Bolsonaro y el bolsonarismo, a contracorriente de la democracia brasileña

Con una clamorosa invasión por parte de radicales bolsonaristas del edificio del Congreso, de la Presidencia de la República y del Supremo Tribunal Federal en la capital, Brasil vivió uno de los capítulos más violentos y absurdos de su historia reciente. A imitación de la invasión del Capitolio en Washington el 6 de enero del 2020 por extremistas pro-Trump, cientos de partidarios del expresidente Jair Messias Bolsonaro ocuparon los lugares simbólicos de la democracia brasileña.

“No se permitirá que grupos extremistas gobiernen en Brasil”, había declarado por la mañana el ministro de Justicia y Seguridad Nacional, Flávio Dino, refiriéndose a los manifestantes que llegaban en cientos de autobuses desde todo el país para protestar contra el nuevo gobierno. Sin embargo, las fuerzas de seguridad, como también ocurrió en Washington, fueron incapaces de contener a la masa de manifestantes.

Lo que lo hace aún más absurdo es el hecho de que mientras los bolsonaristas radicales invadían los palacios del poder, su líder se hospeda tranquilamente en la patria de Walt Disney, Orlando (Florida), en casa del ex luchador brasileño de MMA José Aldo, en un condominio de lujo. Bolsonaro después de encerrarse en un silencio de semanas, antes de embarcar en un vuelo de Estado pagado por los contribuyentes brasileños para no asistir a la ceremonia de investidura de Lula se había limitado a dejar un lacónico mensaje en la red. “A pesar de toda la prensa en contra y de las medidas judiciales, hemos ganado estos cuatro años con un balance positivo”, dijo, añadiendo que “el mundo no se acaba el primero de enero. ¿Tenemos que elegir entre todo o nada? No: inteligencia”. También condenó el intento de atentado en el aeropuerto de Brasilia, días atrás, afirmando que “nada justifica un atentado”.

El bolsonarismo más extremo, sin embargo, fue el gran protagonista, llenando el vacío culpable que dejó su ex presidente, que aún se hace llamar ‘presidente de Brasil’ en Twitter y sigue escribiendo desde allí como si fuera el ganador de las elecciones. En los últimos días ha anunciado incluso la reducción del precio de la electricidad y la inversión de su anterior gobierno en vacunas. Una vez más, en definitiva, el peor enemigo de Bolsonaro parece ser él mismo.

Pero ahora Brasil le pide la rendición de cuentas a Bolsonaro. La violencia en Brasilia marca un antes y un después para el bolsonarismo y dificulta aún más esa idea de pacificación que la parte más equilibrada de la sociedad civil lleva tiempo reclamando. Pero sobre todo clava a Bolsonaro a sus responsabilidades, las de haber llevado a la deriva a una parte de su electorado y al propio futuro de la derecha brasileña. Pero, sobre todo cuando aún era presidente, la responsabilidad de haber preferido el silencio a un discurso claro y democrático que pusiese fin a las protestas de sus partidarios.

Son precisamente sus compañeros políticos de viaje los primeros acusadores. Como su ex vicepresidente, el actual senador electo Hamilton Mourão, del Partido de los Republicanos, que tuvo que pronunciar en su lugar el habitual discurso presidencial de fin de año. Un discurso que, sin nombrarle en ningún momento, apuntaba a los errores del presidente ahora en Orlando, es decir, “de los líderes que deberían haber calmado y unido a la nación en torno a un proyecto de país” y no lo hicieron. El general Carlos Alberto dos Santos Cruz, exministro de Bolsonaro, lo calificó de “extremista populista” que “no tiene ninguna posibilidad de ser líder de la derecha a la que “ayudó a destruir”.

Para la politóloga Esther Solano, de la Universidad Federal de San Pablo (Unifesp), “Bolsonaro aún tiene poder de convocatoria, principalmente con su base más ideológica, pero perdió potencial de movilización con su silencio tras la derrota electoral y luego su huida a Estados Unidos. El campo de valores que se ha aglutinado a su alrededor se mantiene, pero ya se puede hablar de un Bolsonarismo 2.0 que acabará pasando hacia otro líder’”. En definitiva, un escenario similar al de Estados Unidos, donde Ron DeSantis, gobernador de Florida, podría desbancar a Donald Trump como posible candidato presidencial.

Así pues, no es de extrañar que en las últimas semanas se hayan producido varios giros de 180 grados. Desde la del nuevo secretario ejecutivo del Ministerio de Agricultura Irajá Lacerda que ahora se hace fotos sonrientes con Lula pero que en agosto filmó un vídeo de apoyo a Bolsonaro, hasta la ex ministra de la Secretaría de Gobierno de la Presidencia de la República, Flavia Arruda que tras abrazar a Lula el día de su investidura abandonó el Partido Liberal (PL) de Bolsonaro. Incluso el diputado Otoni de Paula, un aliado de Bolsonaro terminó asistiendo a la ceremonia de toma de posesión de tres nuevos ministros del gobierno de Lula y dijo que estaba “abierto al diálogo con la nueva administración” porque “no es porque no me gusta el piloto del avión que estoy alentando a que se estrelle.”

El ahora fugitivo ex presidente no sólo tendrá que rendir cuentas morales por el desastre ideológico en el que sumió al país, sino que también deberá hacer frente a las investigaciones en curso en su contra. Como ya no es ni presidente ni diputado, ha perdido su inmunidad, que le permitía ser investigado sólo por la Fiscalía General de la República (PRG) y juzgado por el Supremo Tribunal Federal (STF). Teóricamente, basta con que cualquier juez lo condene para que sea arrestado, como le ocurrió a Lula en la operación Manos Limpias. La elección de ir a Estados Unidos por un período, según la prensa brasileña, es una estratagema para evitar el arresto, aunque por ahora Bolsonaro no haya sido condenado ni sea culpable en ningún juicio. Sólo ha acabado en el punto de mira de cinco investigaciones del Tribunal Supremo Federal, por difusión de noticias falsas, milicias digitales, injerencia en la policía federal y filtración de datos.

La gestión de la pandemia ha sido objeto de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) cuyos senadores, ahora con el fin de su inmunidad, quieren volver al ataque después de que el Fiscal General Augusto Aras pidiera de archivar todo. Corresponderá al STF decidir qué hacer con la investigación de la Policía Federal, que concluyó a finales de diciembre que Bolsonaro había atentado contra la paz pública e incitado al crimen durante la pandemia cuando asoció la vacuna Covid con el sida, influyendo así en la población para que no se vacunara. Según el código penal brasileño, Bolsonaro se enfrenta a una pena máxima de seis meses de prisión.

También se ha abierto una investigación administrativa en el Tribunal Superior Electoral (TSE) desde agosto de 2021 para investigar los ataques al sistema electoral de Brasil. Si es declarado culpable, no podrá ser candidato durante ocho años. El TSE también tiene una denuncia contra él por incitación a la violencia en relación con la muerte el año pasado de Marcelo Arruda, tesorero del Partido de los Trabajadores (PT) en Foz de Iguacu, en el estado sureño de Paraná.

Ya durante la ceremonia de investidura de Lula, la multitud gritó “no a la amnistía” exigiendo que Bolsonaro responda ante la justicia por los crímenes por los que está siendo investigado. “Ha sido un gobierno negacionista, oscurantista e insensible a la vida. Las responsabilidades por este genocidio deben ser investigadas y no quedar impunes”, tronó Lula en su primer discurso oficial a la nación, una revancha de los encarnizados debates televisados de la campaña electoral en los que Bolsonaro lo calificó de ‘ex convicto’, en referencia a las condenas de la Lava Jato anuladas por prescripción o por vacíos legales.

No es casualidad que entre los acusadores más feroces de Bolsonaro estén los abogados del grupo Prerrogativas, fundado hace nueve años para contrarrestar la operación Lava Jato, que ya han anunciado una serie de medidas legales contra el expresidente para inhabilitarlo para las próximas elecciones presidenciales. El grupo, sin embargo, no es super partes, sino que tiene miembros que trabajan en el Gobierno actual, incluido el ministro de Economía, Fernando Haddad. También conocido como Prerrô, el grupo reúne a juristas, abogados, profesores y políticos vinculados al mundo del derecho que comparten “un mismo sentimiento, la indignación” contra los jueces de Curitiba que en 2014 destaparon la caja de Pandora de la corrupción brasileña y llevaron a la detención de Lula. Es el mismo grupo que favoreció la alianza entre Lula y su adjunto Geraldo Alckmin para este nuevo gobierno. También hay quien ha hablado de una posible amnistía como el expresidente Michel Temer. El pasado septiembre declaró que quien fuera elegido presidente tendría que trabajar por la “pacificación del país en un gran pacto del pasado. Y esto podría significar la posibilidad de amnistías “.

Mientras tanto, según el diario O Globo, se espera que Bolsonaro regrese a Brasil a principios de febrero, antes del carnaval, para iniciar una serie de viajes al país a lo largo del primer semestre para su partido, el PL, con la idea de revigorizar la oposición al nuevo gobierno, también con vistas a las elecciones municipales de 2024. El objetivo es poder elegir a 1,5 mil alcaldes en las listas del partido frente a los 352 actuales. La gira debe comenzar en el sudeste, considerada la región del país decisiva para la derrota de Bolsonaro en las últimas elecciones presidenciales. El PL también planea nominar a la esposa del ex presidente, Michelle, como senadora en las elecciones de 2026. Actualmente dirige el proyecto “mujeres” del partido, gracias al cual, cuando regrese de Estados Unidos, pondrá en marcha proyectos sobre cuestiones femeninas en todo Brasil.

Sin embargo, queda la incógnita del futuro de su militancia, de la oposición que le harán sus aliados y también los miembros de su partido, que se preguntan en estas horas: ¿queda espacio para el bolsonarismo en el escenario democrático brasileño?

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