En la Amazonía brasileña funcionan cerca de 3.000 pistas privadas de aterrizaje, de las cuales más de la mitad son clandestinas y buena parte de estas últimas fue construida en áreas protegidas, donde las actividades mineras son prohibidas por ley, según un estudio divulgado este lunes.
De las 2.986 pistas de aterrizaje privadas que se levantan en la más extensa selva tropical del planeta, el 58% no aparece en los registros oficiales y un 28% (804 pistas) está localizado en reservas indígenas y ambientales.
En total, 320 pistas ilegales (11%) están en Territorios Indígenas y 498 (17%) en Unidades de Conservación Ambiental, según el estudio de la red Mapbiomas, organización que agrupa ONG, universidades y empresas de tecnología para analizar el uso del suelo y que examinó imágenes por satélite de la actividad minera en la Amazonía.
La mayor parte de las pistas clandestinas está en el Territorio Indígena Yanomami (75), seguido de las reservas Raposa Serra do Sol (58), Kayapó (26), Munduruku (21) y el Parque de Xingu (21).
Según los expertos de Mapbiomas, los problemas logísticos que tiene la minería ilegal especialmente en las reservas indígenas y ambientales, donde escasean rutas terrestres y fluviales, hace que se requiera del acceso aéreo para el desarrollo de la actividad.
“Ya sea por helicópteros o avionetas, por pistas ilegales o pistas legales cooptadas por la delincuencia, gran parte de la producción minera amazónica se transporta por vía aérea”, explica César Diniz, coordinador técnico de mapeo minero de MapBiomas, citado en el informe.
El drama de los Yanomamis
La cantidad de mineros ilegales que ha llegado en los últimos años a las áreas de protección ha dejado violencia y daños irreparables en la selva y en sus comunidades.
Una de las más afectadas ha sido la yanomami donde cerca de 15.000 mineros ilegales son acusados de causar la grave crisis sanitaria que se vive en la reserva.
En ese territorio indígena, que ocupa unos 10 millones de hectáreas y donde habitan entre 27.000 y 30.000 indígenas de esta etnia, se han registrado numerosos casos de desnutrición y enfermedades trasmitidas por los mineros o producidas por materiales tóxicos, como el mercurio, que son utilizados para la extracción de oro.
Debido a la crisis que allí se vive, el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva ordenó la retirada de los mineros ilegales de la región, la cual está siendo monitoreada por los cuerpos de la Policía Federal y de Carreteras y agentes de la Fuerza Nacional, con el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas.
Las acciones fueron constatadas este lunes por un equipo de la agencia de noticias EFE en una de las principales vías del fronterizo estado de Roraima, donde uniformados armados realizaron retenes a los vehículos que se movilizaban desde municipios vecinos, varios de ellos ocupados por mineros ilegales que estaban abandonando la región.
La minería ilegal aumentó considerablemente durante el mandato del ex presidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), quien promovió las actividades económicas en la selva amazónica.
Según datos de Mapbiomas, en 2021 el bioma amazónico concentraba más del 91% de la minería brasileña y en los últimos 10 años la expansión del área minera en reservas indígenas fue de 625%, saltando de poco más de 3.000 hectáreas en 2011 a 60.000 hectáreas en 2021.
La mayor expansión de la minería en reservas indígenas se produjo precisamente entre 2019 y 2021, cuando la actividad extractiva aumentó un 53,8% en las tierras de los pueblos originarios.
(Con información de EFE)
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