Sigue la polémica en Uruguay por la entrega del pasaporte al narco Sebastián Marset y la renuncia de la vicecanciller

Siguen las controversias en Uruguay por el caso del pasaporte entregado al narcotraficante Sebastián Marset. El caso tuvo el costo político de la renuncia de la viceministra de Relaciones Exteriores, Carolina Ache Batlle, perteneciente al Partido Colorado, el principal socio del gobierno de coalición del presidente Luis Lacalle Pou.

El tema volvió a todas las portadas de los medios uruguayos por una columna de opinión que escribió en el diario El País, el ex senador y líder del Partido Colorado Pedro Bordaberry. Ahora fuera de la política partidaria oficial, pero muy presente en la discusión pública.

El ex senador uruguayo dijo que el actual Ministro de Relaciones Exteriores, perteneciente al Partido Nacional, mintió en su visita al Parlamento. El ex dirigente político defendió otra vez a la ex vicecanciller Carolina Ache, y cuestionó a dirigentes colorados que “calladitos miran para otro lado”.

“A pocos parece importarles que el Canciller sabía que Marset era narcotraficante. Tampoco que mintió en la interpelación en el Senado cuando dijo que no sólo él sino que nadie en Cancillería lo sabía. ¡Cuándo lo sabía!”, señaló Bordaberry en su columna publicada este domingo.

Bordaberry también afirmó que “sometieron a Ache al escarnio público” y que “la sustituyeron en tiempo récord”. “Con el cuerpo aún caliente se abalanzaron sobre el cargo. No sea cosa que alguien les ganara de mano. A los quince minutos anunciaron su sustituto. Nada tengo contra este que es un excelente profesional. Lo que sí la velocidad revela que la decisión ya había sido tomada y estaban dispuestos a nombrarlo aun antes de que renunciara (o no) la titular”, afirmó.

La renuncia de la exvicenciller se dió a fines del año pasado, y fue luego de conocerse un mensaje de WhatsApp que recibió. El subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, fue quien se comunicó y le advirtió a la exjerarca sobre Marset como “un narco muy peligroso y pesado”. El narco estaba retenido en Dubái y buscaba acceder al pasaporte uruguayo. La advertencia fue realizada a inicios de noviembre de 2021, al tiempo que la conversación fue difundida el 12 de diciembre de 2022 por El Observador.

El problema se produjo porque en presencia en el Parlamento, la ex viceministra dijo no tener conocimiento del caso del narcotraficante. Pero los mensajes de WhatsApp filtrados la dejaron en evidencia.

En una columna anterior en El País, publicada hace dos semanas, Bordaberry ya había defendido a Ache y cuestionado a Bustillo. Allí alertó sobre que al menos tres “funcionarios sabían que Marset era narco un mes y medio antes que desde el Ministerio del Interior se lo comentaran a la subsecretaria”.

“El propio ministro de Relaciones Exteriores fue informado también de esto. La directora de Asuntos Consulares se lo comunicó por mail a su Secretaría”, señaló Bordaberry. “Se le achacó a la subsecretaria no informar a su superior. ¡Se la responsabilizó por no comunicar algo que el ministro y los directores ya conocían!”, agregó en esa oportunidad el exsenador.

Sebastián Marset es señalado como líder del Primer Cartel Uruguayo, encargado de grandes embarques de cocaína desde Paraguay. Tiene 31 años, pero muchas marcas que lo dejan en tramas delictivas.

La Justicia e Interpol lo definen como jefe de una organización criminal que tuvo como objetivo de la operación " A Ultranza Py “, el mayor golpe al crimen organizado y lavado de dinero en Paraguay, de la que estaba a cargo el fiscal Marcelo Pecci, asesinado en su luna de miel, en Colombia. Solo en esa operación se incautaron bienes por más de 100 millones de dólares.

Hace menos de un año fue detenido en Dubái (Emiratos Árabes) por falsificación de un pasaporte paraguayo. Desde allí, en setiembre 2021 pidió al gobierno uruguayo que se le otorgara un pasaporte cuando todavía no era buscado por las autoridades paraguayas, algo que en ese país fue visto como reflejo del nivel de logística organizada que maneja Marset.

Los antecedentes judiciales que tenía en Uruguay habían extinguido –databan de 2012 y 2013 por tráfico ilícito de estupefacientes, tenencia de estupefacientes y homicidio- y la legislación avalaba que se le entregue el documento. Y así ocurrió.

No era la primera vez que pedía el pasaporte uruguayo. En 2019 según plantearon legisladores del Frente Amplio, también lo había solicitado y se le había denegado.