Quién es Jorge Mateluna, el ex guerrillero indultado por Gabriel Boric que generó un conflicto con la oposición y la Corte Suprema

La oposición anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional por los indultos del presidente

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El ex frentista, Jorge Mateluna. (Foto captura: Chilevisión Noticias)
El ex frentista, Jorge Mateluna. (Foto captura: Chilevisión Noticias)

El presidente de Chile, Gabriel Boric, firmó el indulto de 12 detenidos por el estallido social y de un ex guerrilero, lo que generó el malestar en la oposición y conflictos con el Poder Judicial.

Todo se inició el 30 de diciembre cuando el gobierno informó el indulto de 12 jóvenes vinculados al estallido social de 2019, y de Jorge Mateluna, un ex integrante del grupo guerrillero Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) que se opuso al régimen militar de Augusto Pinochet.

Al ser indultado, Mateluna cumplía una condena de 16 años de cárcel por estar vinculado con el robo a una entidad bancaria en 2013. El ex frentista fue detenido a dos kilómetros del sitio del suceso y fue sindicado como uno de los participantes del asalto.

Sin embargo, en marzo del 2018, el acusado dio una entrevista a Chilevisión Noticias en donde aseguró ser inocente, y que un funcionario de Carabineros lo habría involucrado directamente en el caso.

Jorge Mateluna, de 48 años, nació en Santiago en 1974. Es el cuarto de seis hermanos y a los 12 años se unió a las Juventudes Comunistas y a los 14 ingresó al FPMR en donde permaneció hasta más allá del retorno de la democracia a Chile. El 2004 dijo a la revista Rocinante que “veíamos que el gobierno de la Concertación era un continuador de Pinochet. Por eso seguimos desarrollando la misma política que tenía el Frente”.

El 9 de noviembre de 1992 fue detenido por asaltar un supermercado en la comuna de Conchalí, en Santiago, donde murió un guardia. En ese momento, Mateluna tenía 18 años y fue condenado a cadena perpetua pero salió libre tras 12 años en prisión al ser indultado por el ex presidente de Chile, Ricardo Lagos.

Al abandonar la cárcel se dedicó a la venta de piezas de orfebrería y se acercó al mundo de las artes. El 2006 cofundó la productora NovoSur y realizó el documental “Deseducados” sobre la revolución estudiantil que se desató ese mismo año. El 2008 “entra a trabajar al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región Metropolitana, como encargado territorial del Programa ‘Creando Chile en mi Barrio’. A mediados del 2011 constituye formalmente Culturarte Producciones, productora que realiza trabajos en el ámbito de la gestión cultural. Luego, el año 2012 se incorpora como voluntario en Codepu (Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo), trabajando en el equipo de comunicaciones y en la formulación de proyectos”.

Conflictos

Este segundo indulto a Mateluna generó controversia en Chile e indignación en la oposición, quienes anunciaron su abandono de la mesa de diálogo que buscaba un acuerdo por la seguridad en el país.

Desde el partido de Renovación Nacional afirmaron que “el Presidente Boric ha desahuciado la Mesa de Seguridad. Es imposible sostener un espacio de diálogo constructivo en pos de revertir el problema de inseguridad de Chile, cuando paralelamente el presidente Boric envía una señal tan contradictoria como indultar delincuentes violentos. En estas condiciones, para Renovación Nacional es tremendamente difícil seguir participando”.

La oposición anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional por estos 13 indultos, y una Acusación Constitucional en contra de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, por supuestas “irregularidades” en los decretos de liberación.

El conflicto escaló mucho más en las últimas horas después que Boric asegurara la inocencia del ex frentista. “Yo tengo la más profunda convicción de que en el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia”, y que “tengo la plena convicción de la inocencia de Jorge y por eso hemos llevado adelante este indulto”.

Estas palabras generaron molestia en la justicia y se interpretaron como si se hubiese pasado por encima a la Corte Suprema, quienes respondieron que “ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos”.

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