Quién es Manuel Baldizón, el lavador de dinero del narco que está en el centro de un conflicto diplomático entre Guatemala y Colombia

Manuel Baldizón era, en 2015, un hombre popular en Guatemala. Para agosto de aquel año, este político conservador que había hecho su carrera en el norteño departamento de Petén, se colocaba con comodidad como favorito para las presidenciales que se llevarían a cabo en noviembre de ese año. Pero a Baldizón, al final, su pasado lo alcanzó.

Hoy, en 2023, casi una década después de su fallida carrera presidencial, este hombre está en el centro de un complicado rompecabezas político y judicial cuyo último episodio ha sido una crisis diplomática entre el gobierno de Alejandro Giammattei en Guatemala y el de Gustavo Petro en Colombia. Esa crisis diplomática se empezó a gestar mucho antes, de la mano de un proceso de toma de control político que mantiene a la justicia guatemalteca al servicio de una élite salpicada por múltiples señalamientos de corrupción, de la que Baldizón formó parte.

Desde aquel agosto de 2015, cuando un cuarto de los votantes guatemaltecos decía que lo escogerían a él, Baldizón empezó a perder fuelle de cara a las elecciones. Su cercanía con el Partido Patriota de Otto Pérez Molina, el entonces presidente cercado por múltiples denuncias de corrupción que lo llevarían a renunciar en septiembre de ese año, y la publicación de información que lo empezaban a ligar con el narcotráfico golpearon a Baldizón, lo hicieron caer en las encuestas y lo terminaron relegando al tercer lugar en las generales de noviembre.

Tras perder, Baldizón volvió a sus negocios en Petén y se mantuvo activo en política por un tiempo. Agentes estadounidenses le habían empezado a seguir la pista motivados, en parte, por investigaciones de sus homólogos guatemaltecos que ligaban al excandidato con operaciones de lavado. Baldizón mantuvo perfil bajo mientras compraba propiedades e inmuebles en su país y en Miami y se movía entre República Dominicana y la Florida.

Fue en el aeropuerto de Miami, en enero de 2018, que agentes federales detuvieron a Baldizón. Poco se supo del guatemalteco durante meses. Uno de sus abogados dijo, de forma escueta, que había pedido asilo. Pero en noviembre de ese año, el Departamento de Justicia, a través de una jefa fiscal en el distrito sur de la Florida, reveló que Baldizón se había declarado culpable de lavado de dinero y que había recibido dinero del narcotráfico para financiar sus campañas presidenciales en Guatemala.

El 10 de abril de 2018, los fiscales de Florida introdujeron al expediente criminal 18-CR-20758 un documento con los términos del acuerdo que habían alcanzado con Manuel Baldizón a cambio de la declaración de culpabilidad del guatemalteco en el caso por lavado de dinero. Lo que Baldizón confesó a las autoridades estadounidenses está resumido en ese documento: “El acusado aceptó haber recibido dinero procedente del narcotráfico; involucrarse en transacciones financieras con dinero procedente del narcotráfico; y haber prometido y proveído ciertos beneficios a cambio de dinero en efectivo y otras compensaciones”, dice el acuerdo de culpabilidad.

Manuel Baldizón fue condenado a 50 meses de cárcel en noviembre de 2019 por lavado de dinero. En octubre de 2022, catorce meses antes de cumplir su condena, el político fue deportado a Guatemala, donde se entregó a las autoridades locales, que lo buscaban por su participación en la red de corrupción montada por el gigante brasileño de la construcción Odebrecht en el país centroamericano.

En Guatemala, Baldizón empezaría a recibir buenas noticias de un sistema judicial que llevaba ya meses favoreciendo a quienes, como él, habían estado implicados en crímenes de cuello blanco y persiguiendo a los fiscales, jueces, policías e investigadores que habían preparado los casos para desbaratar redes como la de Odebrecht.

Para el 11 de enero de 2023, Baldizón ya estaba libre. El Ministerio Público de Guatemala (MP) dejó sin apelar la resolución de un juez que otorgó arresto domiciliar a Baldizón. El MP, además, admitió al ex presidenciable como parte de una querella contra ex fiscales que lo habían investigado por su implicación con Odebrecht. Y, mientras hacían eso, los fiscales, bajo las órdenes de la fiscal general Consuelo Porras, armaban casos para perseguir a los ex investigadores.

Fue así que, el 16 de enero, el fiscal Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), anunció que un juez había autorizado órdenes de captura contra la exfiscal general Thelma Aldana y contra el exmagistrado colombiano Iván Velásquez, actual ministro de defensa en el gobierno del presidente Gustavo Petro y entre 2012 y 2018 jefe máximo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una especie de fiscalía supranacional auspiciada por Naciones Unidas e instalada en el país centroamericano en 2007 para apoyar al MP en investigaciones complejas de crimen organizado. Aldana y Velásquez fueron los rostros más visibles de una cruzada anticorrupción que desbarató redes poderosas pobladas por políticos como Baldizón.

¿Qué cambió en la justicia guatemalteca para que un lavador de dinero confeso recobrara la libertad y pasara a ser querellante de sus investigadores? Paso que los fiscales guatemaltecos se cambiaron de bando. Un portavoz del secretario general de la ONU lo explicó así al conocer la intención guatemalteca de perseguir a Iván Velásquez: La secretaría general “expresa su preocupación ante numerosos reportes que sugieren que la persecución criminal se ejerce contra aquellos que buscan llevar luz en casos de corrupción y que trabajaron por fortalecer el sistema de justicia en Guatemala”, según dijo un portavoz de la ONU.

También el Departamento de Estado de Estados Unidos lo había explicado antes, cuando incluyó a la fiscal general Porras y a su subalterno Rafael Curruchiche, gestores de la liberación de Baldizón, en una lista de funcionarios centroamericanos corruptos y antidemocráticos. Al describir a Porras, la diplomacia estadounidense dijo esto: “Repetidamente ha obstruido y malogrado investigaciones de corrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos… El patrón de obstrucción de justicia de Porras incluye ordenar a sus subordinados en el MP ignorar casos por consideraciones políticas y despedir a fiscales que investigan actos de corrupción”.

Justo eso paso en el caso de Manuel Baldizón y el escándalo Odebrecht.

A Baldizón la CICIG lo ubicó en un informe de investigación de 2017 como un personaje central en lo que en Guatemala se conoce como el “pacto de corruptos”, una red de políticos y empresarios salpicados por escándalos de corrupción y narcotráfico. La CICIG y el MP de Guatemala investigaban a Baldizón, entre otras cosas, por recibir sobornos del gigante brasileño de la construcción Odebrecht entre 2012 y 2015.

Uno de los que involucró a Baldizón en esos sobornos fue Alejandro Sinibaldi, el exministro de infraestructuras durante el gobierno del presidente Otto Pérez Molina (2012-2015) que confesó a las autoridades guatemaltecas su participación en el entramado Odebrecht.

Sinibaldi se entregó a la justicia de Guatemala en agosto de 2020 y unos meses después dio una declaración en la que involucró a decenas de políticos y empresarios en un esquema de corrupción que él mismo describió como una “compra” del Estado.

“Dentro de los varios eventos que fueron adjudicados durante mi gestión como ministro… hubo algunos que tuvieron una mayor trascendencia por la logística que implicaron y el nivel de coordinación que debimos tener con las diferentes instituciones del Estado, y con los cuales se puede evidenciar más claramente cómo se pueden comprar las voluntades de básicamente un gobierno. Uno de los casos más relevantes fue el ahora conocido como caso Odebrecht”, dijo Sinibaldi en su declaración, de la que Infobae tiene copia.

Sinibaldi confesó que él había recibido sobornos de los brasileños para asegurar un contrato por unos USD 380 millones para reparar una carretera en el occidente del país. CICIG y el MP habían determinado, además, que Sinibaldi era líder de un grupo de funcionarios que cobraba entre 5% y 10% a empresas que obtenían contratos públicos.

En su confesión, Sinibaldi aseguró que también Manuel Baldizón recibió sobornos de Odebrecht en 2014, algo con lo que él no estuvo de acuerdo. “No puedo negar que yo tenía buena relación con Baldizón… pero jamás hubiera estado de acuerdo con regalarle USD 3.5 millones… debe haber sido para un apoyo que Odebrecht le dio a Baldizón como financiamiento electoral...” Para entonces, Baldizón se perfilaba ya como el próximo presidente de Guatemala.

Como parte de la investigación del caso Odebrecht en Guatemala, el MP entrevistó a los brasileños Marcos Cerqueira Lima Machado y Luiz Antonio Mameri, vinculados a Odebrecht. A ambos la justicia guatemalteca ofreció acuerdos de colaboración eficaz, una figura jurídica contemplada en la Ley Especial contra la Delincuencia Organizada que consiste en ofrecer beneficios procesales a miembros de una organización criminal que brinden información sobre los líderes del grupo que permita detener las operaciones delictivas. Es algo contemplado en las leyes penales de múltiples países en el mundo.

Fiscales guatemaltecos, avalados por la Corte Suprema de Justicia, viajaron a Brasil a tomar declaración a Lima Machado y Mameri en 2017. Los brasileños dijeron lo mismo que Sinibaldi declararía después, que Manuel Baldizón era uno de los que había recibido sobornos de la constructora Odebrecht.

Lima Machado incluso describió una reunión realizada en 2013 en una casa de Sinibaldi en las afueras de Ciudad de Guatemala. “Están el ministro Sinibaldi y está también el señor Manuel Baldizón y de allí Alejandro me dice que había arreglado con Baldizón de pagarle 3 millones de dólares desde que arrancara el proyecto hasta las elecciones de 2015 y me pedía que confirmara a Manuel Baldizón (con) quien Alejandro tenía la potestad de hacer ese tipo de arreglo, ya que todo pasaría por él, yo le dije que sí”, dijo el brasileño en su declaración, de la que Infobae tiene copia.

CICIG y el MP determinaron que Sinibaldi había recibido, a través de testaferros en una cuenta abierta en Antigua, al menos USD 4.9 millones. En total, la investigación guatemalteca determinó que Odebrecht pagó sobornos por USD17.8 millones a la red de Sinibaldi y Baldizón.

La investigación parecía sólida e incluso arrojaba indicios contra varios diputados del oficialismo señalados también de recibir dádivas para asegurar que dos préstamos internacionales, uno del Banco Centroamericano de Integración Económica y otro del Banco de Desarrollo Social de Brasil, estuvieran condicionados, por decreto, a que fuese Odebrecht la escogida para el proyecto millonario de reparación de la carretera guatemalteca CA2. Pero algo se torció en la justicia guatemalteca.

En 2018, el entonces presidente de Guatemala, Jimmy Morales declaró non grato al colombiano Iván Velásquez y un año después expulsó a la CICIG del país. Morales, a quien la comisión y el MP investigaron por financiamiento electoral ilícito, nombró a Consuelo Porras como fiscal general. En noviembre de 2019 Alejandro Giammattei, un médico que había estado preso en 2010 por tolerar ejecuciones extrajudiciales cuando fue jefe del sistema penitenciario del país, ganó las elecciones presidenciales.

Giammattei ratificó a Porras al frente del MP. En julio de 2021, Porras despidió a Juan Francisco Sandoval, hasta entonces jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que había llevado la investigación de Odebrecht entre 2017 y 2020 y quien, en 2021, abrió una investigación al nuevo presidente por un supuesto soborno millonario entregado por mineros rusos para obtener licencias en el noreste del país.

En lugar de Sandoval, Porras nombró a Rafael Curruchiche, el fiscal que anunció acciones penales contra el colombiano Velásquez y que provocó, con ello, una crisis entre Bogotá y Guatemala que amenaza con acabar las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Antes, el sistema político presidido por Giammattei había maniobrado para quitar del puesto y mandar al exilio a la jueza Erika Aifán, quien había acompañado la investigación de Odebrecht. En su lugar, el órgano judicial guatemalteco nombró a Luis Fernando Archila Lima, un juez que había estado preso en 2008 por posesión de droga cuando era funcionario de aeronáutica civil en Puerto Barrios, uno de los enclaves del narcotráfico en el Caribe guatemalteco. Archila Lima, a petición del MP de Porras y Curruchiche, anuló los testimonios de los brasileños Mameri y Lima Machado, y con ello abrió la puerta para la liberación de Baldizón y Sinibaldi.

El 11 de enero, Manuel Baldizón salió de la cárcel de máxima seguridad de Guatemala beneficiado con arresto domiciliar. Con una sonrisa, exultante, el excandidato presidencial agradeció a Dios, dijo que era inocente de todo y anunció represalias contra los fiscales que lo habían perseguido. No había pasado ni una semana cuando el fiscal Curruchiche anunció eso precisamente, que el MP perseguirá a la ex fiscal general Aldana y al ex comisionado Iván Velásquez por autorizar los convenios que permitieron a los brasileños de Odebrecht contar lo que el exministro Sinibaldi describió como “la compra” del gobierno de Guatemala.

David Gaitán, un ex investigador de CICIG a cargo de todo el expediente Odebrecht y contra quien también hay orden de captura, publicó un comunicado tras los anuncios de persecución que hizo Curruchiche. Ahí explica con bastante claridad lo que pasa en Guatemala. “Es evidente que lo que pretende el Ministerio Público es privilegiar a actores que recibieron unos 20 millones de dólares en sobornos y detener las investigaciones ya adelantadas en contra de otros responsables”.

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