Nayib Bukele designó como diplomáticos salvadoreños a policías vinculados al narcotráfico

El comisionado Héctor Raymundo Mendoza Cordero visitó una de las sedes de la policía de Los Ángeles, California, el 22 de noviembre de 2022. Lo hizo en su capacidad de agregado de la Policía Nacional Civil de El Salvador en la ciudad estadounidense, puesto en el que recién lo había nombrado el gobierno del presidente Nayib Bukele.

La cuenta de Facebook del consulado subió, ese día, una foto del comisionado Mendoza y el cónsul general Alejandro Letona reunidos con el jefe interino de la sección de detectives en la policía angelina. “Tener al comisionado aquí en Los Ángeles es beneficioso para nuestro condado, ya que una relación constructiva con él llevará a más cooperación entre nuestras agencias policiales y, en última instancia, justicia a las víctimas de crímenes violentos”, escribió el Departamento de Policía de Los Ángeles en su Facebook. Nada se escribió, en la comunicación pública tras aquella reunión, sobre el pasado del comisionado Mendoza Cordero y sobre las investigaciones internas de la policía y fiscalía salvadoreñas que lo ubicaron en el centro de una red de narcotraficantes.

Héctor Mendoza Cordero es uno de los oficiales de alto nivel de la PNC salvadoreña cuyo nombre apareció en varios informes internos de inteligencia y en expedientes de la Fiscalía General de la República, abiertos entre 2009 y 2015, por supuestos vínculos con el Cártel de Texis, una de las organizaciones de narcotráfico más influyentes del país en las últimas décadas.

El 24 de septiembre de 2010, la entonces inspectora general de la policía, la abogada Zaira Navas, entregó a sus jefes un informe en el que detallaba que había abierto investigaciones a 40 oficiales de alto rango, entre ellos 14 de las más altas jefaturas. Ahí figura el nombre de Mendoza.

Una de las razones por las que la inspectoría abrió aquellas investigaciones, de acuerdo con un memo oficial del que Infobae tiene copia, es la “relación de las jefaturas policiales con narcotraficantes y (la) participación de miembros policiales con esas estructuras delincuenciales”.

Durante años, Mendoza Cordero y decenas de oficiales señalados de trabajar con el crimen organizado que fueron investigados por la Inspectoría General y la fiscalía general (FGR) e incluso perfilados por la misma inteligencia policial, se libraron de persecuciones penales gracias a la intervención oportuna de jueces o políticos, ellos también señalados en su momento de connivencia con el crimen organizado.

A los oficiales investigados por la Inspectoría General los libró de casos penales un juez llamado Carlos Linares Ascencio, quien en 2011 fue nombrado inspector general en sustitución de Navas. Lo primero que hizo Linares al llegar al puesto fue archivar las investigaciones sobre la relación entre la cúpula policial de entonces y el narcotráfico. La amistad entre Linares y Mendoza Cordero, de acuerdo con los informes de inteligencia policial en poder de Infobae, viene de los años en que ambos estaban destacados en la región occidental del país, donde operaba el Cartel de Texis y otras organizaciones criminales, algunas vinculadas a las pandillas MS13 y Barrio 18.

A Linares Ascencio, el juez que blindó de investigación a Mendoza Cordero y otros oficiales, también le salpican otros señalamientos, pero él, como los policías, también está blindado. Linares es, en la actualidad, el segundo al mando en la FGR, y su jefe es Rodolfo Delgado, el fiscal general.

Una investigación reciente del periódico salvadoreño El Faro reveló que Delgado había sido abogado de un empresario llamado Jorge Manuel Vega Knight, acusado y procesado por utilizar moteles de su propiedad para lavar dinero de la pandilla MS13. En 2021, cuando Delgado lo representaba, Vega Knight fue absuelto de todos los cargos por quien entonces era el juez a cargo del caso, Carlos Linares Ascencio, a quien luego Delgado convirtió en su lugarteniente en la fiscalía general. Vega Knight también tuvo relación con Gustavo Villatoro, el actual ministro de seguridad de Bukele. Villatoro y Mendoza Cordero coincidieron en la Escuela Militar de El Salvador en los años 80.

Luego de haber escapado a la persecución penal tras ser investigado por sus vínculos con el narcotráfico, gracias a los buenos oficios de Linares Ascencio, el oficial Mendoza Cordero bajó perfil en la PNC. Reapareció cerca del poder político en 2019, luego de que Nayib Bukele ganó la presidencia del país. Fue asesor del despacho del ministro de seguridad y del director de la policía, Mauricio Arriaza Chicas. Al final, el gobierno de Bukele lo envió al consulado de Los Ángeles, donde como agregado policial goza de inmunidad.

Entre 2009 y 2010, la Inspectoría de la PNC abrió expedientes de investigación a varios oficiales de alto nivel, entre ellos Mendoza Cordero, por sospechas de que estaban involucrados en actividades de crimen organizado. Agentes del Centro de Inteligencia Policial fueron, entonces, encargados de recopilar información sobre los oficiales investigados; el expediente que hicieron sobre Mendoza Cordero, a parte del cual Infobae ha tenido acceso, es uno de los más gruesos.

Las primeras pesquisas relacionaban a Mendoza Cordero con un hombre llamado Leonel Sandoval Villeda, un prestamista en la occidental ciudad de Santa Ana, cerca de la frontera con Guatemala, que hizo su fortuna embargando propiedades a clientes a los que prestaba dinero con intereses de usura y se veían obligados a traspasarle sus inmuebles para evitar el impago. Los agentes de inteligencia de la PNC detectaron, en 2010, que era Mendoza Cordero, entonces jefe en el occidente del país, quien ayudaba a Sandoval Villeda a extorsionar a sus clientes.

Aquella investigación también descubrió que Leonel Sandoval Villeda traficaba armas para el Cártel de Texis, la organización que mueve por El Salvador cocaína proveniente de Honduras en ruta hacia Guatemala y México y que, la década pasada, montó una red de lavado de dinero en la banca salvadoreña. El jefe de la organización se llama José Adán Salazar Umaña, alias Chepe Diablo, procesado por lavado y en su momento sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Las investigaciones internas de la policía salvadoreña también ubicaron a Mendoza Cordero como un hombre cercano a Chepe Diablo.

El Cartel de Texis se formó a finales del siglo pasado, cuando contrabandistas y cambiadores de dólares asentados en Texistepeque y Metapán, dos ciudades en el noroccidente de El Salvador fronterizas con Guatemala, aprovecharon las rutas que habían abierto en años anteriores para mover cocaína por las montañas de la zona. A esa ruta que los contrabandistas abrieron se le conocía entonces como “El caminito”.

A diferencia de la banda de narcotraficantes Los Perrones, que había crecido en el oriente del país, Texis tuvo protección política desde el principio, y la mantuvo durante años. En lo más alto de la jerarquía estaban Chepe Diablo y Juan Umaña Samayoa, un hombre que fue alcalde de Metapán.

Desde principios de la década 2000, Texis creció y Chepe Diablo fue capaz de mover millones de dólares a través de la banca salvadoreña de acuerdo con investigaciones de la fiscalía y policía salvadoreñas, así como una del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que terminó en una designación del salvadoreño como objetivo de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC en inglés) en 2014. (Tres años después, el Tesoro removió al líder de Texis de la lista).

En el occidente salvadoreño, Texis creció en buena medida gracias a la complicidad de policías y jueces. El comisionado Mendoza Cordero, hoy agregado policial del gobierno de Nayib Bukele en el consulado de Los Ángeles, fue uno de los nexos principales entre el cartel y la PNC de acuerdo con decenas de folios de investigaciones oficiales abiertas en El Salvador.

Para 2008, la inteligencia de la policía salvadoreña tenía ya abiertas varias líneas de investigación que luego pasaría a la fiscalía. Sandoval Villeda, el amigo del comisionado Mendoza Corder, aparecía en varias de ellas. Aquel año, los policías empezaron a vigilar un restaurante llamado llamado Los Compadres en el centro de Santa Ana, la ciudad más importante del país.

Los agentes de inteligencia detectaron que el lugar era utilizado como centro de reuniones por los líderes del Cartel de Texis y que ahí solían llegar policías.

Uno de los visitantes asiduos era el empresario Sandoval Villeda. “Asiste al restaurante dos o tres veces por mes… se reúne para hablar de negocios o para ingerir licor… Es amigo del comisionado Ricardo Menesses Orellana”, dice un informe de inteligencia policial de la época del que Infobae tiene copia. Menesses fue director de la Policía Nacional Civil entre 2004 y 2006 y también fue investigado por la Inspectoría General por supuestos vínculos con narcotraficantes y pandilleros.

En el mismo informe, los agentes encargados de vigilar el restaurante Los Compadres escribieron que fue el comisionado Mendoza Cordero quien avisó a Sandoval Villeda, en 2008, de un operativo que la policía había montado para capturarlo.

No solo a Mendoza Cordero ha enviado el gobierno de Bukele al servicio exterior salvadoreño en Estados Unidos. Al consulado en Houston fue enviado como agregado policial el comisionado Alex Enrique Lemus Recinos, cuyo nombre también aparece en informes policiales relacionado con el Cartel de Texis.

Lemus Recinos fue compañero de promoción en las Fuerzas Armadas de El Salvador de Mauricio Arriaza Chicas, actual director de la Policía Nacional Civil. Ambos pasaron a la Policía Nacional Civil (PNC) cuando esta fue creada por los Acuerdos de Paz de 1992, que terminaron con la guerra civil entre frentes guerrilleros y el gobierno nacional. Ambos pasaron a formar parte de la élite de la nueva policía sin haberse dado de baja del ejército, como quedó pactado en esos acuerdos de paz. Lemus Recinos fue procesado por acoso sexual en 2016.

El gobierno Bukele también envió a la misión permanente ante las Naciones Unidas en Nueva York al comisionado José Osmín Bográn, señalado por omitir investigaciones contra miembros del Cartel de Texis. En la sede diplomática ante la ONU también estuvo destacado Ronald Arriaza, hijo del director Arriaza Chicas. Infobae contactó al Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador y a la vocería de la PNC para obtener comentarios pero no hubo respuestas.

La PNC de El salvador nació en 1992, como producto de los Acuerdos de Paz de aquel año y empezó a desplegarse en el territorio al año siguiente. La idea de los firmantes de la paz era que la nueva policía se distanciara de la historia de violaciones a los derechos humanos asociada a las policías adscritas a las fuerzas armadas, que fueron responsables de desapariciones, torturas y otros crímenes durante el conflicto interno.

Muy pronto, sin embargo, oficiales que saltaron a la nueva PNC sin darse de baja del ejército empezaron a coaligarse con las bandas de narcotráfico que se formaron al final de los 90 en El Salvador, el Cartel de Texis en el occidente y Los Perrones en el oriente. Los oficiales que fueron investigados en 2010, pero nunca presentados a un tribunal o expulsados de la policía, se han mantenido en puestos de dirección durante más de tres décadas. Algunos de ellos encontraron poder renovado cuando Nayib Bukele llegó a la presidencia del país.

Mauricio Arriaza Chicas, nombrado director de la policía por Bukele, fue el encargado de dirigir el perímetro de seguridad formado por agentes de la PNC y soldados el 9 de febrero de 2020, cuando el presidente se tomó por asalto la Asamblea Legislativa para exigir la aprobación de un préstamo, se sentó en la silla reservada al líder del congreso y dijo que había hablado con dios. Arriaza Chicas fue investigado a finales de la década de los 90 por alterar escenas del crimen y señalado a finales de la década pasada por tolerar ejecuciones extrajudiciales cuando estuvo a cargo de las fuerzas especiales de la policía.

En el puesto de subdirector, Bukele puso al comisionado Douglas Omar García Funes, a quien la Inspectoría General investigó por supuestos nexos con narcotraficantes, por levantar retenes policiales para permitir el paso de furgones cargados de droga, por negligencia en el almacenamiento de explosivos y quien fue señalado por la Procuraduría de Derechos Humanos de tolerar torturas. Algunos de los viejos oficiales que no llegaron a puestos de dirección viajaron a consulados en Estados Unidos.

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