Los vínculos de Nayib Bukele con un empresario guatemalteco prófugo por corrupción y lavado de dinero

La ceremonia ocurrió el 21 mayo de 2014 en Nuevo Cuscatlán, un pequeño municipio ubicado en la periferia suroeste de San Salvador y reconvertido en los últimos años en ciudad dormitorio de clase media. El alcalde del lugar era entonces Nayib Bukele, el actual presidente de El Salvador, y en aquel evento se disponía a lanzar un plan para atraer inversiones por unos mil millones de dólares al municipio. Uno de los potenciales inversionistas invitados era Mario Leal, un empresario y político guatemalteco que es hoy prófugo de la justicia en su país, donde está acusado de financiamiento electoral ilícito y lavado de dinero.

Mario Leal ya era, entonces, un político curtido en Guatemala. Miembro de una familia dedicada a los bienes raíces, la explotación azucarera y el desarrollo urbanístico, Leal saltó a la política a principios de la década 2010 como financista de la campaña del militar Otto Pérez Molina, quien llegó a la presidencia de Guatemala en 2012 y tres años después fue arrestado por cargos de corrupción.

En abril de 2015, menos de un año después de haber viajado a El Salvador a explorar inversiones con el joven Nayib Bukele, Leal participó en otro acto en Ciudad de Guatemala, el de su presentación como candidato a la vicepresidencia por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), como fórmula de la ex primera dama Sandra Torres. Su papel en aquella aventura política, de acuerdo con crónicas periodísticas de la época, era el de conseguir dinero para la campaña presidencial; un medio local usó el título “El gran recaudador de la UNE” en un perfil que escribió sobre el vicepresidenciable.

Mientras recogía dinero para las presidenciales, entre empresarios y viejos socios, Leal estaba implicado en una actividad paralela: era parte de una red de corrupción que chantajeaba y pedía sobornos para acelerar devoluciones de impuestos a personas naturales y empresas, de acuerdo con una investigación abierta poco tiempo después por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público. A ese caso se le conoció como “Traficantes de influencias”.

En un informe financiero fechado en octubre de 2018, del que Infobae tiene copia, la CICIG determinó que Leal recibió cheques de un intermediario “como pago de su cuota de la ganancia calculada como porcentaje sobre la comisión ilícita que… repartía entre los integrantes de la estructura (criminal)”. Esa investigación determinó, también, que Leal y otros cómplices habían creado una red de empresas de cartón para financiar la campaña presidencial de la UNE en 2015. A esas empresas entró parte del dinero que Leal cobraba de la red criminal de sobornos, según CICIG.

En Nuevo Cuscatlán, El Salvador, la idea del guatemalteco Leal, según conocerían cuatro años después el Ministerio Público de Guatemala y la CICIG, era iniciar una relación con Bukele, el joven político salvadoreño que ya en 2014 empezaba a preparar su camino hacia la presidencia del país. Luego, en 2016, cuando Bukele ya era alcalde de San Salvador, a través de operadores económicos y políticos, Leal echó adelante un proyecto multimillonario para construir tres mercados en la capital salvadoreña.

En mayo de 2014, días después de presentar su plan de inversiones para Nuevo Cuscatlán, Bukele publicó en su cuenta de Facebook un vídeo promocional de los proyectos que, se suponía, su administración iba a desarrollar en el pequeño municipio con los dineros de inversionistas como Mario Leal.

Aquellos eventos, vistos casi una década después, eran el prólogo de varios rasgos que Bukele desarrollaría a lo largo de su carrera política, primero como alcalde de Nuevo Cuscatlán y de la capital San Salvador y luego como presidente del país. La mayoría de los proyectos anunciados en mayo de 2014 siguen en el papel o en animaciones digitales promovidas en redes sociales como Facebook o Instagram, mientras los orígenes y cauces de los dineros canalizados a través de los supuestos proyectos de inversión se mantienen en la oscuridad.

Poco se volvió a hablar de Mario Leal en los círculos políticos y medios de comunicación salvadoreños desde que se tomó la foto con Bukele en Nuevo Cuscatlán, pero, en silencio y a través de sus operadores, el guatemalteco seguía armando negocios con el entorno del político salvadoreño.

El principal intermediario de Leal era un hombre llamado José Paz, quien según documentos oficiales de la alcaldía capitalina, mantuvo contacto con el círculo íntimo de Bukele en San Salvador al menos hasta 2017.

Nayib Bukele fue elegido alcalde de San Salvador el primero de marzo de 2015 y tomo posesión del cargo en mayo de ese año. Unos meses después, en octubre, la alcaldía capitalina convocó un concurso público para la construcción y mejoramiento de tres mercados de abastos en el centro de la capital salvadoreña. Se trataba de un proyecto multimillonario, cuyo costo rondaba los 100 millones de dólares.

La administración municipal de Bukele otorgó el contrato a la empresa Direct Security Systems de El Salvador (DDS), que se había creado apenas en junio de 2015 y con poca experiencia verificable en la construcción o el desarrollo de infraestructuras urbanas públicas, por un valor final de USD 91.4 millones. Las huellas del guatemalteco Mario Leal, embarcado entonces en un esquema de sobornos y posible lavado de dinero en su país, aparecen en el negocio de los mercados a través de José Paz y un mexicano de nombre Enrique Sánchez.

El 13 de julio de 2016, en una sesión extraordinaria del concejo municipal, los funcionarios de la administración Bukele conocieron oficialmente a los representantes de la empresa DDS. En la reunión estuvieron presentes el ciudadano mexicano Enrique Sánchez, presidente de la compañía Makensa, de la cual dependía DDS, y propuesto para ser nombrado presidente de la junta directiva de la Sociedad de Economía Mixta (SEM) que Bukele pretendía crear junto a DSS. También estuvo presente José Guillermo Paz, en representación de Makensa, según consta en el acta levantada en la alcaldía de San Salvador aquel día, de la que Infobae tiene copia.

La participación de Sánchez y Paz en las negociaciones con la alcaldía dirigida por Bukele también constan en un documento de la municipalidad fechado el 10 de marzo de 2016 y dirigida a Hassan Bukele, secretario municipal, para solicitarle que se acepte a DDS como socio estratégico de la alcaldía en la constitución de la empresa mixta que se encargaría de construir los mercados.

El nombre del mexicano Sánchez también aparece en las investigaciones que la CICIG hizo en Guatemala al político Mario Leal. Sánchez era uno de los representantes legales de la empresa Manufactura de Estructuras S. A., registrada en la Ciudad de Guatemala el 27 de agosto de 2013. CICIG y fiscales guatemaltecos descubrieron que la empresa de Sánchez había hecho traslados de dinero por unos USD 85,000 a una empresa llamada Maariv, que Mario Leal utilizó para recibir de forma ilegal fondos que usó para financiar su campaña política y para lavar dinero procedente de sobornos.

Las autoridades guatemaltecas sospechaban que estos traslados de dinero eran parte del esquema de financiamiento electoral ilícito y lavado de dinero por el que investigaban a Leal. El 24 de septiembre de 2018, el Ministerio Público tomó declaración al mexicano como testigo en la investigación. Ahí, Sánchez ahondó en las relaciones entre Leal y el entorno de Bukele.

José Paz, cuenta Sánchez, “está vinculado al señor Mario Leal” y en 2015 ambos estaban relacionados con un proyecto que involucra un contrato en El Salvador por un “llamamiento público que hace la alcaldía de San Salvador”, el de la construcción de los mercados. Sánchez y Paz, en nombre de Leal, acuerdan que participarían en el negocio con la empresa Makensa, que luego aparece vinculada a DDS, la compañía que ganó el concurso público por USD 91.4 millones durante la administración de Bukele en la capital salvadoreña.

Cuando esto ocurría, según la declaración del mexicano, Mario Leal intentaba “replicar en El Salvador el proyecto Cayalá”. Cayalá es el centro comercial más grande y exclusivo de Ciudad Guatemala, y la idea que tenía Leal era hacer una inversión similar en Nuevo Cuscatlán, el municipio que Nayib Bukele gobernó entre 2012 y 2015.

Sánchez declaró a los fiscales guatemaltecos que dio a Paz dos cheques, uno por USD 50,000 y otro por 250,000 quetzales (unos USD 35,000) para financiar el proyecto de El Salvador. Es el mismo dinero que el informe financiero de la CICIG de 2018 ubica como parte de la operación de financiamiento electoral ilícito y lavado de dinero atribuido a Mario Leal a través de su compañía Maariv.

En enero de 2018, el MP de Guatemala reveló que había ordenado la captura de Mario Leal, quien desde entonces es prófugo de la justicia de su país. En mayo 2019, Interpol, que había emitido una difusión roja internacional, localizó a Leal en Washington, DC, pero el político nunca fue enviado a Guatemala. A la fecha sigue prófugo.

El mexicano Sánchez y el guatemalteco José Paz, operador de Leal en El Salvador, terminaron peleados por el negocio de los mercados en San Salvador, de acuerdo con un investigador salvadoreño y otro guatemalteco que conocen el caso y hablaron con Infobae desde el anonimato por razones de seguridad. El investigador salvadoreño aseguró que Leal reclamó a Sánchez por los dineros del negocio de los mercados. El contrato multimillonario fue confirmado durante la gestión de Ernesto Muyshondt, sucesor de Bukele, y sigue vigente.

Sánchez, el mexicano, fue detenido de forma fugaz en marzo de 2022 por una supuesta estafa de USD 9 millones, relacionada según el investigador salvadoreño a los negocios con Mario Leal. Por intercesión de Conan Castro, secretario jurídico del presidente Nayib Bukele, Sánchez fue puesto en libertad casi de inmediato. Aún vive en San Salvador. De los dineros invertidos por Mario Leal en San Salvador no hay noticia.

Los financiamientos de origen dudoso que Bukele y su entorno recibieron a principios de la década pasada, cuando el político salvadoreño inició su exitosa carrera hacia la presidencia del país, no se limitan a los que entraron desde las mafias guatemaltecas y salpican a varios funcionarios que hoy ocupan oficinas poderosas en el Estado.

Decía Iván Velásquez, el magistrado colombiano que dirigió la CICIG cuando la comisión acompañó al MP de Guatemala en algunas de las investigaciones más relevantes de los últimos años, que el pecado original de la política guatemalteca era el financiamiento electoral ilícito. Por ese delito está prófugo Mario Leal y de algo similar hay indicios en El Salvador que involucran a Nayib Bukele y que han sido enterrados por la fiscalía salvadoreña, cuyo titular trabaja a las órdenes del presidente.

En octubre de 2013, una empresa de cartón relacionada al conglomerado Alba Petróleos, financiado con dinero proveniente de la petrolera estatal venezolana, liberó unos USD 3.75 millones a Bukele y su entorno, de esos USD 1.9 millones a nombre del actual presidente. En 2019 la fiscalía salvadoreña, presionada por Estados Unidos, abrió una investigación de los dineros de Alba Petróleos. En allanamientos a varias empresas del consorcio, realizadas en mayo de ese año, los fiscales encontraron documentos que probaban los traslados de dinero a Bukele. El fiscal general de entonces, Raúl Melara, dio largas a la investigación, y el fiscal actual, Rodolfo Delgado, él mismo exempleado de Alba Petróleos, enterró por completo el expediente.

Fue un año después de recibir el dinero del petróleo venezolano que Bukele y su entorno empezaron los tratos con Mario Leal, el político guatemalteco investigado por lavar dinero proveniente de sobornos y financiamiento electoral ilícito. La huella más evidente de esa relación es el contrato fallido por los mercados de San Salvador, pero, de acuerdo con una investigación del medio independiente salvadoreño Mala Yerba, los rastros del dinero alcanzan a otros funcionarios del bukelismo, como Conan Castro, el secretario jurídico, a quien Estados Unidos ha incluido en la lista de funcionarios corruptos y antidemocráticos de Centroamérica y a quien Washington ha aplicado la Ley Magnitsky, también por sospechas de su participación en esquemas de corrupción.

Una investigación del medio independiente salvadoreño Mala Yerba reveló, en marzo de 2022, que Ernesto Castro, ex secretario privado de Bukele y actual presidente de la Asamblea Legislativa, y su esposa, Michelle Sol, ministra de vivienda, también tuvieron relaciones con un inversionista relacionado a Mario Leal a través de una empresa llamada Inversiones Cayalá El Salvador. Sol fue elegida alcaldesa de Nuevo Cuscatlán en 2015 cuando Bukele saltó a la alcaldía de San Salvador. En 2017, durante la gestión de Sol, la alcaldía promovió una actualización de la zonificación ambiental de Nuevo Cuscatlán, lo que favoreció, entre otras empresas, a Inversiones Cayalá.

Infobae intentó comunicarse con los funcionarios de la administración Bukele mencionados en este artículo a través de las oficinas de comunicaciones de la presidencia salvadoreña. No hubo respuesta.

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