también que todos los miembros del parlamento actual resultarían siendo inconstitucionales y, en suma, se haría necesario llamar a nuevas elecciones, según dicen expertos constitucionalistas.

Si en ese caso tuviera que asumir la presidencia el cocalero Morales sería decidido en las instancias que correspondan, salvo que todo el embrollo fuera archivado y los parlamentarios masistas aceptaran que a la señora Áñez le corresponde un juicio de responsabilidades en vista de que su gestión fue constitucional.

Esa solución no sería indolora para el MAS. Ese partido tendría que aceptar que en 2019 no se produjo un golpe contra Morales, sino que él renunció y se fue del país muy a prisa, como lo recuerdan todos los bolivianos.

Lo doloroso para el MAS y sobre todo para el cocalero y sus jueces sería que deban ordenar la libertad de todos los presos políticos, 192 en total, incluido el gobernador de Santa Cruz, generales y coroneles de las Fuerzas Armadas y decenas de policías, acusados de haber protagonizado un “golpe”.

Pero por el momento, el MAS mantiene el propósito de declarar inconstitucional el gobierno de Jeanine Áñez, lo que afectaría también a Arce.

Si fuera persona normal y no un político, Arce tendría que ver su eventual destitución del cargo como una tabla de salvación, dada la atroz crisis económica que se ha desatado, pero es poco probable que acepte alejarse del cargo.

Por el momento, Arce toma medidas desesperadas sin admitir, por supuesto, que los problemas económicos son la herencia de la muy mala gestión que tuvo como ministro de economía de Evo Morales entre 2006 y 2017.

En ese periodo fueron ahuyentadas las inversiones petroleras, lo que se refleja ahora en la necesidad de importar gasolina y diésel para el consumo interno, además de que en pocos años Bolivia deberá importar también gas natural.

La estatal YPFB ha reducido los volúmenes de gasolina para Santa Cruz y, a cambio, ofrece una mezcla con Etanol, que cuesta 4,70 bolivianos el litro y no 3,65 que costaba la gasolina pura.

Los camioneros informaron que YPFB solía contratar 4.000 camiones cisterna para trasladar la gasolina en Santa Cruz pero que ahora sólo contrata 500.

Ofrece a los exportadores una tasa mayor a la de los bancos privados por los dólares que tengan, el primer gesto para modificaciones del tipo de cambio, que desde 2013 se mantiene en 7,96 para la venta y 7,86 para la compra.

Ha autorizado al Banco Central a comprar oro, aunque en realidad le autoriza a vender el que queda en las reservas, porque los dólares que tiene suman solamente 611 millones de dólares, apenas suficiente para cubrir importaciones por 52 días.

Pero además acepta en silencio los abusos que sufren los oficiales del ejército y los aduaneros capturados por traficantes y contrabandistas en la frontera con Chile, donde debieron firmar documentos por los que se comprometen a no detener automotores introducidos de contrabando.

El semanario Siglo 21 dice que son indicios claros de que Bolivia ya es un “Estado fallido”.

Narcotraficantes emboscaron la semana pasada a una patrulla de la policía en Chapare, muy cerca de la casa de Evo Morales, y encontraron 2567 kilos de cocaína, pero no pudieron capturar a los agresores.

Hay otros indicios de ello. Avasalladores de tierras privadas secuestran a policías y ciudadanos para luego exigir, a cambio, la liberación de sus presos detenidos por la policía.

Las cooperativas mineras se propongan frenar la ley sobre la compra del oro porque, según dicen, ellas no aprobaron la iniciativa. Es decir que los chinos de la minería ilegal tienen capacidad de frenar una ley en el parlamento.

Por el momento, Arce y Morales están en campaña electoral, por separado, pensando en los comicios de 2025.

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