Tras el desmonte del campamento de los militantes bolsonarista, el Gobierno de Lula da Silva apunta a la normalización de Brasilia

El funcionamiento institucional de Brasil está totalmente normalizado tras el desmonte del campamento en que se refugiaban los bolsonaristas radicales que atacaron el domingo las sedes de los tres poderes en la capital Brasilia, con unas 1.500 detenciones, afirmaron este lunes fuentes oficiales.

“Gracias a Dios el país camina hacia la absoluta normalización institucional a gran velocidad”, dijo el ministro de Justicia, Flavio Dino, en una rueda de prensa en la que hizo un balance de las operaciones para reprimir a los responsables por los asaltos a las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema.

De acuerdo con Dino, pese a los daños aún visibles en las principales edificaciones públicas del país, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, acudió a trabajar normalmente en el Palacio presidencial de Planalto, en el que se reunió con autoridades de los otros poderes y con los comandantes militares.

“Lula se reunió con las autoridades civiles y con los comandantes de las Fuerzas Armadas, de modo a que, tanto en lo que se refiere a las instituciones civiles como a las militares, reina la plena normalidad”, aseguró.

Según el ministro, el líder progresista también tiene previsto reunirse en la noche de este lunes con los gobernadores de los 27 estados de Brasil, que manifestaron rechazo unánime a los ataques.

“Lo más importante es que las Fuerzas Armadas se mantuvieron fieles a la autoridad democrática y eso es algo que tenemos que conmemorar. En un modo general diría que lo peor ya pasó y que ahora cabe esperar los juicios políticos y criminales”, dijo.

Dino afirmó que, un día después de los ataques de seguidores del ex presidente Jair Bolsonaro que no reconocen la victoria de Lula en las elecciones, es posible reiterar que los “terroristas” no obtuvieron éxito en su intento de ruptura de la legalidad.

“No obtuvieron éxito en su intento de generar un efecto dominó. Algunos creían que a partir de esos eventos simbólicos, como los de invadir la Presidencia y el Congreso, propiciarían nuevas aventuras, y eso fue superado”, aseguró al referirse a la intención de los bolsonaristas radicales de forzar un golpe de Estado contra Lula.

El ministro afirmó que el interventor federal que el jefe de Estado nombró para asumir la gestión de la seguridad en Brasilia actuó rápidamente y, con el apoyo de la Policía y el Ejército, desmontó el campamento que los bolsonaristas habían instalado desde las elecciones frente a la sede del Cuartel General del Ejército.

Los ataques de la víspera partieron desde este campamento, a donde los radicales regresaron por la noche luego de que la Policía los desalojara de las edificaciones gubernamentales.

“El domingo fueron realizadas 209 detenciones en flagrante y en este momento son escuchadas por la Policía unas 1.200 personas que estaban en el campamento, es decir que tenemos en total unas 1.500 personas arrestadas”, dijo.

Agregó que la mayoría de los detenidos estaba en el campamento y fue encaminada a una sede de la Policía Federal, para ser identificados e interrogados por unos 50 equipos de investigadores.

Sobre las versiones de que muchas de esas personas son inocentes, dijo que el Gobierno considera que hay que investigar su posible participación como autores o coautores de diferentes crímenes.

“Hay un conjunto de crímenes, como intento de golpe de Estado, intento de violación del Estado democrático, daños al patrimonio público, asociación para delinquir, lesiones corporales... que generan múltiples posibilidades para responsabilizarlos. Si no fueron autores, fueron coautores o copartícipes”, aseveró.

Dino agregó que las autoridades también neutralizaron los intentos de bolsonaristas de promover manifestaciones en otros estados del país y que ya desbloquearon las nueve carreteras en que se registraron manifestaciones el domingo e inmovilizaron 40 autobuses que transportaban radicales.

Afirmó que la Policía está realizando los trabajos de recolección de pruebas en las edificaciones atacadas para poder instruir las investigaciones y permitir una responsabilidad civil.

“Los informes de los criminalistas están dimensionando los daños para que la Abogacía General de la Unión pueda exigir una indemnización de los responsables por los ataques”, concluyó.

(Con información de EFE)

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