El Gobierno de Honduras dispuso este sábado extender por 45 días el estado de excepción que regía sobre los municipios de Tegucigalpa y San Pedro Sula, desde el pasado 7 de diciembre.
La medida, que vencía este viernes 6 de enero, forma parte de la voluntad del ejecutivo hondureño de hacer frente a la “emergencia nacional” a la que se enfrenta debido a la creciente delincuencia e inseguridad por parte de los grupos pandilleros.
“La medida es una continuación al PCM 029-2022, con el que se suspendieron artículos constitucionales que facultan a los órganos de seguridad del Estado, liderados por la Policía Nacional, para afrontar de mejor manera la amenaza de las estructuras criminales”, detallaron las fuerzas de seguridad nacionales.
Junto a esta resolución, se dispuso extender la zona de aplicación a otros 73 municipios del país centroamericano, con la esperanza de conseguir los mismos “buenos resultados” obtenidos hasta el momento.
El equipo de presidencia de Xiomara Castro aseguró que con la decisión se busca “continuar atacando de manera frontal a las estructuras criminales vinculadas a los delitos de extorsión, sicariato, tráfico de drogas, lavado de activos, entre otros”.
De esta manera, las garantías constitucionales quedarán suspendidas hasta el 20 de febrero en estas áreas. El estado de excepción habilita a la Policía Nacional y otros entes de seguridad a realizar operaciones focalizadas en los municipios que son considerados más violentos, de los 298 que integran el país. Hasta el momento se han movilizado cerca de 20.000 policías, organizados en turnos rotativos.
Dado que esta herramienta está destinada a “operar en las guardias y escondites de las maras, pandillas y cualquier otra estructura criminal”, los operativos no interfieren en la normal circulación de las personas, por lo que no deben temer ante la fuerte presencia policial y una eventual demora para comprobar su identidad.
Según informó la policía hondureña, el PCM 29-2022 -nombre con el que se conoce la medida- “contribuyó a la reducción de muertes violentas y otros delitos asociados a las maras y las pandillas”.
En ese sentido, en las últimas semanas, las autoridades dieron cuenta de una baja en la violencia que se vivió en las calles, gracias a la captura de más de 1.300 supuestos pandilleros y personas afines.
El director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, aseguró que tanto durante los registros como en las detenciones, se pone especial atención al pleno respeto de los derechos humanos.
Honduras ha visto un fuerte incremento de la extorsión durante los últimos 20 años, que derivaron en cientos de muertes, así como en la destrucción de miles de micros y negocios de pequeños y medianos empresarios, que se vieron obligados a cerrar sus puertas y algunos, incluso, abandonaron el país.
Las principales bandas criminales que funcionan en el país caribeño son la Pandilla 18 y la MS-13 (Mara Salvatrucha-13), junto a un puñado de otras “estructuras del crímen organizado que se dedican a la narcoactividad”, mencionó Sánchez.
Estos delincuentes son responsables, a su vez, de que la tasa de homicidios se ubique en 40 por cada 100.00 habitantes, lo que es cuatro veces más del promedio mundial.
(Con información de EFE)
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