El juez del Tribunal Supremo de Brasil (TSF) Alexandre de Moraes dio el plazo de 24 horas a la Procuraduría General de la República para que responda a la petición de suspensión de toma de posesión de once diputados brasileños que habrían participado en el asalto a la sede de los tres poderes el pasado 8 de enero.
La toma de posesión de los once parlamentarios, la gran mayoría pertenecientes al Partido Liberal del ex presidente Jair Bolsonaro, está prevista para el próximo miércoles 1 de febrero, tras la petición de un grupo de juristas a fin de determinar la responsabilidad penal de los diputados durante el asalto, según informó el diario O Globo.
En la solicitud, presentada en el marco de la investigación abierta contra el cesado gobernador de Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, se pide la suspensión de la toma poseción de los once parlamentarios, subrayando la necesidad de que no se entorpezca la investigación policial.
El grupo de juristas también le solicitó a la Fiscalía que analice la posibilidad de una querella contra los diputados ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), por su “participación o apoyo y difusión de actos golpistas y terroristas”.
Anteriormente, la Fiscalía de Brasil solicitó al Tribunal Supremo Federal (TSF) que investigase a tres diputados bolsonaristas por “incitar a actos antidemocráticos” tras el asalto a la sede de los tres poderes.
Según la petición, los tres diputados son sospechosos de “incitar a actos de violencia y vandalismo” a través de “publicaciones en redes sociales antes y durante las invasiones”, lo que podría constituir el delito de “incitación pública”.
Miles de seguidores del ex presidente Jair Bolsonaro asaltaron el pasado 8 de enero las sedes de los tres poderes en Brasilia, después de dos meses acampados frente a los cuarteles del Ejército exigiendo un golpe de Estado.
Como consecuencia de los actos “golpistas” y “terroristas”, tal y como lo han definido las autoridades, el juez del Supremo Alexandre de Moraes cesó al gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, y al secretario de Seguridad, Anderson Torres, por “omisión” de funciones y “connivencia” con la turba.
El pasado 21 de enero, la Corte Suprema de Brasil ordenó la prisión preventiva por tiempo indefinido a 942 de los 1.406 seguidores del ex presidente Jair Bolsonaro detenidos por el intento de golpe de estado del pasado 8 de enero.
El magistrado Alexandre de Moraes, instructor del caso, concluyó el análisis de las audiencias de custodia de los detenidos en flagrancia, quienes pasarán al régimen de prisión preventiva, una medida cautelar que no estipula un plazo para una sentencia.
Otras 464 personas fueron amparadas con medidas cautelares y responderán ante la Justicia en “libertad provisional”, pero sometidos a varias condiciones, entre ellas el uso de tobillera electrónica para ser monitoreados y presentación semanal ante las autoridades.
De acuerdo con el alto magistrado, quien el miércoles había dado un balance parcial de las audiencias, “las conductas fueron ilícitas y graves, con la intención de, por medio de violencia y grave amenaza, impedir el ejercicio de los poderes constitucionales constituidos”.
“Hay pruebas en los autos (del proceso) de la participación efectiva de los investigados en una organización criminal que actuó para intentar desestabilizar las instituciones republicanas”, señaló el magistrado.
De Moraes indicó que los implicados entran a prisión preventiva por participar en “actos de terrorismo” y “destrucción de predios públicos” y responderán por los delitos de “asociación criminal, abolición violenta del Estado democrático de derecho y golpe de Estado”.
También les fueron imputados cargos por “amenaza, persecución e incitación al crimen”, según un comunicado del Supremo Tribunal Federal (STF).
(Con información de Europa Press y EFE)
Seguir leyendo:
Últimas Noticias
La variedad de amenazas legales que enfrenta Jair Bolsonaro
La Corte Constitucional de Ecuador reformó el estado de excepción decretado por el presidente Noboa
Crisis en Bolivia: miles de manifestantes exigieron soluciones a la inflación, la falta de combustible y la escasez de dólares
El presidente de la SIP consideró que Daniel Ortega está llevando a Nicaragua a la Edad de Piedra
El opositor Juan Sebastián Chamorro dijo que la reforma constitucional de Daniel Ortega convierte a Nicaragua en la nueva Cuba
