El Congreso de Ecuador tramita una amnistía para Ricardo Patiño, ex canciller y mano derecha de Rafael Correa

En 2018, el ex canciller del Ecuador, Ricardo Patiño convocó al levantamiento popular y a la toma de las instituciones democráticas. Esto sucedió cinco meses después de que Lenín Moreno, quien sucedió a Rafael Correa como presidente de Ecuador, asumiera el cargo y tres meses después de que Patiño renunciara como asesor presidencial del gobierno. Ahora, la bancada afín al correísmo en el congreso ecuatoriano tramita una amnistía para Patiño, que está asilado en México junto con otros de sus compañeros de partido.

Las declaraciones se arengaron públicamente en un evento partidario, celebrado en un salón casi vacío donde un poco menos de un centenar de personas aplaudían. El único registro que existe es un video subido a Internet por la misma organización que convocó la reunión el 27 de octubre de 2018 en Latacunga a un evento denominado Encuentro Nacional de la Revolución Ciudadana.

En su discurso Patiño llamó a sus seguidores a dejar la resistencia pasiva y pasar a la resistencia combativa contra la autoridad establecida. La resistencia combativa puede tomar la forma de instigación a la violencia, insurrección, subversión, lucha armada, guerra de guerrillas e incluso terrorismo, todos los cuales tienen por objeto desafiar la legitimidad del poder constituido.

“Vamos a prepararnos para la represión porque tenemos que tomarnos las instituciones públicas, tenemos que cerrar los caminos”, dijo Patiño. Y agregó: “Iremos presos, nos golpearán, pero tenemos que resistir”. Esta, según sus palabras, es “una demostración de fuerza” para buscar un enfrentamiento con la fuerza pública del Ecuador y que así “que el país se enteré que existimos” porque “la lucha es nuestra forma de hacer política”.

En 2019, esta incitación le costó a Patiño la apertura de una investigación penal por el delito de instigación. Según la legislación penal del Ecuador estimula a cometer un crimen “la persona que públicamente instigue a cometer un delito contra una persona o institución y no pueda ser considerada legalmente como copartícipe”. Este delito se sanciona “con pena privativa de libertad de seis meses a dos años”.

La organización Jubileo 2000 del Ecuador aseguró que el proceso penal viola los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y manifestación de resistencia constitucional, por lo que pidió a la Asamblea Nacional el indulto a favor de Patiño. En 2006, Jubileo 2000 en Ecuador impugnó la deuda externa con el apoyo de un grupo de economistas, conjunto integrado por Patiño. En 2008, Rafael Correa declaró un tramo de esta deuda como “ilegítima, odiosa e inconstitucional” y no fue pagada.

En abril de 2019, Patiño fue imputado por la justicia penal por el delito de instigación en Latacunga tras llamar a la toma de instituciones estatales y a organizar protestas callejeras en contra del gobierno de Lenín Moreno, su antiguo copartidario.

El 18 de abril de 2019, el juez penal de Latacunga, Flavio Palomo, a solicitud de la fiscalía de Latacunga, ordenó la prisión preventiva contra Patiño. En ese momento Patiño ya no estaba en el país tras haber huido a México, país que unos meses después le otorgó el asilo político por una supuesta persecución política.

Debido a que el juicio se suspendió por la ausencia del sindicado, a partir del 5 de agosto de 2019, fecha en la que el juez llamo a instalar la audiencia de juzgamiento, el juicio se detuvo hasta que Patiño se entregara a la justicia o fuera capturado por la policía.

La solicitud de amnistía fue presentada por Wilma Salgado y Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Salgado también fue integrante de Jubileo 2000 del Ecuador para la revisión de la deuda externa. Fue también ministra de Economía durante el gobierno de Rafael Correa quien la indultó en 2008 después de que la justicia ecuatoriana la declarara culpable por el delito de peculado.

La carta de petición de amnistía para Patiño señala que la acusación en su contra viola su derecho a la libertad de expresión y su derecho a la oposición política. Las solicitudes de este tipo se envían a la Asamblea Nación en virtud de la constitución del Ecuador que establece que el pleno legislativo tiene la facultad de conceder la amnistía a los sindicados por delitos políticos y concederla por razones humanitarias. La concesión de la amnistía se ratifica con el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional.

El 9 de enero pasado, el Consejo de Administración Legislativa, un órgano legislativo compuesto por siete miembros fue el primero en conocer la solicitud que fue calificada como procedente y remitida a la Comisión de Garantías Constitucionales del legislativo para su tratamiento.

Esta comisión está integrada por siete legisladores opositores, afines al ex presidente Rafael Correa y dos independientes. La comisión tiene 30 días para revisar el caso y emitir un informe que será debatido en el pleno de la Asamblea Nacional.

Patiño necesita 91 votos de 137 para ser indultado. En este momento la oposición al gobierno del presidente Guillermo Lasso se estima en 85 votos.

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