El oro de joyería está matando a los yanomamis de Brasil

Es una rápida carrera contra el tiempo la del gobierno brasileño para salvar las vidas de cientos de indios yanomamis, entre ellos muchos niños, golpeados por la desnutrición, la disentería, la neumonía y el paludismo. Una emergencia sanitaria y humanitaria declarada por el propio presidente Luiz Inácio Lula da Silva tras su visita relámpago de la semana pasada al estado de Roraima, epicentro de la crisis. Entre las primeras medidas decididas figura la llegada de vuelos humanitarios de la Fuerza Aérea Brasileña, que trajeron alimentos y medicamentos de primeros auxilios. También se creó un hospital de campaña para atender a los más de 700 yanomamis que ahora necesitan cuidados urgentes. Los niños más graves están siendo atendidos en el hospital de Boa Vista, la capital de Roraima, que desde el 1 de enero acoge a una treintena de niños indígenas, 27 de los cuales son yanomamis que sufren por una desnutrición grave.

Según el Ministerio de los Pueblos Indígenas, que acaba de ser inaugurado por el nuevo gobierno, al menos 570 niños yanomamis han perdido la vida en los últimos cuatro años debido a esta emergencia sanitaria. Con una historia de mil años a sus espaldas, los yanomamis son entre los habitantes más antiguos y aislados de la selva amazónica, divididos en más de 600 aldeas indígenas entre Brasil y Venezuela. En los últimos 15 años sus condiciones se han ido deteriorando y bajo el gobierno de Bolsonaro han sufrido una drástica reducción de las inter

venciones sociales y un aumento de la minería ilegal, también conocida como “garimpo”, en sus tierras.

De ahí las duras acusaciones del nuevo gobierno contra la anterior administración Bolsonaro. Tanto Lula como su ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, han acusado al ex presidente de “genocidio”, un asunto sobre el que la Policía Federal acaba de abrir una investigación a petición del ministro de Justicia, Flavio Dino, para averiguar posibles omisiones. En Brasil existe desde 1956 una ley sancionada por el entonces presidente Juscelino Kubitschek que tipifica el delito de genocidio con una pena máxima de 30 años, ya que el país no contempla la cadena perpetua en su código penal. El Supremo Tribunal Federal (STF), según filtraciones de la prensa brasileña, también pretende investigar en los próximos días la posible responsabilidad del gobierno de Bolsonaro en el envío de datos falsos sobre las comunidades yanomamis.

Además de reducir drásticamente órganos esenciales para las comunidades indígenas como el Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), Bolsonaro en sus cuatro años de gobierno ha colocado al frente de la Secretaría de Salud Indígena a militares sin ninguna experiencia en el tema, el último en orden cronológico el coronel Reginaldo Machado. Machado viajó a Roraima en diciembre, para reunirse con la Coordinación del Distrito Especial de la Salud Indígena Yanomami y “proponer acciones para resolver los problemas sanitarios de la comunidad”. Además, según un informe de la FUNAI (la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas) publicado en las últimas horas por la prensa brasileña, los exponentes del sector minero ilegal habrían sobornado regularmente a los militares de Roraima en los últimos años para poder operar sin controles.

La causa de la tragedia de los yanomamis y otros pueblos indígenas de la Amazonia no es solo su aislamiento, como destacó el gobierno de Bolsonaro durante todo su mandato, sino la devastación del medio ambiente por la minería ilegal. Solo en 2021 la superficie destruida de las reservas yanomamis por los cerca de 20.000 buscadores de oro y materiales preciosos que la ocupan aumentó un 46%. A pesar de que la extracción de oro en las reservas indígenas está prohibida en Brasil, los grupos criminales aprovechan la ausencia de controles para invadir tierras y ríos con un impacto devastador para la población, empezando por la contaminación del mercurio utilizado profusamente por los buscadores de oro y dejado en los ríos sin ninguna compensación ecológica.

Se trata de un mercado gigantesco que afecta a toda la región amazónica, no solo en Brasil, que en 2021 movió 52,8 toneladas de oro en el país del samba con “serias sospechas de ilegalidad” (un 25% más que en 2020) según datos del Instituto Escolha. Quien controla este mercado criminal es por un lado la delincuencia organizada, incluidos grupos como el Primer Comando Capital (PCC), que diversifica así su cartera delictiva y sus posibilidades de blanqueo. Por otro lado, a un nivel superior, existen bancos, fondos de inversión, cooperativas de crédito, incluso extranjeras, que financian la explotación minera en Brasil, un capital imprescindible para adquirir las maquinarias adecuadas y las aeronaves para el transporte. Las zonas donde opera la minería ilegal son accesibles en un 98% sólo por vía aérea, y esto explica por qué los extractores ilegales o “garimpeiros” se han apoderado de decenas de pistas para este uso ilegal.

El vicepresidente de la Asociación Hutukara Yanomami (HAY), Dário Kopenawa Yanomami, declaró a la prensa brasileña que “los garimpeiros, cuando vienen a nuestras tierras, dan comida, bebidas alcohólicas y drogas a nuestra gente” para controlarla. El portavoz indígena también denunció los numerosos abusos sexuales a mujeres y niños por parte de los buscadores de oro. “No es el hambre lo que nos está matando -dijo- sino la ausencia de atención médica, la contaminación de nuestras aguas y la falta de responsabilidad del gobierno”.

El Ministerio Público Federal lleva días instando, como ya había hecho en el pasado sin éxito, a que los invasores se retiren de siete tierras indígenas del estado de Roraima, donde no sólo viven los Yanomami, sino también otras etnias como los pueblos Karipuna, Kayapo y Mundurucu. En 2022, la justicia federal ya había decidido que la Agencia Nacional de Minería debía realizar subastas de los productos confiscados al sector ilegal para donar lo recaudado a la protección de los indígenas. Pero la subasta nunca se realizó.

En el frente legislativo, el nuevo gobierno, a través de la FUNAI, revocó el 16 de enero una normativa que flexibilizaba la explotación de la madera en tierras indígenas incluso a los no indígenas. También está trabajando para derogar una ley que facilita la circulación de oro ilegal en Brasil, en virtud de la cual las empresas que compran oro brasileño, incluidas las extranjeras, no están obligadas a exigir certificados que prueben su origen legal.

“Consideramos que esta ley es inconstitucional”, dijo el ministro de Justicia, Dino, que ya ha involucrado a la Fiscalía General del Estado para que se presente una solicitud de inconstitucionalidad ante el STF. “Esta ley permite una especie de blanqueo del oro ilegal porque se basa únicamente en la buena fe del vendedor y del comprador”. Además, el Ministerio de Medio Ambiente confía en el Fondo Amazonia, reactivado en enero por el nuevo gobierno, que debería aportar millones de dólares a las arcas del gobierno brasileño también para reforzar la lucha contra los delitos medioambientales. El Banco Alemán de Crédito para la Reconstrucción (KFW) ha asignado 193 millones de reales (38 millones de dólares) al Fondo en los últimos días.

El otro gran problema sigue siendo la deforestación. Según un reciente estudio del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe), en 2022 y hasta la fecha del 19 de septiembre, se registraron más de 76.000 incendios, la cifra más alta desde 2010. El resultado es que, siempre según el Inpe, de agosto de 2020 a junio de 2021 se han deforestado 13 mil kilómetros cuadrados de Amazonia, el equivalente a nueve veces la ciudad de São Paulo. Detrás de la deforestación está el tráfico de madera, que forma parte de un gigantesco sector de agronegocio que por sí solo representa el 27% del PIB de Brasil. Según Imaflora, una ONG de conservación del medio ambiente, sólo el 10% de la madera amazónica es legal.

Un reciente informe del Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), en colaboración con el Instituto Brasileño para el Clima y la Sociedad y la Universidad del Estado de Pará, relaciona la violencia con la deforestación. En 2020, la Amazonia brasileña tenía la mayor tasa de homicidios de Brasil, con 29,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, frente a la media nacional de 23,9. Las tasas más altas corresponden a los municipios que sufren más deforestación.

Y es noticia de los últimos días que la Policía Federal ha cerrado el caso del brutal asesinato del periodista británico Dom Phillips y del activista y defensor de los derechos indígenas, Bruno Pereira. El Superintendente de la Policía Federal del estado de Amazonia confirmó que el instigador de su asesinato fue Rubén Dario da Silva Villar, alias “Colômbia”, un delincuente brasileño también investigado por pesca ilegal y narcotráfico.

Las dos víctimas desaparecieron el 5 de junio del 2022 en un pequeño pueblo llamado São Rafael, durante una expedición para el nuevo libro de Phillips sobre la selva amazónica. Los dos fueron encontrados muertos unos diez días después, en medio de una continua controversia por las afirmaciones del presidente Jair Messias Bolsonaro de que los dos “se habían ido de aventura” y por las demoras en la búsqueda.

Una vez superada la emergencia yanomami, será necesario un sistema de control más estricto de las actividades ilegales en la región y un intervención sanitaria más estructurada para evitar nuevas catástrofes entre los pueblos indígenas. Lula ha decidido proponer el polémico programa cubano “Más Médicos”, acusado de violaciones de los derechos humanos, mediante el cual la dictadura de la isla gana dinero prestando a sus médicos por todo el mundo. Pero el nuevo gobierno ha dejado claro que la convocatoria dará prioridad a los médicos brasileños y sólo después a los extranjeros. Además, será importante establecer una mayor coordinación de las organizaciones no gubernamentales presentes en toda la Amazonia, unas 16.000, algunas de ellas religiosas y con fondos millonarios, pero sin coordinación oficial con las autoridades gubernamentales. Varios parlamentarios llevan tiempo intentando arrojar luz sobre el asunto a través de la propuesta de una Comisión Parlamentaria de Investigación ad hoc, aprobada hace tres años, pero que nunca ha llegado a materializarse.

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