El testamento de Lucía Hiriart, la viuda del dictador Augusto Pinochet, fue abierto este miércoles. La acción derivó de una demanda que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) había presentado contra los herederos testamentarios del ex mandatario por “porvecho del dolo ajeno”.
La denuncia privada se suma al “conjunto de acciones ejercidas por el CDE con el propósito de recuperar los recursos malversados por éste (Pinochet) y sus colaboradores”, según indicó el organismo en un comunicado.
Así, el Consejo busca que los herederos de Pinochet sean condenados a pagar al Fisco los cerca de 16 millones de dólares que -estiman- corresponde al dinero que el dictador obtuvo ilícitamente.
“Si bien no se acreditó que (sus herederos) hayan tenido participación en los ilícitos, serían destinatarios de un provecho económico que fue fruto de una conducta delictual plenamente demostrada”, continúa el escrito del CDE en el que se justifica la acción de este miércoles realizada en el Décimo Sexto Juzgado Civil de Santiago de Chile.
Hiriart tuvo un rol clave en la vida de Pinochet ya que fue quien ejerció la mayor influencia sobre él para que participara del alzamiento golpista que derrocó al gobierno de Salvador Allende en 1973, a tan sólo tres años de haber asumido. Asimismo, tras la recuperación de la democracia, fue señalada en múltiples oportunidades por la fortuna que su familia había logrado acumular en sus años de poder absoluto.
Por su parte, en 2018, la Corte Suprema había dado por cerrado el caso Riggs, la causa por la cual se investigaba al dictador y otras personas de malversación de fondos públicos por medio de cuentas bancarias secretas en el Riggs Bank de Estados Unidos. Aquel año, la Justicia definió que tres de los colaboradores del general sean condenados como autores del delito y, gracias a ello, fue posible emprender una serie de acciones legales para recuperar el dinero defraudado.
La investigación expuso que Pinochet efectivamente mantenía múltiples cuentas bajo distintas identidades en las que guardaba cerca de 21 millones de dólares.
“La sentencia decretó el comiso de los bienes que estaban a nombre del ex general o de alguna de sus sociedades, la mayoría offshore y con acciones al portador”, señaló el Consejo en aquel entonces.
Sin embargo, a pesar de haberse acreditado el monto total del perjuicio -de casi USD 18 millones-, la Corte Suprema consideró que la pena accesoria de comiso sólo podía recaer en aquella parte de los bienes que tuvieran relación con la intervención de los condenados. Es por ello que, el de este miércoles, fue un recurso clave en la recuperación del dinero.
Desde el Tribunal agregaron que es imposible desconocer que “existía evidencia probatoria más que suficiente” de que Pinochet “incurrió en conductas que importaron sustracción de caudales públicos” y, por ello, “era posible y razonable colegir” que los bienes podían bien ser considerados “los efectos o producto de la perpetración de sus conductas delictuales cometidas en perjuicio del erario nacional”.
Anteriormente, en 2014, la Justicia había dictado sentencia en primera instancia en contra de seis colaboradores del dictador por la malversación de 6.4 millones de dólares pero, en 2017, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó el fallo apelando a la prescripción de los hechos para concluir, finalmente, con la sentencia de 2018.
(Con información de EFE)
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