La organización Human Rights Watch (HRW) pidió que los líderes de la cumbre de la CELAC cuestionen las graves violaciones de derechos humanos, que ocurren en Cuba y Venezuela, así como las situaciones antidemocráticas en otros países, independientemente de la ideología de los gobernantes.

La cumbre, que se llevará a cabo en la Argentina, ha generado gran controversia tras la invitación del anfitrión, el presidente Alberto Fernández, a los dictadores de Cuba, Miguel Díaz-Canel, de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Nicaragua, Daniel Ortega. Aunque el sandinista Ortega no viajará al país, y está en suspenso la llegada del líder chavista, los tres aceptaron la invitación de la presidencia pro tempore.

La directora para las Américas de HRW, Tamara Taraciuk, aseguró en diálogo con Infobae que “mantener relaciones diplomáticas con dictaduras, como Cuba, Nicaragua y Venezuela, no es en si malo, pero nunca debe ser motivo para guardar silencio ante las violaciones de derechos humanos”.

Bajo este marco, Taraciuk instó a la CELAC a cuestionar las graves violaciones de derechos humanos, independientemente de la ideología de los gobernantes, “incluyendo a otros países donde el estado de derecho y la democracia están en riesgo como El Salvador y Guatemala”.

“La CELAC debería ser considerada una oportunidad para obtener compromisos concretos en materia de derechos humanos por parte de las autoridades de estas dictaduras, tales como la liberación de todas las personas que han sido detenidas de forma arbitraria. Dado que en el pasado estos países no han hecho concesiones de manera voluntaria, es esencial el escrutinio internacional, incluyendo por parte de los gobiernos de la región”, comentó.

Días atrás afirmó en una videoconferencia que algunos países de la región enfrentan un “gravísimo deterioro de la democracia y el Estado de Derecho” y un “ataque directo frontal” a las instituciones democráticas, a los sistemas electorales, al Poder Judicial, a la prensa independiente y a la sociedad civil por parte de líderes electos democráticamente, algunos de ellos de corte populista y autoritario.

Al hablar de Cuba, Taraciuk condenó lo que se vive en el país y dijo que la represión a “cualquier forma de crítica o disenso continúa siendo uno de los principales problemas de DDHH, incluyendo más de 1.600 personas detenidas desde 2021″.

La mayoría de ellos son manifestantes pacíficos o transeúntes, de los cuales “más de 750 continuaban en detención a 31 de diciembre de 2022″.

Además condenó los procesos judiciales que sufrieron por manifestarse en contra del régimen, alegando que “a menudo violaron las garantías básicas de debido proceso y dieron lugar a penas de prisión desproporcionadas”.

“La represión del gobierno, así como su evidente falta de predisposición para abordar las causas subyacentes que llevaron a la gente a las calles, forzaron en 2022 a miles de cubanos a abandonar el país en números sin precedentes”, comentó.

Cabe decir que la Patrulla Fronteriza de EE. UU. capturó a más de 203.000 cubanos entre enero y septiembre de 2022 que huían de a isla.

Aunque Ortega no viajó a la cumbre no se debe dejar de lado que Nicaragua se ha consolidado como una cruel dictadura.

HRW explicó que tan solo en 2022, “el gobierno profundizó la represión sistemática contra críticos, periodistas y defensores de derechos humanos y miembros de la Iglesia Católica con 225 personas detenidas arbitrariamente”.

Por otro lado, siguen impunes los abusos cometidos en 2018 por agentes de la Policía Nacional, que dejó un saldo de más de 300 muertos.

Taraciuk manifestó que los gobiernos en CELAC deberían referirse a esto, además de la cancelación de más de 3.100 organizaciones de la sociedad civil, representando casi la mitad de las organizaciones que existían antes del estallido social.

La organización aseguró que hasta el momento, el régimen no ha dado ninguna señal de que liberará a los presos políticos ni que iniciará un proceso de apertura para una transición democrática en Nicaragua.

Días atrás, HRW expresó preocupación por la “emergencia humanitaria compleja” que enfrenta Venezuela, que mantiene a millones de personas sin acceso a la salud ni una nutrición adecuada y que ha llevado a más siete millones de venezolanos a emigrar desde 2014.

Las autoridades venezolanas siguen cometiendo graves violaciones de derechos humanos, que incluyen el procesamiento arbitrario de opositores, sumando más de 270 presos políticos, y la falta de justicia para las víctimas de los abusos.

Por lo tanto, dice Taraciuk, “los gobiernos deberían tratar la liberación de los presos políticos - o al menos buscar que el gobierno de Maduro permita que veedores internacionales visiten a quienes están detenidos en instalaciones de los servicios de inteligencia - y llamar a las autoridades a que investiguen y sancionen a los responsables, incluso en las más altas esferas del gobierno”.

“Venezuela también atraviesa una gravísima emergencia humanitaria, en un contexto en el cual millones de personas no tienen acceso a atención médica ni a nutrición adecuadas, con 6.5 millones de personas con subalimentación”.

Y agregó, que “los gobiernos debería promover que la comunidad internacional movilice más ayuda humanitaria para contribuir a atender la crisis y solicitar a las autoridades venezolanas que apoyen la implementación efectiva de una respuesta humanitaria a gran escala, desligada de fines partidistas”.

Además, continúa Taraciuk, “la CELAC debería pedir al gobierno de Maduro que garantice las condiciones necesarias para unas elecciones libres y justas en 2024, incluyendo la revisión de la inhabilitación arbitraria de opositores políticos y observación internacional independiente”.

Al finalizar denunció que en el país “se está erróneamente normalizado la crisis de derechos humanos, política y humanitaria, por lo que el escrutinio internacional debe mantenerse”.

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