La presidenta del Tribunal Supremo de Brasil, la magistrada Rosa Weber, anuló el último indulto del ex mandatario Jair Bolsonaro a decenas de policías y militares que fueron condenados por la muerte de 111 presos durante un operativo en 1992 para sofocar un motín en una cárcel de San Pablo, en lo que se conoció como la masacre de Carandiru.
El indulto del pasado 23 de diciembre fue una de las últimas maniobras de Bolsonaro antes de su final de mandato, ensombrecido aún más después de que miles de sus seguidores hayan asaltado el pasado 8 de enero en las sedes de los tres poderes.
La decisión de Weber es en respuesta a una petición del fiscal general de Brasil, Augusto Aras, quien a finales de diciembre de 2022 envió al Supremo una demanda de inconstitucionalidad contra una parte de este decreto, ya que contravenía las obligaciones internacionales del Estado brasileño de procesar y punir a los responsables de crímenes de lesa humanidad.
Weber estimó que dicha medida de gracia “puede configurar una violación de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (Organización de los Estados Americanos)” para “investigar, procesar y castigar” de manera “seria” y “eficaz” a los responsables de la masacre.
El proceso judicial se prolongó durante décadas y hubo que esperar hasta hace diez años para que la Justicia condenara a 74 de aquellos policías por la muerte de 77 presos. Las penas contra ellas oscilaron entre los 48 y los 624 años de cárcel, sin embargo, ninguno cumplió con la pena, ya que la ley brasileña impide entrar en prisión para estar más de 40 años por un mismo crimen.
De los agentes condenados, cinco ya murieron --uno de ellos asesinado-- y otros 69 continúan con vida. Más de 30 años después nadie entró en prisión, en parte gracias a la maniobra de las defensas que fueron apelando cada una de las condenas. El caso se ha convertido en un símbolo de la impunidad en Brasil.
La matanza en la cárcel de Carandiru, en San Pablo, el 2 de octubre de 1992 se inició por un motín en el pabellón nueve de este presidio, el mayor de Brasil en la época, que albergaba a cerca de 8.000 internos hacinados y en condiciones insalubres.
La Policía reprimió el motín con una violencia extrema, disparando a los reclusos cuando muchos de ellos estaban encerrados en sus respectivas celdas, sin posibilidad de defenderse o huir. Según los análisis forenses presentados durante el juicio, los 111 muertos recibieron en total 515 balazos, entre ellos 126 en la cabeza, algo que para los grupos de derechos humanos constituye una prueba de que fueron ejecutados sumariamente.
Posteriormente, la cárcel de Carandiru se cerró y comenzó a demolerse en 2002 para dar lugar a un parque.
Con información de EFE y EuropaPress
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