El juicio inédito del régimen de Daniel Ortega a un obispo tiene su sentencia ya escrita

“Es histórico”, dice el defensor de Derechos Humanos Pablo Cuevas al referirse al proceso penal que el régimen de Daniel Ortega inició contra monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa. “Nunca en la historia de Nicaragua, ni en la de Centroamérica que yo sepa, se había juzgado a un obispo en funciones”.

Cuevas considera que el juicio contra el religioso pasará a la historia no solo por el personaje sentado en el banquillo, sino por el rosario de irregularidades que el régimen nicaragüense ha ejecutado para condenarlo por delitos que, a su criterio, “no puede demostrar”.

“La suerte de monseñor Álvarez está echada”, añade el abogado, director en el exilio de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos (DNDH). “Ya existe una sentencia de condena, solo se están poniendo los detalles. Ya sabemos lo que va a pasar. Las sentencias se elaboran en El Carmen (la residencia de Ortega)”.

Álvarez, de 56 años, es el obispo de la diócesis de Matagalpa, Nicaragua. La madrugada del 19 de agosto de 2022, la Policía nicaragüense allanó su residencia, en el Palacio Episcopal, después de mantener un cerco policial por 15 días alrededor. La detención del obispo se produjo en medio de una ofensiva del régimen de Daniel Ortega contra la iglesia Católica de Nicaragua, que ya ha llevado a 14 religiosos a la cárcel en estos últimos seis meses, entre ellos siete sacerdotes y un obispo.

El martes pasado, el régimen realizó a puertas cerradas la audiencia inicial contra monseñor Álvarez, en donde la jueza, Gloria María Saavedra Corrales, titular del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencia de Managua, lo remitió a juicio y mantuvo la prisión domiciliar en su contra.

Álvarez es acusado por los delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad”. De la audiencia del martes se supo solamente por un par de fotografías que el régimen publicó y una escueta nota de prensa del complejo judicial de Managua, donde se realizó la sesión.

“Es una acusación absurda contra un consagrado de la Iglesia católica, una persona de oración, dedicado a predicar la paz, el amor y la reconciliación de los nicaragüenses; y de todas las personas del mundo”, editorializó el diario La Prensa y considera que “tanto, el obispo Rolando Álvarez y todos los demás presos políticos y religiosos deben ser reconocidos como mártires de la fe y de la lucha por la libertad, la justicia y la democracia”.

Esta es la segunda vez que se ve, en fotografías, a Monseñor Álvarez, después de su detención el 19 de agosto. Desde ese momento no se supo nada de él, y los organismos de derechos humanos lo daban por “secuestrado”.

El martes 13 de diciembre, se le presentó por primera vez en lo que la justicia nicaragüense denomina “audiencia preliminares”, 117 días después de su detención. En esa ocasión se le vio solitario sentado en el banquillo, visiblemente enflaquecido, con una guayabera azul y con mirada desafiante.

Es esta segunda ocasión, en las fotografías que difundió el equipo de propaganda del régimen lo mostraron de camisa blanca y acompañado de una mujer, que se presume es su abogada defensora. La mirada siempre desafiante.

El abogado Yader Morazán, ex funcionario del sistema judicial nicaragüense, asegura que el régimen le impuso a Álvarez una defensora de oficio, a pesar que la familia pidió la acreditación de una defensa propia, un derecho que la Constitución Política otorga a los acusados.

“La hermana monseñor Álvarez presentó un escrito, tal como establece la ley, nombrando a una abogada defensora que es Aura Estela Alarcón. La familia y la abogada se presentaron al complejo judicial el día y la hora programada para la audiencia. Sin embargo nosotros vemos en las fotografías que quien comparece como abogada defensora es Jennifer Eliett Hernández Granera, que es la misma abogada defensora de oficio de la primera audiencia”, explica Morazán.

Estas son algunas de las irregularidades que el defensor de derechos Humanos Pablo Cuevas ha observado en el proceso penal contra monseñor Rolando Álvarez:

Aislamiento. Antes de ser apresado, la Policía lo sometió a una situación de “Curia por cárcel” al impedirle salir de su residencia. “Eso es ilegal. Los nicaragüenses constitucionalmente tienen derecho a libre movilización, y eso solo lo puede coartar un juez y mediante un procedimiento razonado”, explica Cuevas.

Restricción religiosa. “Vulneraron su derecho constitucional a profesar un credo. Él estaba ejerciendo su práctica religiosa y por ello fue detenido”.

Tratos crueles, inhumanos y degradantes. “Según relataron testigos, fue sacado de la Curia en la madrugada de manera abusiva. Prácticamente lo arrastraron, dijeron”.

Allanamiento ilegal. “La Policía solo podía ingresar al lugar con la orden de un juez y no primó ninguna orden judicial para que ingresaran. La Policía solo puede omitir la orden judicial cuando existe la comisión de un delito en flagrancia y nada de eso estaba sucediendo”.

Sustracción de su juez natural. Debió ser juzgado en Matagalpa donde él vivía y estaba al momento de su captura. Sin embargo, fue llevado a Managua y está siendo juzgado en Managua, fuera de su jurisdicción”

Detención ilegal. “Fue presentado en audiencia preliminar hasta 144 días después de su detención cuando la ley establece como máximo 90 días, según la última reforma que ellos hicieron.

Indefensión. “Se ha vulnerado el derecho a la legítima defensa. No se le aceptó la defensa propuesta por la familia y ha habido restricciones al expediente. No se puede conocer la acusación. No hay acta en el sistema. El abogado de la defensa debería poder entrevistarse de manera irrestricta con su defendido para preparar una defensa adecuada”.

Juicio clandestino. “Por imperio constitucional, los juicios son orales y públicos. Este juicio es cuasi clandestino. Los jueces pueden restringir la publicidad por asuntos de orden y de moral pero aquí nada de eso estaba ocurriendo. Esto generalmente se aplica en delitos de orden sexual”.

Estas irregularidades, afirma Cuevas, debieron haber llevado a la jueza a ordenar la libertad del obispo, quien, al contrario, la ignoró y mandó a juicio al religioso.

Yader Morazán considera que “la imposición de defensores asignados por el régimen, y las audiencias clandestinas” forman parte del patrón de todos los juicios a presos políticos, pero le llama la atención en el caso de Álvarez que la acusación se haya presentado mucho después del tiempo establecido por la ley y que “el régimen ha venido improvisando el trato procesal que se le va a dar a él”.

Personas cercanas al obispo Álvarez aseguraron que el religioso se habría negado a salir al exilio, una condición que el régimen de Ortega le puso para dejarlo en libertad. “Las noticias que nosotros hemos tenido es que a monseñor Álvarez le han ofrecido la libertad, pero fuera de Nicaragua. Lo que no quieren es voces críticas dentro de Nicaragua”, expresó este viernes en el diario La Prensa, el obispo hondureño monseñor José Antonio Canales.

“Es evidente que hay una persecución a la fe”, afirma el abogado Cuevas. “La dictadura ha llegado a niveles increíbles porque ahora ya no le interesan para nada los señalamientos”.

El defensor de derechos humanos dice que la intención del régimen es crear terror entre la población, al demostrar que nadie está seguro. “La gente dice si esto le hacen a monseñor, una persona con carisma, con liderazgo, con bagaje, qué nos pueden hacer a nosotros que somos simples mortales”.

Cuevas señala que la condena contra Álvarez es inminente. “Va a suceder lo que ya todos sabemos: el abuso de autoridad prevalecerá y será condenado”.

Yader Morazán piensa algo similar. “Ninguna persona procesada por razones políticas tiene circunstancias jurídicas. No tienen ninguna posibilidad de ejercer una defensa”.

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