El presidente Luiz Inácio Lula da Silva no tiene intención de revocar las reformas laboral y de pensiones de Brasil, medidas favorables al mercado aprobadas por el Congreso en 2017 y 2019, dijo el lunes el vicepresidente Geraldo Alckmin.
Las declaraciones de Alckmin están en línea con los comentarios del jefe de gabinete de Lula, Rui Costa, quien a principios de este mes descartó planes para revisar las reformas económicas del gobierno anterior después de que los mercados se desplomaron por temores de que eso pudiera suceder.
“Lula viene diciendo que no va a revocar ni la reforma laboral ni la de las pensiones. Lo que puede hacer es perfeccionarlas”, dijo el vicepresidente en un evento organizado por la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP), mencionando específicamente a los trabajadores de las aplicaciones móviles.
Alckmin, que también es ministro de Industria y Comercio de Lula, reiteró que el Gobierno impulsará ahora una reforma fiscal en la mayor economía de América Latina.
“Nuestro objetivo es seguir adelante con la tercera reforma - después de las reformas de pensiones y laboral, la reforma fiscal”, sostuvo Alckmin.
Agregó que el gobierno de Lula planea acabar con el impuesto IPI que grava los bienes industriales. “La reforma fiscal es esencial para la industria”.
Las hordas de partidarios del ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro que invadieron los principales edificios gubernamentales en la capital fueron un baño de realidad para los inversores en la mayor economía de América Latina.
Las transiciones pacíficas del poder han seguido a las elecciones desde el final de la dictadura militar en 1985, pero la polarización política de Brasil se está agravando y será un reto para el recién asumido presidente después de su estrecha victoria en octubre.
“Desconcertante para los inversores” es como el gestor de carteras Samy Muaddi de T. Rowe Price describió los acontecimientos en Brasilia el domingo, cuando los partidarios de Bolsonaro invadieron y vandalizaron los edificios del Congreso, el palacio presidencial y el Tribunal Supremo.
“Es probable que se trate de un asunto temporal y los resultados de la inversión estarán determinados por la trayectoria de la política económica del gobierno Lula y las condiciones financieras globales más amplias”, dijo Muaddi.
Lejos de ignorar los retos que enfrenta Lula para controlar los riesgos de este choque, los inversores y analistas dijeron, sin embargo, que el foco sigue estando en las cuestiones fiscales a la hora de evaluar el nuevo Gobierno en el largo plazo.
“Lula trabajará para unificar una coalición en el Congreso para aprobar leyes, pero tendrá cuidado de no perjudicar su popularidad con medidas fiscales impopulares, retrasando potencialmente el cronograma para anunciar medidas de ajuste fiscal”, dijo a la agencia de noticias Reuters Katrina Butt, economista senior para América Latina de AllianceBernstein LP en Nueva York.
Butt dijo que una menor inflación podría permitir al banco central comenzar a recortar las tasas en el segundo semestre del año, impulsando aún más la economía, “pero esto también está conectado con el nuevo marco fiscal. Si los nuevos parámetros son considerados débiles por el mercado, podría renovar el temor al dominio fiscal y evitar que el BCB flexibilice”.
Las discusiones sobre el nuevo marco fiscal son clave bajo la administración de Lula, después de que los responsables de la política monetaria hayan destacado los riesgos inflacionistas derivados de la propuesta de gasto de 168.000 millones de reales (32.000 millones de dólares) del presidente de izquierdas para cumplir promesas de campaña.
“Debido a la rápida respuesta del Gobierno, el impacto en el mercado ha sido limitado”, escribió en una nota Elizabeth Johnson, directora gerente de investigación de Brasil en TS Lombard, añadiendo que la violencia del fin de semana “podría bajar la presión sobre Lula para presentar un plan económico en las próximas semanas y también ralentizar la agenda de reformas”.
(Con información de Reuters)
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