Quién cosechará el capital político del golpe fallido del 8 de enero en Brasil

Si la historia reciente de Brasil fuera una tragedia griega, los dramáticos acontecimientos del pasado domingo representarían su catarsis con un mal que, expresándose con la máxima potencia, acaba extinguiéndose permitiendo que el orden se restablezca. Pero la vida no es una tragedia y la política brasileña siempre ha sido más compleja de lo que parece.

La respuesta del gobierno a la gravísima violencia del domingo con la invasión de los edificios simbólicos de la democracia brasileña fue firme: unas 1.500 personas bajo custodia policial, incluyendo niños, que se convirtieron en 750 arrestos además de la solicitud de detención del secretario de seguridad del Distrito Federal, Anderson Torres, que desde Florida, donde se encuentra, ha hecho saber que se entregará, y la detención del comandante de la policía militar del Distrito Federal, Fabio Augusto Vieira. El ministro de Defensa, José Múcio Monteiro, también se arriesga a perder su puesto, acusado por Lula de subestimar los riesgos, junto con el jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, el general Gonçalves Dias.

“Nuestra reacción fue cualitativamente superior a la de Estados Unidos tras la invasión de su Capitolio”, subrayó el ministro de Justicia y Seguridad Nacional, Flávio Dino. Pero la represión del gobierno, como suele ocurrir en estos casos, no está exenta de críticas, empezando por la búsqueda de responsabilidades institucionales. Si la justicia brasileña ya identificó el primer escalón, muchos empiezan a preguntarse también sobre el papel del nuevo gobierno en todo este asunto.

El senador Marcos do Val, del partido Podemos, miembro de la Comisión Mixta de Control de las Actividades de Inteligencia, envió una carta al ministro Dino pidiendo aclaraciones sobre su no intervención a pesar de la alerta dada por la ABIN, la agencia de inteligencia de Brasil. En su perfil de Twitter, Do Val escribió que “el Ministro de Justicia fue informado de los atentados el día anterior. Y cuando empezaron, miró por la ventana del ministerio, observó y no hizo nada. También estoy reuniendo pruebas de que el Presidente Lula sabía lo que iba a ocurrir, pero no hizo nada”. En las horas de los enfrentamientos, Lula, que como exige la Constitución al ser presidente es también jefe de las Fuerzas Armadas, se encontraba en Araraquara para comprobar los daños de las lluvias caídas 11 días antes.

“¿Por qué, si el Gabinete de Seguridad Institucional (GSI) de la Presidencia había dado la alerta, Lula no ordenó reforzar la seguridad? ¿Dónde estaba la fuerza nacional solicitada por el ministro de Justicia, Flavio Dino?”, se preguntan ahora periodistas en Twitter como Igor Gadelha, de Metrópoles. Además, según el diario O Globo, la exoneración de 14 miembros de la unidad de inteligencia de la Policía Rodoviaria Federal en los primeros días del nuevo gobierno, creó un vacío en la identificación de riesgos que contribuyó al desastre.

La polémica viene acompañada también de los primeros balances sobre el capital político del 8 de enero y quien lo recogerá. A corto plazo, Lula sale ciertamente reforzado al obtener dentro pero también fuera del Congreso, ese consenso generalizado que venía vacilando desde su investidura. Las imágenes con las que se mostró al mundo brazo en brazo con sus ministros y su omnipresente esposa Janja, al puro estilo de la obra Cuarto Estado del pintor italiano Pellizza da Volpedo, valieron más que mil discursos y dejaron en segundo plano otras noticias.

Por ejemplo, la cuestionable autorización de 750.000 vacunas chinas que se producirán en Brasil, donde el servicio sanitario ha ofrecido hasta ahora vacunas probadas y autorizadas por las estrictas agencias reguladoras europeas y estadounidenses. Tampoco ha suscitado debate la decisión del Tribunal de Cuentas de Brasil (TCU) de que la ley sobre empresas estatales no impide el nombramiento de Aloizio Mercadante como presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Es cierto que la ley prohíbe el nombramiento de cualquier persona que en los últimos 36 meses haya participado en la estructura de toma de decisiones de un partido político en campaña electoral, pero Mercadante, según el tribunal, participó en la de Lula “de manera informal”. Por no hablar de que la invasión de los lugares simbólicos de la democracia borró de un plumazo las fuertes críticas a la primera semana del nuevo gobierno, desde la ministra de Turismo, Daniela Carneiro apoyada en la campaña electoral por milicianos hasta las declaraciones contradictorias de algunos ministros.

Sin embargo, los brasileños tienen poca memoria. Es muy probable que su 8 de enero también acabe en el desván -como ocurrió en el pasado con las violentas protestas contra el gobierno de Dilma Rousseff de 2013 a 2016 y el escándalo de corrupción detonado por la Lava Jato- para encontrarse desnudos ante la realidad del presente. “Los hechos son certezas absolutas” (“facts are stubborn things”), decía el presidente estadounidense John Adams, y los hechos decidirán en última instancia el futuro de los brasileños, empezando por la economía. Aunque el famoso cientista politico estadounidense Ian Bremmer, de Eurasia, ha pronosticado que la popularidad de Lula puede alcanzar ahora el 70% gracias al eco de la tentativa de golpe, “el presidente seguirá enfrentándose a una situación económica muy difícil. Si no consigue mejorar realmente las perspectivas del país, reaparecerán los riesgos de desestabilización en un país profundamente polarizado” dijo Bremmer.

Cabe preguntarse, por tanto, qué repercusiones tendrán los acontecimientos del 8 de enero en las próximas decisiones del gobierno. En otras palabras, si Lula, por miedo a las revueltas sociales, optará por la vía populista, autorizando medidas buenas para el consenso pero peligrosas para la economía, como la exención de impuestos a la gasolina, que habrá que reconsiderar en un futuro próximo, o si más bien aprovechará el momento para hacer tragar a la población hasta las píldoras más amargas.

Los periodistas de CNN Brasil han anunciado que una de las principales promesas de campaña, el aumento del salario mínimo, será probablemente menor de lo prometido, 1302 reales en lugar de 1320, cerca de tres dólares a menos, mientras que en estas horas Lula ha sancionado la ley que aumenta un 18% el sueldo de los miembros del Supremo Tribunal Federal. Así pues, si éste es el camino del nuevo gobierno, tal vez signifique que Lula ya no teme las manifestaciones de la gente común, cuya mera idea le había hecho dar marcha atrás en los aumentos de la gasolina al comienzo del año. ¿Quizás Lula crea que el miedo a ser confundidos con bolsonaristas será a partir de ahora un elemento disuasorio para cualquier protesta, o quizás será su propio gobierno el que blandirá el fantasma del bolsonarismo para reprimir cualquier manifestación disidente? Todo el desafío democrático del nuevo gobierno de Lula y de Brasil se juega, por tanto, en esta frágil cresta.

El periodista Marco Sabino escribió en un perspicaz editorial publicado en Metrópolis titulado “el gran regalo que Jair Bolsonaro le hizo a Lula” que “la mafia bolsonarista quería un golpe de Estado, pero sólo dio un pretexto. Estas personas son tan criminales así como son idiotas políticos”.

Ahora podría ser más fácil para Lula imponer por ejemplo propuestas consideradas cuestionables antes del 8 de enero por periodistas y juristas, como su antiguo proyecto de “regulación de los medios de comunicación”, interpretado por muchos como una posible vuelta a la censura estatal. Entonces, ¿qué pasará con la Procuradoria Nacional de la Defesa de la Democracia lanzada por el nuevo gobierno al inicio de su mandato con el objetivo de luchar contra la “desinformación sobre políticas públicas” sin que el concepto de la desinformación esté contemplado en el ordenamiento jurídico brasileño? ¿Qué será de la secretaría Políticas Digitales creada por Lula para luchar contra las fake news y la incitación al odio? El diario Estado de São Paulo antes de la violencia del domingo había advertido: “Es una formulación peligrosa porque no impide que el gobierno califique de desinformación lo que es mera opinión. Pone en práctica la vieja estrategia de demonizar a los adversarios y atribuirse el monopolio absoluto de la verdad”.

En cuanto a Bolsonaro, si no lo detienen, seguramente será marginado todavía más por sus propios ex aliados, ese centroderecha que ahora intenta renacer en forma democrática de sus cenizas. Pero, ¿podrá esta aún imprecisa fuerza política evitar que un nuevo Bolsonaro aparezca mesiánicamente para interceptar y explotar el descontento si las cosas se ponen mal económicamente?

Por último, lo ocurrido hasta ahora es una buena lección para la política brasileña, que está pagando el efecto boomerang de decisiones tomadas en el pasado sólo por oportunismo. Por ejemplo, la justicia lo tendrá difícil para acusar de terrorismo a los autores de los actos vandálicos del domingo. De hecho, la ley antiterrorista aprobada en 2016 bajo el gobierno de Dilma Rousseff carece de motivación política porque fue la izquierda la que luchó para que no estuviera. Y la diferencia en las sanciones no es pequeña. En caso de terrorismo, según la legislación brasileña, las condenas pueden ser de 12 a 30 años de prisión, mientras que por delitos contra las instituciones democráticas, son entre 4 y 12 años. Además, si se analizan las razones profundas de la deriva ideológica de esa parte de la población que ha abrazado ciegamente el bolsonarismo más radical, habrá que preguntarse hasta qué punto la escasa inversión en educación publica a lo largo del tiempo ha pesado en la ausencia de un pensamiento crítico y en la formación de una conciencia democrática.

En resumen, si muchos ganan algo con los acontecimientos del domingo, la derecha para recomponerse de una nueva manera, Lula para fortalecer su gobierno, quien pierde es, como siempre ocurre en Brasil, sólo la población, los que trabajan honestamente y pagan impuestos y que, con sus impuestos, ahora también tendrán que pagar la factura de lo que fue destruido dentro de los palacios del poder el domingo pasado.

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