El paro de 24 horas convocado por la “Asamblea de la Cruceñidad”, que aglutina a las principales entidades cívicas de Santa Cruz, para exigir la liberación del gobernador de esa región boliviana y líder opositor, Luis Fernando Camacho, se inició este viernes.
“Santa Cruz repudia el secuestro y persecución política contra autoridades y población civil”, fue el mensaje con el que el Comité Cívico de Santa Cruz dio inicio a la huelga.
Al tiempo que iniciaba el paro en Santa Cruz, un juez en la ciudad de La Paz daba lectura a la sentencia en la que se determinó cuatro meses de prisión preventiva en contra de Camacho, en una audiencia de medidas cautelares que duró más de nueve horas.
“Denunciamos ante la comunidad internacional que el Gobierno boliviano ha instaurado en Bolivia un régimen de terrorismo de Estado e inseguridad jurídica, mediante la persecución política y la criminalización de facto del ejercicio del disenso, la protesta y la libre expresión, manipulando al Ministerio Público y a los tribunales de justicia, a los que tiene sometidos”, añade el comunicado.
El vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Fernando Larach, quien encabezó el inicio de la marcha, dijo que estaban en “alerta” y agregó que se “analizarán escenarios nuevos” si la justicia no deja libre al gobernador Camacho.
Larach pidió evitar “los hechos de violencia” y tener “mucho cuidado en resguardar las instituciones de Estado” ante posibles “autoatentados para poder inculpar a la dirigencia cruceña”.
El gobernador de Santa Cruz, que fue detenido el pasado miércoles, dijo durante la audiencia que “nunca se va a rendir” y que seguirá “luchando” contra lo que considera ha sido un “abuso” del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).
“Nunca me voy a rendir, venimos luchando contra abuso del masismo. Esta es una lucha por la democracia y la libertad, es una lucha por Bolivia”, declaró.
El acto judicial, que se desarrolló de manera virtual, inició a las 18:00 hora local (22:00 GMT del jueves) con la presencia de los representantes del Ministerio de Gobierno, la Procuraduría General del Estado (PGE), los integrantes de la parte acusadora, Camacho y sus abogados.
Los líderes cruceños consideraron que la detención del gobernador fue una “transgresión abusiva, ilegal y arbitraria, socialmente inaceptable y moralmente repudiable”.
También sostuvieron que en 2019 “no existió golpe de Estado”, sino que el entonces presidente Evo Morales “renunció y escapó” del país ante el “evidente fraude electoral” en los comicios fallidos de ese año, “por lo que cualquier proceso judicial iniciado por esta flagrante mentira es totalmente arbitrario, totalitario e inconstitucional”.
La Fiscalía acusa a Camacho del delito de terrorismo y pedía seis meses de prisión preventiva por los hechos registrados durante la crisis de 2019 que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, que luego denunció ser víctima de un “golpe de Estado”, en medio de denuncias de fraude electoral a su favor en los fallidos comicios de ese año.
Por este mismo caso se detuvo en marzo de 2021 a la ex presidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez y dos de sus ex ministros, aunque finalmente fue condenada en junio de este año a 10 años de prisión por situarse ilegalmente en línea de sucesión presidencial por el proceso denominado “golpe de Estado II”.
(Con información de EFE)
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