El “Gobierno nocturno” de Lula: amplió el techo de gasto, anunció que no habrá más privatizaciones y crece el fantasma de la corrupción

Mientras los brasileños están distraídos con los últimos preparativos navideños, el Presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva ha asestado en los últimos días una serie de golpes decisivos para su estrategia de gobierno. El miércoles, un nuevo texto de la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) para ampliar el techo de gastos fue aprobado en la Cámara de Diputados, pero sólo por un año y con un valor inferior al votado anteriormente en el Senado, es decir, 169,1 mil millones de reales, unos 33 mil millones de dólares, en lugar de cerca de 200 mil millones de reales (39 mil millones de dólares).

Sin embargo, la reciente, rápida e inesperada decisión del ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, según la cual la cifra necesaria para el subsidio Bolsa Familia (ex Auxilio Brasil) puede garantizarse mediante créditos extraordinarios al margen de las limitaciones del techo de gasto, podría aumentar la cuenta en caso de que el gobierno de Lula decida recurrir a esta estratagema para gastar más dinero. Además, el PEC aprobado en la Cámara de Diputados prevé en su artículo 6 la revocación del techo de gasto. En cambio, el nuevo Gobierno tendrá que inventar una nueva regla fiscal dentro de 2023, sin la cual la situación económica corre el riesgo de irse de las manos.

En esta carrera hacia los gastos el Congreso también tuvo tiempo de aprobar un criticado aumento salarial del 37% al 50% para parlamentarios, ministros e incluso el presidente. A esto hay que añadir 37 nuevos ministerios frente a los 23 actuales. Lula también anunció algunos de los nuevos ministros. Además de su fiel Fernando Haddad, ya nombrado en los últimos días titular de Economía, fueron elegidos Esther Dweck para dirigir el recién creado Ministerio de Gestión y el vicepresidente Geraldo Alckmin, como ministro de Desarrollo, Industria y Comercio. Sin embargo, sigue faltando el nombre del ministro de Planificación. Entre los favoritos figura Jorge Ney Viana Macedo Neves, ingeniero forestal y ex gobernador del estado de Acre por el Partido de los Trabajadores (PT).

El bagaje teórico de Dweck es la controvertida Teoría Monetaria Moderna que aboga por políticas fiscales expansivas y para la cual ni la deuda ni la inflación son un problema. Alckmin, por su parte, llega tras el rechazo de Josué Gomes da Silva, hijo del ex vicepresidente de Lula José Alencar y actual presidente de la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (FIESP), y de Pedro Wongtschowski, presidente del consejo de administración del grupo Ultrapar. En realidad, el gobierno de Lula ha recibido varias negativas. Ni Persio Arida ni Lara Resende, famosos economistas que participaron en el gobierno de transición y han apoyado al nuevo presidente desde la campaña electoral, aceptaron la invitación de Lula para los ministerios económicos. Muchos se preguntan si detrás de esta negación se esconde el miedo de participar a una gestión económica poco ortodoxa.

Sin duda, no ayudó a la imagen del nuevo gobierno que muchos de estos cambios se decidieran a la última hora e incluso por la noche, hasta el punto de que algunos periodistas brasileños lo llamaron “gobierno nocturno”. PEC y decisión de Gilmar Mendes aparte, fue por la noche cuando el nuevo gobierno dio su mayor golpe, a saber, la aprobación por el Congreso de una transformación de la Ley de Empresas Estatales que beneficiaría a Lula y permitiría a Aloízio Mercadante convertirse en presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Mercadante fue ministro de Educación y de la Casa Civil durante el gobierno de Dilma Rousseff, acusado de tráfico de influencias y obstrucción a la justicia por la Operación Lava Jato. Estos cargos contra él fueron retirados posteriormente.

La modificación de la ley podría convertirse en una avalancha de indicaciones políticas para cubrir 587 cargos. Por eso el mercado no reaccionó positivamente. Desde la elección de Lula, las tres principales empresas estatales, Petrobras, Banco do Brasil y Caixa Seguridade, han perdido 130 mil millones de reales de valor de mercado, unos 25 mil millones de dólares. Los inversores han interpretado este golpe de mano del nuevo Gobierno de la noche a la mañana como una intención de interferir en la gestión de empresas públicas, o de capital mixto como Petrobras, objeto de un programa de privatizaciones durante el Gobierno de Bolsonaro.

“El principal objetivo de la ley de empresas públicas es evitar la corrupción y la utilización de las empresas como intercambio de favores,” explica a Infobae Luiz Alberto Nunes Junior, fundador y CEO de la gestora de recursos Forpus Capital. Al suspender esta ley o derogarla, volvemos a una época en la que cesó la transparencia y las empresas ya no buscaban la eficiencia, sino que eran simples peones en un tablero de ajedrez político. Aún no sabemos si volverá a ser así, pero sin duda esta posibilidad se plantea de nuevo”.

La Ley de Empresas Estatales, la 13.303 de 2016, también conocida como Ley de Responsabilidad de las Empresas Estatales, fue aprobada durante la presidencia interina de Michel Temer tras el impeachment de Dilma Rousseff para frenar la corrupción rampante en las empresas publicas que tuvo al PT como uno de los principales protagonistas políticos. El caso más famoso sigue siendo el del Mensalão, que explotó en el primer gobierno de Lula (2002-2006), un gigantesco esquema de compra de apoyo político con fondos públicos. Y luego desde el primer gobierno de Dilma Rousseff, (2010-2014) el Petrolão, el escándalo de corrupción del PT destapado por la Lava Jato. Pero bajo la lupa de los investigadores acabaron otras empresas estatales, como Correios, Caixa Económica, Banco do Brasil y muchas otras.

Por su parte, el BNDES ha financiado numerosos proyectos controvertidos en África y América Latina, una caja negra de la corrupción política brasileña e internacional que ahora corre el riesgo de volver al ataque a través de nuevas financiaciones. La Secretaria de Energía de Argentina, Flavia Royón, anunció recientemente dándola como cierta una supuesta financiación del BNDES de 689 millones de reales (134 millones de dólares) para la construcción de los 500 km restantes del gasoducto Néstor Kirchner, desde la región de Vaca Muerta hasta Santa Fé. Una financiación que no fue autorizada por el gobierno de Bolsonaro y que ahora Alberto Fernández espera desbloquear con Lula.

Este nuevo enfoque político de la economía corre el riesgo de salir caro para los bolsillos de los brasileños. “Si se vuelve a una gestión que ya no se centra más en la eficiencia”, explica Nunes a Infobae, “normalmente se distorsiona la política de precios. Esto significa que el sistema de competencia ya no es funcional, y el precio lo pagarán los ciudadanos tanto en términos de reducción de dividendos como de distorsiones macroeconómicas, como los impuestos y la inflación”.

El debate sobre la modificación de la ley 13.303 en el Senado se ha aplazado hasta el año que viene, pero mediante una argucia jurídica el nombramiento de Mercadante sigue siendo seguro, tanto que ha ya elegido cinco directores del nuevo BNDES, todos procedentes del mundo financiero. Esta elección fue vista por algunos medios de comunicación brasileños como un intento para calmar al mercado manteniendo la influencia del partido. Es el caso, por ejemplo, de Alexandre Abreu, responsable del Banco do Brasil entre 2015 y 2016 en el gobierno de Dilma Rousseff, que acabó con su impeachment y la peor recesión de la historia brasileña, y de Nelson Barbosa, ex ministro de Economía de la misma Dilma.

Sin embargo, se plantea una importante cuestión ética, a saber, el riesgo de que la corrupción vuelva a pasar por el Estado, como ha denunciado el presidente del Instituto No Acepto la Corrupción, el fiscal de San Pablo Roberto Livianu. “Exigimos que el Senado anule esta decisión”, declaró Livianu a la prensa brasileña, “una modificación que sólo sirve para satisfacer intereses oportunistas que van en contra del interés público”.

En el fondo también pesa el cambio de visión sobre las privatizaciones de las empresas estatales con respecto al gobierno Bolsonaro del nuevo ejecutivo que entrará en función el próximo 1 de enero. “En este país se acabarán las privatizaciones”, aclaró el Presidente electo Lula, añadiendo que “los extranjeros son bienvenidos, pero no para comprar nuestras empresas estatales”. Y así, al menos seis de ellas serán retiradas de la lista de privatizaciones, incluido el puerto de Santos, dejando abiertas muchas preguntas sobre cómo funcionará realmente el programa de colaboración público-privada que defiende el Ministro de Economía Haddad.

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