La provincia boliviana de Santa Cruz cumplió seis días de protestas tras la detención del gobernador opositor Luis Camacho

Santa Cruz, la mayor región de Bolivia y el motor económico del país, cumplió este martes seis días de protestas tras el encarcelamiento de su gobernador, Luis Fernando Camacho. El líder de la oposición fue arrestado el pasado 28 de diciembre y trasladado a La Paz.

Sin embargo, en su departamento, la gente ha salido a la calle todos los días desde su “secuestro” -como lo han denominado-, organizando vigilias en entidades estatales, bloqueos en carreteras y marchas que, inclusive, están previstas también para las próximas horas.

A pesar de la lluvia que se registra en la zona, decenas de personas se mantienen firmes en su rechazo al accionar de la policía y la justicia y mantienen sus campamentos en las oficinas regionales de entidades estatales nacionales -como el Servicio de Impuestos, el Banco Unión o la Empresa Nacional de Telecomunicaciones- para impedir su funcionamiento.

Inclusive, algunos se han apostado en las puertas de ingreso con sus banderas bolivianas y cruceñas para impedir el ingreso de los funcionarios que trabajan en los edificios.

A la par de estas vigilias, tienen lugar en el departamento bloqueos en las principales vías que conectan a la región con el resto del país. Para las próximas horas se prevé, también, una marcha con banderas blancas.

En estas protestas se oyen un sinfín de lemas, todos en contra de la detención de Camacho y en rechazo a la represión policial que ha estado llevando a cabo las fuerzas de seguridad desde el pasado jueves.

“Santa Cruz se respeta, carajo”, “El Gobernador ha sido secuestrado brutalmente” y “Policía despierta, eres amigo de tu pueblo” son algunas de las consignas que entonan los participantes.

Luis Fernando Camacho fue detenido el pasado miércoles en un operativo policial que lo interceptó mientras se dirigía a su hogar en su vehículo. A pesar de la inmediata reacción de la gente, que se movilizó al aeropuerto para evitar su traslado, el líder opositor fue llevado a la capital boliviana en helicóptero, donde permanece detenido.

El juez cautelar dispuso luego de nueve horas de audiencia que el gobernador permanezca cuatro meses bajo prisión preventiva en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro dado que considera un alto riesgo de fuga y de intromisión en el proceso judicial.

La defensa de Camacho denunció las malas condiciones en las que está detenido, que lo llevaron a sufrir una descompensación con la paralización de una parte de su cuerpo por una enfermedad que “afecta sus vasos sanguíneos”, por lo que necesita tratamiento de urgencia. Las autoridades nacionales, sin embargo, hicieron caso omiso y aseguraron que el político está “estable” y que se garantizó su atención médica en la cárcel.

La fiscalía acusa a Camacho en el marco de la causa “golpe de Estado I”, por los hechos registrados durante la crisis de 2019 que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la presidencia quien, a su vez, denunció ser víctima de un “golpe de Estado”, a pesar de que se lo señalara por el fraude electoral a su favor en los comicios fallidos de ese año.

Desde que Camacho fue llevado ante la justicia, las protestas en Santa Cruz no han cesado y, por el contrario, se ha incrementado la convocatoria así como la violencia. Los civiles acuden con petardos y pirotecnia, a lo que la policía responde con gases lacrimógenos para dispersar a las multitudes.

La secretaria de Seguridad Ciudadana local, Paola Weber, detalló que 219 personas resultaron heridas durante estos enfrentamientos y debieron recibir asistencia en unidades de emergencia públicas y privadas.

De ellas, 112 fueron atendidas por intoxicación, 32 por quemaduras, 5 por fracturas, 12 por heridas profundas y 5 por lesiones de perdigones, entre otros.

Otros de los incidentes que tuvieron lugar en esta casi semana de protestas fueron los destrozos e incendios en oficinas estatales, calificados de “autoatentados” por los líderes políticos cruceños, que responsabilizan a grupos oficialistas por estos ataques.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia pidieron garantías para el trabajo de la prensa ante los registros de policías que dispararon a quemarropa con granadas de gas y perdigones a algunos informadores.

(Con información de EFE)

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