El día después de la devastación

Tras la devastación de Brasilia, ahora es el turno de las preguntas. Y la que ahora rebota de un gabinete a otro del gobierno Lula es una. ¿Cómo es posible que, a pesar de las decenas de autobuses llegados ayer por la mañana a la capital desde todos los lugares del país, nadie planteara la cuestión de un posible riesgo para la seguridad de la ciudad y sus edificios institucionales? ¿No habían bastado los violentos enfrentamientos del pasado 12 de septiembre, de nuevo en Brasilia, donde los bolsonaristas quemaron coches e intentaron invadir el edificio de la Policía Federal, para dar la voz de alarma? ¿Y el intento de atentado en el aeropuerto unas horas antes de la ceremonia de investidura del nuevo presidente? Por no hablar de las protestas desde la victoria de Lula frente a cuarteles no sólo en Brasilia que se han convertido en guarniciones permanentes pidiendo un golpe militar.

El primero en ser acusado fue el Secretario de Seguridad del Distrito Federal (DF), donde se encuentra la capital, Brasilia, Anderson Torres. Ex ministro de Justicia del Gobierno de Jair Bolsonaro, Torres se encontraba en las horas decisivas en Orlando, Estados Unidos, donde el ex presidente reside desde el 30 de diciembre. Torres fue despedido y la Abogacía General del Sindicato (AGU) pidió al Supremo Tribunal Federal (STF) su detención por cargos de omisión relativos a vandalismo e invasiones de edificios del poder. Además, la Orden de los Abogados de Brasil (OAB) pidió a Rosa Weber, presidenta del STF, que todos los participantes en las invasiones sean encuadrados en la ley antiterrorista de 2016, dado “el terror causado sistemáticamente por estos grupos y el radicalismo de los temas defendidos por estos criminales”.

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Las críticas y sospechas no perdonaron ni siquiera al gobernador del DF, Ibaneis Rocha, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), que pidió disculpas a Lula y a la nación. “Lo ocurrido es inaceptable. Son vándalos, auténticos terroristas que recibirán de mí la guerra que merecen para que sean castigados”, afirmó. Sin embargo, Alexandre de Moraes, del STF, ordenó su destitución por 90 días aceptando el pedido de la Fiscalía General de la República (AGU). Con esa decisión, la vice de Ibaneis, Celina Leão del Partido Popular (PP), asume el gobierno del DF. Según Moraes, Ibaneis “no sólo hizo declaraciones públicas en defensa de una falsa manifestación política libre en Brasilia”, sino que también hizo caso omiso de todos los llamamientos de las autoridades para aplicar un “plan de seguridad”, prohibiendo a “los criminales terroristas entrar en la explanada de los Ministerios. Por el contrario, “autorizó un amplio acceso”.

Y aunque hasta ayer la seguridad era responsabilidad del estado de Brasilia, siendo Brasil un país federal, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino, admitió errores y agujeros en las fuerzas de seguridad. “Ha habido omisiones en el aparato de seguridad pública”, declaró. “Hay preferencias ideológicas en las instituciones que dificultan el cumplimiento del deber. Una vez más hemos visto esta perversa infiltración de ideologías exóticas e inaceptables en las instituciones del Estado brasileño. Que todos los funcionarios civiles y militares cumplan con su deber”.

Sin embargo, la prensa brasileña reveló que grupos bolsonaristas en las redes Telegram y Whatsapp se movilizaban desde el 3 de enero para organizar las invasiones. El plan, según las primeras reconstrucciones, consistía en ocupar los palacios del poder y bloquear las refinerías de combustible de todo el país para sembrar el caos y facilitar un golpe de Estado. ¿Es posible que nadie alertara a quienes se suponía que estaban a cargo de la seguridad? Los extremistas consiguieron incluso robar armas y municiones en el perimetro de la seguridad del presidente, en el Palacio del Planalto.

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La primera respuesta inmediata fue la decisión de Lula de declarar la intervención federal en la seguridad del Estado del Distrito Federal, hasta el 31 de enero. Traducido en palabras sencillas significa que la gestión de la seguridad no será local sino centralizada a nivel nacional con la posibilidad de intervención del ejército. La ironía del destino es que el llamado “interventor”, es decir, el coordinador de las acciones de seguridad bajo el mando de 13.000 policías, será Ricardo Garcia Cappelli, secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia del Partido Comunista de Brasil (PCdoB). Es famoso por haber traído a Fidel Castro a Brasil en 1999 para el 46º congreso de la Unión Nacional de Estudiantes (UNE). Según algunos analistas políticos brasileños, la elección de Cappelli, que no tiene experiencia con las fuerzas de seguridad del país, ya sean policiales o militares, corre el riesgo de echar más leña al fuego y ser un obstáculo para la pacificación del país.

Mientras tanto, la Policía Federal ya ha instalado un gabinete de crisis para identificar a los autores. Entre los participantes en la invasión del Congreso se encontraba también un sobrino de Bolsonaro, Leo Indio. En un discurso transmitido en directo por televisión desde Araraquara, donde había ido a constatar los daños causados por las fuertes lluvias, Lula dijo que detrás de las invasiones está muy probablemente “el agronecio fascista”, “con ayuda extranjera”, haciendo referencia indirecta al hombre que está siendo señalado en los pasillos como el instigador oculto de esta masa devastadora, es decir, Steve Bannon. El ideólogo de Trump, condenado a cuatro meses de cárcel por desacato al Congreso de EEUU, nunca ha ocultado sus relaciones con la familia Bolsonaro, en particular con sus hijos. Y en las mismas horas en que Brasilia era invadida por el extremismo radical, en su perfil de la plataforma Gettr, que reúne a extremistas de todo el mundo, escribía que “Lula robó las elecciones. Los brasileños lo saben”, calificando a los autores de la violenta invasión de “luchadores por la libertad”.

Las declaraciones de Bolsonaro en Twitter ciertamente no ayudarán a restablecer un clima de pacificación. “A lo largo de mi mandato, siempre me he mantenido dentro de las cuatro líneas de la Constitución respetando y defendiendo las leyes, la democracia, la transparencia y nuestra sagrada libertad” dijo, luego atacando a la izquierda. “Las manifestaciones pacíficas, en forma de ley, forman parte de la democracia. Sin embargo, depredaciones e invasiones de edificios públicos como las ocurridas hoy, así como las practicadas por la izquierda en 2013 y 2017, escapan a la norma”.

Mientras tanto, dos congresistas demócratas estadounidenses Alexandra Ocasio Cortez y Joaquín Castro pidieron la extradición del expresidente. “Bolsonaro no debe recibir refugio en Florida, donde vino a evadir la responsabilidad de sus crímenes”, dijo Castro. En Brasil quince senadores ya han firmado la solicitud de una Comisión parlamentaria de investigación (CPI) presentada por la senadora Soraya Thronicke del Partido Unión Brasil (UB) para determinar la autoría de la invasión de ayer.

De hecho, los acontecimientos del domingo quemaron a la oposición, fuera y dentro del Congreso, a corto plazo. A pesar del distanciamiento de Bolsonaro, la derecha en Brasil necesitará tiempo para encontrar nuevos líderes y una nueva estrategia. De momento, por tanto, el Gobierno de Lula sale paradójicamente reforzado. Los violentos acontecimientos de las últimas horas han ensombrecido las críticas a su primera semana de gobierno y han reforzado su imagen en el mundo. En torno a él se han reunido, como no podía ser de otra manera, los principales líderes de las democracias del planeta, empezando por el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden. “Condeno el asalto a la democracia y al traspaso pacífico de poderes en Brasil”, afirmó Biden. “Las instituciones democráticas de Brasil tienen todo nuestro apoyo y la voluntad de los brasileños no debe verse comprometida”.