Después del mensaje a la nación que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, pronunció la noche del lunes, cuando pidió a los líderes políticos unirse en un gran acuerdo nacional, el ex presidente Rafael Correa, asilado en Bélgica y prófugo de la justicia nacional, indicó que esa convocatoria solo funcionará si el mandatario llama a elecciones anticipadas. Durante la mañana del 7 de febrero, legisladores de distintas tendencias se han pronunciado a favor de que Lasso concluya su mandato y adelante los comicios presidenciales programados para el 2025.
En Ecuador, la facultad constitucional de anticipar elecciones mediante la disolución anticipada de los poderes representativos se conoce popularmente como “muerte cruzada”. Este mecanismo puede ser activado mediante decreto por el presidente de la República o con votación en el Congreso . En junio de 2022, en medio de las protestas en contra del gobierno, los legisladores intentaron aplicar la disolución anticipada, pero no consiguieron los votos. Esta facultad puede ser ejercida solamente por una vez y durante en los tres primeros años de cuatro que dura el mandato y que ejercen simultáneamente el Ejecutivo como el Legislativo.
La muerte cruzada se detalla en el artículo 148 de la Constitución del Ecuador y permite al presidente de la República disolver la Asamblea Nacional por tres causales: “Cuando a su juicio, la Asamblea se hubiera arrogado funciones que no le competen constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo; o por grave crisis política”.
Al optar por la muerte cruzada se interrumpe el periodo de funciones de los legisladores y del jefe del Estado, y se convoca a elecciones generales para la reposición de estos cargos en acefalía. Si el presidente Guillermo Lasso decreta la muerte cruzada, el congreso ecuatoriano se disolverá y el mandatario convocará a nuevas elecciones en un plazo de seis meses, mientras tanto gobernará bajo decretos ley.
En la sede del congreso en Quito, el presidente de la comisión de fiscalización, Fernando Villavicencio, que ha investigado la corrupción durante el correísmo, declaró que los comicios del domingo sucedieron en “una democracia corrompida”, en la que hubo dos candidatos asesinados y en la que varios de los ganadores aparecen en “los informes presentados en la Fiscalía por tener vínculos con el narcotráfico”.
“La derrota de la Consulta Popular es de responsabilidad exclusiva del gobierno”, sentenció Villavicencio, que agregó que el voto por el No en el referéndum es un voto de rechazo para la administración de Lasso. Para el legislador, “no hay capital político que sostenga al presidente Lasso”, por lo que el mandatario debería “convocar la muerte cruzada, disolver la Asamblea y adelantar elecciones”.
Además, Villavicencio aseguró que Lasso pactó con el correísmo y ha permitido que en los dos últimos años el partido afín a Rafael Correa “coadministre las empresas públicas”.
El diputado Ferdinan Álvarez, de la bancada correista Unión por la Esperanza (UNES), también indicó que la única opción que tiene el gobierno, “en un correcto acto democrático”, es activar la muerte cruzada. No es la primera vez que los legisladores de Rafael Correa piden que Lasso anticipe elecciones. Esta exigencia ha estado presente desde el inicio de mandato del gobierno.
Por su parte, el líder de la bancada oficialista, Juan Fernando Flores, aseguró que el gobierno no contempla la muerte cruzada como alternativa luego de la derrota del referéndum. Para Flores, este es un momento para buscar que las fuerzas políticas del país lleguen a consensos: “quienes hablan de muerte cruzada se quedarán con las ganas”, dijo.
Los datos oficiales sobre el referéndum en Ecuador, con corte al 7 de febrero a las 11:20, demuestran que el No ganó en todas las preguntas con una diferencia de hasta 10 puntos en comparación con el Sí. Hasta el momento, el escrutinio avanza en un 97 %.
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