La justicia de Daniel Ortega le está quitando los derechos ciudadanos a los presos políticos: “Busca su muerte civil”

Al menos 15 personas han sido condenadas en los últimos días por jueces del régimen de Daniel Ortega a “pérdida” o “inhabilitación perpetua de sus derechos ciudadanos”, unas figuras que no existe en el Código Penal de Nicaragua, y que buscan provocar la “muerte civil” de los opositores, consideran los expertos.

En algunos casos la pena se incorporó incluso después de la sentencia, mediantes reformas que han hecho los jueces a solicitud de la Fiscalía.

Este lunes, después de cuatro días de juicio a puerta cerrada, la jueza Segundo de Distrito Penal de Juicio, Nadia Tardencilla, condenó a cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo por los delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, conocido también como “traición a la patria” y “propagación de noticias falsas”.

Los siete religiosos condenados forman parte del equipo que trabajaba con monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, y quien también enfrenta un proceso judicial aparte por los mismos delitos, sin que hasta ahora se haya emitido sentencia.

Los religiosos condenados son los sacerdotes Ramiro Tijerino Chávez, rector general de la Universidad Juan Pablo II; José Luis Díaz Cruz, vicario de la Catedral de Matagalpa, Sadiel Antonio Eugarrios Cano, anterior vicario de esa catedral; Raúl Antonio Vega; los seminaristas Darvin Leiva Mendoza y Melkin Centeno; y el camarógrafo Sergio Cadena Flores.

“El régimen Ortega-Murillo arremete sin piedad contra el clero en Nicaragua, el día de hoy condenó a 10 años de prisión a 4 sacerdotes, 2 seminaristas y al camarógrafo que junto con monseñor Rolando Álvarez estuvieron secuestrados en la curia episcopal de Matagalpa”, denunció ese mismo día en Twitter el Centro Nicaragüense de derechos Humanos (CENIDH).

Además de los 10 años de prisión, la jueza Tardencilla impuso penas de 800 días, multas e inhabilitación perpetua de sus derechos ciudadanos, una figura que ha comenzado a usar el régimen de Daniel Ortega contra los presos políticos. “Una nueva aberración jurídica fue que también les inhabilitó de por vida el ejercicio de cargos públicos y de elección popular”, señala el CENIDH.

Poco antes, el 26 de enero, el sacerdote Óscar Benavidez, párroco de Mulukukú, fue condenado por la jueza Nancy Aguirre Gudiel, del Juzgado Décimo de Distrito Penal de Juicio de Managua, a 10 años de prisión, el pago de 49.917 (unos 1400 dólares) por los mismos delitos, “traición a la patria” y “propagación de noticias falsas” y, a petición del fiscal, se incluyó en la pena “la pérdida de sus derechos ciudadanos”.

En otro caso, el juez José Ramón Guillén Marín, del Juzgado Distrito Penal de Juicio de San Carlos, Río San Juan, reformó la sentencia contra el campesino Fredys Antonio Laguna Serrano para agregarle el nuevo castigo. “Se declara al condenado `traidor a la patria´ por lo que se le condena también a la pena de `pérdida perpetua de sus derechos ciudadanos`”, señala la sentencia, según copia en poder de la plataforma Despacho 505.

Sentencias firmes han sido reformadas para incluir la inhabilitación perpetua de derechos civiles. Tal es el caso, por ejemplo, del opositor Víctor Hugo Tinoco, condenado a 13 años de prisión el 21 de febrero de 2022 y a quien el pasado 3 de febrero se le agregó la nueva pena inhabilitante.

“¡Es una barbaridad!, señala Vilma Núñez, defensora de derechos humanos, consultada por Infobae vía telefónica. “Sentencias condenatorias que ya están casadas por la Corte Suprema de Justicia de forma definitiva y le hacen eso. Eso no se había visto. A mí me llaman del extranjero para preguntarme si esto de verdad está ocurriendo en Nicaragua porque es una aberración jurídica”.

La suspensión de por vida de los derechos ciudadanos de una persona representa su “muerte civil” y es una nueva estrategia política del régimen de Daniel Ortega contra los opositores. La figura jurídica utilizada por los jueces y fiscales para incorporarla no existe en la legislación nicaragüense, señalaron varios expertos.

El Código Penal nicaragüense contempla la figura de “inhabilitación absoluta” para el mismo periodo de la pena impuesta. En el caso del delito llamado “menoscabo la integridad nacional” o “traición a la patria” la legislación penal de Nicaragua establece penas de hasta de 15 años de prisión.

“El mensaje que quiere dar el régimen es aquí no nos atenemos a las leyes, hago lo que quiero en el momento que quiero. Es una muestra más de autoritarismo”, afirma Vilma Núñez.

Para un especialista nicaragüense que pidió no se le mencionara por temor a represalias, el régimen de Daniel Ortega está utilizando lo que en teoría se conoce como “Derecho Penal del enemigo” que se refiere a un sistema que trata a determinados individuos o grupos como “enemigos” y los somete a un tratamiento penal más severo y menos justo que al resto de la población.

“Los que está haciendo (Nayib) Bukele con las pandillas (en El Salvador) lo está haciendo Ortega con los opositores”, añade. “Se trata de quitarle la naturaleza humana, la dignidad humana a través de la suspensión de sus derechos, para que existan, pero no como personas porque no tiene derechos”.

“El fondo de todo esto es aniquilar políticamente cualquier posibilidad de que salga de las cárceles un liderazgo opositor. Los pueden liberar pero serán un cuerpo andando, un ser sin derechos. Habilitarlos otra vez a ellos solo será posible cuando Nicaragua entre en una transición democrática porque con Ortega ellos estarán inhabilitados de por vida”.

El uso de figuras inconstitucionales e inexistentes en la legislación nicaragüense es una más de las irregularidades denunciadas por especialistas en derecho, en los juicios contra opositores.

En Nicaragua existían hasta el 31 de enero, 245 presos políticos, según la última actualización del Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas, divulgada este martes. En la mayoría de los casos el régimen les ha negado la posibilidad de que escojan a su propia defensa y ha impuesto “defensores públicos”.

En los pocos casos que se ha permitido tener una defensa propia, los abogados defensores se quejan de los obstáculos que encuentran para realizar su trabajo.

“En estos últimos juicios no hemos tenido acceso ni al escrito de acusación, que es elemental, ni a las pruebas, nunca hemos tenido acceso a la sentencias. La sentencia completa se debe notificar a la defensa, no solamente ´el por tanto´”, explica un abogado defensor que pide anonimato. “Con la sentencia yo puedo apelar, puedo pedir una rectificación o una revisión. Pero, ¿cómo voy a apelar si no tengo la sentencia?”.

Según el abogado, lo único que llega a las defensas son las “Cédulas Judiciales”. “Los jueces están obligados a ´motivar´ una resolución, eso es argumentar por qué deciden una u otra cosa. La motivación es la base para la resolución, de modo que si la motivación no existe es ilegal la resolución. Pero, como las sentencias no nos llegan, no las estamos leyendo, no podemos conocer los argumentos del juez para dictar tal resolución”, dice.

Para el experto consultado, jueces, fiscales y defensores públicos, están cometiendo delitos al llevar procesos contra los presos políticos “por orden y voluntad del dictador”. Agrega que “los jueces están prevaricando. Esas sentencias no tienen ninguna validez legal, pero sí ponen en evidencia la barbaridad del régimen que ha anulado al poder judicial para convertirlo en una simple secretaria judicial”.

“El poder judicial se está usando como una máquina trituradora de derechos. Una máquina de comisión de delitos contra el sistema de justicia. Los delincuentes son los fiscales, son los defensores públicos y los jueces”, concluye.

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