La convocatoria a nuevas manifestaciones bolsonaristas en Brasil para “retomar el poder” de manos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva fracasó, con la seguridad policial reforzada y la expectativa de nuevas detenciones.
Tras la invasión de las sedes de los tres poderes el domingo en la capital brasileña, entre ellas el palacio de Planalto, Lula anunció este jueves en un desayuno con periodistas que “es hora de una revisión profunda” del equipo que trabaja en el edificio presidencial.
“Estoy convencido de que la puerta del Palacio de Planalto fue abierta para que las personas entraran, porque no hay puertas rotas”, dijo el mandatario de izquierda. “Significa que alguien les facilitó la entrada aquí”, agregó sobre el violento ingreso de los partidarios del ex presidente Jair Bolsonaro al edificio.
Las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar quién organizó y cómo se financiaron los manifestantes que protagonizaron los violentos disturbios. Miran además si hubo fallas internas por parte de los responsables de resguardar las sedes de los poderes públicos.
Casi 2.000 personas fueron detenidas después de las manifestaciones del domingo, con 1.159 que permanecen recluidas tras ser interrogadas, de acuerdo con el último parte oficial.
El miércoles, el gobierno reforzó las medidas de seguridad, especialmente en Brasilia donde el acceso a la zona principal de edificios públicos fue cerrado, ante el anuncio en redes sociales de nuevas manifestaciones, que finalmente no se materializaron.
El Ejecutivo instaló barreras físicas para cercar la Explanada de los Ministerios, una larga extensión que concentra las sedes de las secretarías de Estado y que desemboca en el Congreso Nacional, el palacio presidencial de Planalto y el Supremo Tribunal Federal.
En la mañana del jueves el tránsito estaba restablecido, y la neurálgica área contaba con presencia moderada de seguridad.
La “Mega Manifestación para retomar el poder” fue convocada por redes sociales para la tarde del miércoles en varias capitales estatales.
Pero los seguidores de Bolsonaro no acudieron a la cita.
En Río de Janeiro, fue dispuesto un nutrido operativo de seguridad en la turística playa de Copacabana, pero los manifestantes no comparecieron.
En San Pablo, solo dos jóvenes aparecieron en la principal avenida Paulista vistiendo camisetas verdes y amarillas, los colores de la bandera nacional que se apropiaron los bolsonaristas. Uno de ellos sostuvo que la convocatoria fracasó por temor a las acciones de la justicia.
Desde Estados Unidos, a donde partió dos días antes del fin de su mandato que concluía el 31 de diciembre, Bolsonaro condenó los actos del domingo pero al igual que las últimas semanas de su presidencia se ha mantenido prácticamente en silencio.
El ex mandatario “no lidera propiamente, entonces el movimiento está sin aliento para seguir adelante”, añadió Monteiro, coautor del libro “Bolsonarismo: Teoría y Práctica”.
Tras los ataques contra los símbolos de la democracia en Brasil, Lula rápidamente recibió el apoyo de los líderes del Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF), así como de los gobernadores.
El magistrado del STF Alexandre de Moraes, enemigo declarado del bolsonarismo, ordenó el miércoles a los gobiernos estatales que prohíban el bloqueo de rutas y la invasión de edificios públicos. El resto de la corte suprema analiza este jueves si mantiene esa decisión.
Moraes también ordenó el arresto del coronel Fabio Augusto, comandante de la policía militar del Distrito Federal (que abarca Brasilia), así como de Anderson Torres, ex ministro de Bolsonaro, por su presunta “omisión y connivencia” con los desmanes del domingo cuando fungía de secretario de Seguridad de la capital, un cargo del que fue despedido tras los disturbios.
Anderson, que niega “cualquier tipo de connivencia con las barbaries”, afirmó que volvería a su país desde Estados Unidos, donde estaba de vacaciones, y su llegada a Brasilia es esperada esta semana.
Mientras tanto, Lula avanza en la instalación de su nuevo gobierno y este jueves recibe a varios de sus ministros en el Palacio de Planalto, en donde aún son visibles las marcas de la asonada.
Las acciones violentas tienen poco apoyo popular, según una encuesta de la consultora Datafolha que arrojó que 93% de los brasileños repudia el asalto a los edificios públicos sucedido el último domingo.
Sólo el 3% concuerda con los ataques perpetrados por bolsonaristas radicalizados, según el sondeo, que consultó a 1.214 personas de forma telefónica.
(Con información de AFP)
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