Brutal represalia de Daniel Ortega: condenó a la cárcel a la familia entera de un opositor al que no pudo capturar

Esta semana, el juez Félix Ernesto Salmerón confirmó la sentencia a penas de entre 8 y 10 años de cárcel contra Jeannine Horvilleur Cuadra, de 63 años; su hija, Ana Carolina Álvarez Horvilleur, de 43 años y su yerno Félix Roiz Sotomayor, 57 años, quienes fueron detenidos el pasado 13 de septiembre en una de las represalias más crueles que ha ejecutado el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.

La policía nicaragüense apresó a la familia Álvarez- Horvilleur - Roiz después que fracasó en su intento de capturar esa noche al opositor Javier Álvarez Zamora quien, avisado de las intenciones del régimen de Ortega, estaba saliendo del país por puntos ciegos en ese momento. Álvarez Zamora es esposo, padre y suegro de los condenados por el juez Salmerón.

Con la captura de esta familia completa, el régimen nicaraguese inició otra etapa en su escalada represiva: tomar de rehenes a familiares para lograr la captura de los opositores que persigue.

“Yo creo que haberlas capturado es una aberración tan grande, porque están entrando a lo más íntimo de tu familia. Eso es lo más sagrado que una persona tiene. Este es un nuevo escalón. Van para arriba. Están subiendo la parada. Están llegando a un punto donde destruyen o intentan destruir lo más íntimo o sagrado que una persona puede tener”, expresó Álvarez, tras llegar a suelo costarricense y conocer la detención de sus familiares.

La familia detenida permaneció en condición de desaparecida por unas 48 horas pues ninguna autoridad daba cuenta de su paradero. Fue en una segunda visita a la cárcel El Chipote, donde están recluidos 59 presos políticos, que uno de los carceleros confirmó que ahí estaba. “Aquí los tenemos y no los vamos a soltar hasta que el hijo-de-tal-por-cual se presente aquí”, relata Javier Álvarez que le dijeron a un familiar, haciendo una clara alusión a su entrega.

“Hay un nuevo patrón de represión”, afirma Gonzalo Carrión, defensor de derechos humanos del colectivo Nunca Más. “Nosotros estamos tramitando 50 medidas cautelares a favor de perseguidos políticos y tenemos historias de casos en que han detenido a la esposa, para llegar al marido; han detenido padres, para llegar al hijo; han detenidos hijos para capturar al padre. Generalmente son detenciones por horas o un día, pero esta fue a la familia entera: la esposa, la hija y el yerno. Eso tiene una dimensión grotesca”.

Dulce Porras, exiliada y dirigente de la opositora Unión Democrática Renovadora (Unamos), denunció que la Policía del régimen de Daniel Ortega capturó a su hermano, Freddy Porras, al no encontrarla a ella la noche del 15 de septiembre pasado, en la ciudad de Jinotepe.

Otro caso es el de Andrea Margarita del Carmen, exfuncionaria del centro PEN Nicaragua, cuyo hijo, Gabriel López del Carmen, de 34 años, fue apresado el 14 de septiembre cuando la Policía llegó buscándola a ella y no la encontró en casa. Al igual que a Álvarez, los policías le advirtieron a familiares que el joven quedaría en libertad si la madre se entregaba.

La familia de Álvarez fue condenada por los delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y/o propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense”.

Álvarez no se explica por qué tanta saña contra él. Dice ser solo “un opositor de bajo perfil”, que de vez en cuando ayudaba a presos políticos o familias perseguidas. “Mi vida y mi actividad política es pacífica, es cívica y es humanitaria”, afirma.

El opositor es un antiguo militante del Frente Sandinista, el partido político que llevó al poder a Daniel Ortega. “Yo fui parte del Frente Sandinista. Luché contra la dictadura (de Somoza). Estuve en la insurrección. Más como una actividad política que como guerrillero. Yo estoy en el Frente desde el 75. Soy de la generación de los jóvenes que salieron de los colegios religiosos, que impulsados por sus ideas religiosas y democráticas nos organizamos primero en el Movimiento Cristiano Revolucionario. De ahí pasamos al Frente Sandinista. Fui dos veces capturado por la dictadura de Somoza”, relató en entrevista al diario La Prensa.

Afirma que abandonó el Frente Sandinista en 1995, cuando vio que Ortega lo conducía “por mal camino”. Desde entonces, dice, se dedicó a la sobrevivencia y junto a su esposa se prometieron no meterse más en política. Todo cambio, sin embargo, con la rebelión ciudadana de 2018.

“Cuando se dan las jornadas del 18 me voy al hospital Bautista, de mi propia voluntad, porque me doy cuenta que están llevando a los muchachos heridos y empiezo a vincularme con ellos, a llevarles cosas, medicinas, alimentos, lo que necesitaban. Establezco una relación humana porque sabía lo que era estar en esas circunstancias. Así es como yo soy opositor. Yo no estoy vinculado a una organización específica, mi trabajo ha sido ayudar a la gente más necesitada. Por eso yo me declaro un opositor con un activismo humanitario”.

Cree que se convirtió en objetivo del régimen cuando, posiblemente, encontraron su contacto en los teléfonos de algunas de las personas capturadas a las que él ocasionalmente ayudaba. Entonces empezó a ver que su vivienda era vigilada y por eso decide salir el 12 de septiembre de la casa en que vivía con su esposa, Jeannine Horvilleur.

Al día siguiente, la noche del 13 de septiembre, un contingente policial llega a buscarlo a la casa de su hija, Ana Carolina Álvarez Horvilleur. En ese momento solo está en la vivienda su yerno, Félix Roiz, esposo de Ana carolina, a quien se llevan detenido.

Las patrullas policiales se trasladan a eso de las once de la noche a la vivienda de Álvarez, donde solo encuentran a su esposa y a la hija que está acompañándola. Apresan a ambas.

Advertido de que lo están buscando, Javier Álvarez decide irse a Costa Rica por puntos ciegos en la montaña, sin saber que su familia está apresada. “No me doy cuenta que ellos han sido detenidos. Pienso que va a pasar lo que siempre pasa. Llegan, destruyen la casa, patean la puerta, quiebran una mesa, rompen algo, sientan a la familia, la interrogan, a lo sumo se la llevan a algún lugar, la tienen toda la noche ahí y al día siguiente la sueltan. Hasta ese momento esa había sido la actitud de la represión en Nicaragua”, relató.

“Era dejar mi vida en horas. La noche anterior podíamos estar viendo una película de Netflix, juntos los dos en la cama, y de pronto saber que tenés que abandonar tu país, que tenés que abandonar tu familia y la tenés que abandonar a ella, siendo tan pegados como somos. Es un golpe durísimo”, añadió.

Jeannine Horvilleur Cuadra y su su hija, Ana Carolina Álvarez Horvilleur, fueron condenados el 18 de enero a ocho años de cárcel en un juicio a puerta cerrada. Félix Roiz Sotomayor, recibió una condena de 10 años. El juez Félix Ernesto Salmerón ordenó a demás el decomiso de la camioneta de Ana Carolina Álvarez Horvilleur.

Tanto Jeannine Horvilleur Cuadra como Ana Carolina Álvarez Horvilleur tienen la ciudadanía francesa además de la nicaragüense. El 19 de enero pasado, cinco organizaciones francesas defensoras de derechos humanos o de solidaridad con Nicaragua, denunciaron la condena política contra estas dos mujeres “por la única razón de que ellas (y él) son respectivamente esposa, hija y yerno de Javier Álvarez, opositor político perseguido por la dictadura”.

“Aunque son franco-nicaragüenses, a Jeanine Horvilleur y a su hija Ana Carolina no se les ha permitido el derecho a las visitas consulares. Por ello, solicitamos a las autoridades francesas que intervengan cuanto antes para obtener su liberación y la de Félix Roiz, que se les retiren los cargos que pesan contra ellos y que les concedan asilo político”, señaló el comunicado.

Este viernes, el gobierno francés mostró su preocupación por la condena y las condiciones en que han sido procesadas las ciudadanas francesas.

“Deploramos que, a pesar de varias peticiones a las autoridades nicaragüenses, no se ha permitido a nuestro embajador acceder al juicio, al igual que lamentamos la falta de transparencia en torno a este juicio, ya que las audiencias se celebraron a puerta cerrada”, declaró la portavoz de la cancillería francesa Agnès von der Mühll a la agencia AFP.

“También seguimos muy preocupados por las condiciones de encarcelamiento y el estado de salud de nuestras compatriotas, en particular porque, a pesar de nuestras reiteradas solicitudes, nuestra embajada aún no ha podido tener acceso a ellas, tal y como establece la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963″, añadió.

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