Lula prefiere un divorcio con los militares que el arresto de Bolsonaro

Aunque Brasil ha vuelto a un estado de calma en el que las instituciones democráticas siguen mostrando su resistencia, no faltan los giros. El último se refiere a un documento encontrado durante un allanamiento policial a la casa de Anderson Torres, ex ministro de Justicia del gobierno de Jair Messias Bolsonaro, que desde el 2 de enero pasó a ser secretario de Seguridad del Estado del Distrito Federal en el que se ubica Brasilia. Se trata del borrador de un decreto presidencial para establecer el estado de defensa en la sede del Tribunal Superior Electoral, (TSE) presidido por el juez del Tribunal Supremo (STF) Alexandre de Moraes. Según el diario Folha de São Paulo, el texto remonta a después de las últimas elecciones y pretendía investigar abusos de poder, sospechas y medidas ilegales tomadas por el presidente del TSE antes, durante y después del proceso de votación. Se trataría de “un intento abortado de cambiar el resultado de las elecciones presidenciales ganadas por Lula”.

De acuerdo con el artículo 136 de la Constitución brasileña, el estado de defensa es un instrumento que el presidente puede utilizar para preservar o restablecer inmediatamente el orden público o la tranquilidad social amenazados por perturbaciones institucionales graves o afectados por calamidades de grandes proporciones en la naturaleza y se establece por decreto. En Twitter, Torres acusó a Folha de “alimentar narrativas falaces” contra él por filtrar el documento “fuera de contexto”. “Había una pila de documentos para tirar en mi casa, donde muy probablemente se encontró el material mencionado en el artículo. Habría llevado todo al Ministerio de Justicia para que lo destruyeran de la forma más adecuada”, dijo Torres. Oficialmente de vacaciones en Estados Unidos durante el ataque, fue detenido en estas horas, luego de aterrizar en Brasilia en un vuelo salido desde Miami. Fue preso él en relación con los graves fallos de seguridad que condujeron a la invasión de los palacios del poder de la capital el pasado domingo.

Según fuentes del Ministerio Público Federal oídas por el sitio brasileño de noticias ‘O Antagonista’, el hallazgo de este documento no puede conducir directamente a la detención de Bolsonaro porque no está firmado y está enteramente mecanografiado. Sin embargo, se puede añadir a otras pruebas. La Corte Suprema de Brasil dijo ayer que investigará al expresidente por inspirar a la multitud que irrumpió en los palacios del poder. Pero, según la prensa brasileña, a pesar del lema que hace estragos en las redes sociales “no a la amnistía”, Lula no está interesado en la detención de Bolsonaro, ni parece estar a favor de una comisión parlamentaria de investigación de los actos antidemocráticos. Incluso se refirió a los manifestantes violentos del 8 de enero simplemente como “locos” en lugar de terroristas, como ha hecho su partido desde el principio. La razón la explica bien un tuit, después borrado, del escritor Paulo Coelho: “Espero que Lula no caiga en la trampa de arrestarlo. No convertir al verdugo en víctima”.

El verdadero impacto de los acontecimientos de la última semana está, en cambio, en la nueva relación que está surgiendo entre el presidente brasileño y los militares, una relación delicada en la historia de Brasil, en la que incluso en momentos de paz siempre planea el fantasma de los años de la última dictadura. Si Bolsonaro se rodeó de generales en su gobierno, empezando por su vicepresidente Hamilton Mourão, Lula ahora se distancia de los militares.

“Las Fuerzas Armadas no son el poder moderador que creen ser”, declaró reiteradamente en estos días. Aliados de Bolsonaro recientemente defendieron la tesis, no prevista en la Constitución, de que los militares podrían intervenir en el gobierno, en una interpretación del artículo 142. Lula probablemente no olvidó que en 2018 el comandante del ejército Eduardo Villas Bôas con un tuit presionó al Supremo Tribunal Federal para que no concediera un habeas corpus que podría haberle quitado 580 días de prisión, pero que probablemente habría sido denegado de todos modos.

El presidente también declaró que perdió la confianza en referencia a supuestas amenazas públicas recientes que recibió de militares vinculados al general Augusto Heleno, asesor de Bolsonaro y ex-ministro de la Oficina de Seguridad Institucional (GSI). Pero la mayor acusación sigue siendo la de que la fuerza militar fue el caballo de Troya del intento de golpe. “Estoy convencido de que la puerta del Palacio de Planalto se abrió para que entrara esta gente porque no hay ninguna puerta rota. Es decir, alguien facilitó su entrada aquí”, dijo Lula.

El nuevo comandante del ejército, el general Júlio Cesar de Arruda, fue nombrado por Jair Bolsonaro en los últimos días de su presidencia y aceptado por Lula a pesar de que su gobierno aparentemente prefería al general Tomás Miguel Paiva. “Lo elegí por Internet”, ironizó el ministro de Defensa de Lula, José Múcio Monteiro, refiriéndose a la antigüedad como criterio de elección para alejar cualquier polémica. El otro aspecto de la crisis entre Planalto y los militares se refiere precisamente al ministro de Defensa, del Partido Laborista Brasileño (PTB), acusado ahora por los petistas (como se llaman los miembros del Partido de los Trabajadores, el PT de Lula) de proteger a las Fuerzas Armadas en lugar de servir a los intereses del gobierno, hasta el punto de que también han circulado rumores sobre su posible sustitución. Pero tanto Múcio como Lula lo han negado. Un cambio de este tipo sólo podría agravar las tensiones y perjudicar al gobierno actual. Ya hay malestar en los militares por el posible levantamiento del secreto del proceso administrativo abierto por el Ejército contra el ex ministro de Salud Eduardo Pazuello, quien tuvo una pésima gestión al frente de la pandemia. La Contraloría General de la Unión (CGU) pretende determinar la divulgación, en su totalidad, del proceso que investigó la participación de Pazuello -ahora diputado federal electo- en un acto político en Río, en 2021.

“El presidente Lula desconfía claramente de los militares tras los acontecimientos del 8 de enero, por lo que es poco probable que encomiende a la institución operaciones críticas de seguridad nacional hasta que se sienta seguro de que está dirigida por personas en las que puede confiar”, explicó a Infobae Lewis Galvin, Country Intelligence Analyst para la agencia de inteligencia de defensa Janes. “Los militares tuvieron varias oportunidades de intervenir en el ciclo electoral y sus secuelas y hasta ahora se han resistido, lo que indica que no están dispuestos a intervenir en las operaciones del gobierno. Es más probable que los problemas surjan de los simpatizantes de Bolsonaro, dentro de los puestos de seguridad pública, así como de los militares, que actúan con negligencia” dijo Galvin.

A pesar de que los mandos de las Fuerzas Armadas acordaron en una reunión con Lula que castigarían con dureza y rapidez a los militares que participaran en el asalto del domingo como ciudadanos de a pie, la desconfianza del presidente no parece haber remitido. El primer cambio inmediato, también primero en la historia de Brasil, es haber retirado a los militares de la función de ayudantes en la oficina presidencial. No serán ellos quienes manejen los maletines del presidente, lleven su teléfono móvil, asistan a sus reuniones confidenciales y viajen con él en el coche presidencial. Además, el clima de desconfianza ha llevado a Lula a no recurrir al uso de la Garantía de Ley y Orden (GLO), que en la legislación brasileña prevé la intervención del ejército, para desmontar los campamentos bolsonaristas donde también se encontraba la esposa del general Villas Bôas, comandante del Ejército hasta 2019 y figura venerada por sus compañeros. En la primera semana de su gobierno, Lula, convencido de la “contaminación” bolsonarista entre los militares, prácticamente eliminó el GSI sin poner nada en su lugar. Sin embargo, los acontecimientos del domingo demostraron que la falta de un aparato de inteligencia adecuado fue un error primario.

Para Galvin, “Lula goza de un amplio apoyo de las instituciones democráticas brasileñas. Es más probable que las dificultades para gobernar se produzcan por la fuerza de los partidos de la oposición en la legislatura o por cuestiones logísticas, como el cierre temporal de la Explanada de los Ministerios. Del mismo modo, el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes se ha mostrado proactivo a la hora de castigar a personas que se cree que promueven propaganda a favor de los disturbios desde las elecciones.”

El creciente protagonismo de Moraes ya había abierto un debate durante la campaña electoral y inspirado al New York Times un duro artículo titulado “Para defender la democracia, ¿el tribunal supremo de Brasil va demasiado lejos?”. El diario de EEUU destacaba como Moraes ordenó a los representantes brasileños de las plataformas más importantes, como Facebook, Youtube y Twitter, que eliminaran miles de publicaciones y vídeos durante la campaña electoral. Pero el caso más llamativo, según el New York times, fue el del diputado del Partido Laborista Brasileño (PLB) Daniel Silveira, condenado en abril a casi nueve años por el STF por un livestream online en el que atacó duramente al mismo Moraes. Silveira fue indultado por Bolsonaro al día siguiente de su sentencia.

La última y drástica decisión de Moraes de impedir las manifestaciones en todo Brasil, sin límite de tiempo para la prohibición por el momento, ha creado cierta perplejidad sobre el futuro de la libertad de expresión en Brasil a largo plazo. El periodista británico Glenn Greenwald también habló de este riesgo. “Acabamos de recibir una orden de censura realmente chocante, que ordena a varias plataformas de medios sociales la eliminación inmediata de numerosos políticos y comentaristas destacados”, escribió en estas horas en Twitter. Elon Musk le contestó en seguida pidiendo de tuitear la orden de censura. En resumen, en esta primera ventana de su tercer mandato, Lula está sustituyendo a los militares por un poder judicial fuerte, quizás incluso demasiado fuerte en algunos casos. Sólo los próximos meses permitirán comprender cuál será el equilibrio real y qué pesos tendrán más voz en su gobierno.

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