La decisión del presidente chileno, Gabriel Boric, de indultar a 12 jóvenes detenidos durante las protestas populares de 2019, conocidas como “estallido social”, ha desatado una nueva tormenta política en Chile, con la oposición indignada y dispuesta a abrir nuevos frentes y romper el diálogo, en especial en la Mesa de Seguridad.
El indulto, que es una potestad que los presidentes chilenos suelen usar con motivo del fin del año y con la que el mandatario cumple una promesa electoral, incluye también a Jorge Mateluna, un antiguo miembro del grupo radical armado Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), que combatió a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y que penaba por otro delito.
La noticia, que se difundió con cierta confusión porque primero se anunciaron 11 indultados y después 13, por un “error” del Ministerio de Justicia que envió “de manera incompleta” la nómina de personas, tomó por sorpresa a la oposición, que reaccionó con dureza e indignación.
La coalición de derecha “Chile Vamos” decidió retirarse de forma indefinida de las negociaciones de la Mesa de Seguridad, encabezada por la ministra de Interior, Carolina Tohá, quien fijó este acuerdo como uno de sus grandes objetivos desde que llegó al cargo en septiembre, y cuyo cierre esperaba concretar el próximo martes 3 de enero.
Además del bloqueo de las conversaciones, que abordaban asuntos en torno al narcotráfico, la delincuencia y el crimen organizado, entre otros, el partido de derecha Renovación Nacional, uno de los integrantes de la citada coalición, anunció que impulsará una acusación constitucional contra la titular de Justicia, Marcela Ríos, y exigió su renuncia.
Minutos antes de que se diera a conocer el nombre de los 13 indultados, la portavoz del Gobierno, Camila Vallejo, señaló en una entrevista a un medio local que el presidente “tiene un compromiso y una palabra empeñada”, en referencia a la promesa de campaña de entregar este beneficio a los presos de las protestas de 2019.
“A nadie debería sorprenderle este tema y ha habido diálogo con las familias. En estos casos no se anuncia con anticipación y no se hace referencia a este tipo de detalles con anticipación”, añadió Vallejo.
Otro al cual el presidente ha demostrado públicamente su apoyo es Mateluna, condenado a 16 años de cárcel como uno de los autores del asalto contra una sucursal del Banco Santander en un barrio de la periferia capitalina en 2013
El ex guerillero siempre ha negado su participación en los hechos y ha denunciado errores en la investigación.
Este es el segundo indulto presidencial que recibe Mateluna. El primero se lo entregó en 2004 el entonces presidente socialista Ricardo Lagos, mientras cumplía cadena perpetua en una cárcel de Alta Seguridad por formación y pertenencia a grupos armados en los 90.
Tras entrar nuevamente en prisión por el atraco al banco, la ex presidenta socialista Michelle Bachelet intentó indultarlo de nuevo en 2018, pero su entonces ministro de Justicia se opuso.
El indulto a los presos del estallido se presentaba en marzo como una de las primeras piedras en el zapato del presidente.
Durante la primera vuelta de la campaña, Boric apoyó sin complejos el proyecto de ley que varios parlamentarios de su sector presentaron para amnistiar algunos delitos cometidos en el marco de las protestas de 2019, e incluso visitó a los presos de causas vinculadas a las protestas que cumplen prisión preventiva.
“No es aceptable pensar en un indulto para todos. No se puede indultar a una persona que quemó una iglesia o una pyme, o que saqueó un supermercado”, señaló en noviembre de 2021.
Desde que llegó a La Moneda mantuvo sus compromiso con los jóvenes condenados y trascendieron encuentros con familiares, agrupaciones de apoyo a los presos y con la senadora independiente Fabiola Campillai, víctima de la represión policial durante las protestas y una de las voces que más ha defendido la libertad de los jóvenes.
Un día antes de asumir el cargo, Boric anunció el retiro inmediato de 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado (LSE) en el marco del estallido presentadas por la saliente Administración del conservador Sebastián Piñera.
También intentó agilizar la tramitación del proyecto de amnistía, pero la falta de apoyos en el Congreso le obligaron a explorar otras alternativas.
(Con información de EFE)
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