El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este jueves a 16 de sus próximos ministros e incluyó entre ellos, como titular de Industria y Comercio, al futuro vicepresidente, Geraldo Alckmin.
Lula asumirá la Presidencia el próximo 1 de enero y ha anunciado que elevará a 37 el número de ministerios, frente a los 23 que tenía el Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, a quien derrotó en las elecciones de octubre pasado.
Este jueves, anunció a sus futuros ministros de Relaciones Institucionales, Secretaría General, Abogacía General, Contraloría, Salud, Industria y Comercio, Educación, Gestión, Puertos y Aeropuertos, Ciencia y Tecnología, Mujeres, Desarrollo Social, Cultura, Trabajo, Igualdad Racial, y Derechos Humanos.
En los últimos dos casos, nombramientos de un alto simbolismo.
Para Igualdad Racial designó a la activista Anielle Franco, hermana de la concejal Marielle Franco, asesinada junto a su chófer en marzo de 2018 y también una enérgica defensora de los derechos humanos.
En la cartera de Derechos Humanos estará Sílvio Almeida, abogado de raza negra, reconocido por su enfrentamiento al racismo, igual que Arielle Franco.
Cida Gonçalves, futura ministra de las Mujeres, es especialista en el combate a la violencia de género y supone otro paso hacia el fuerte acento social que Lula ha prometido imprimirle a su gestión.
Otro guiño en esa dirección lo ha dado en Salud, ministerio para el que designó a Nísia Trindade, hasta ahora investigadora de la Fundación FioCruz, una de las mayores referencias científicas del país y que tuvo un papel clave en el enfrentamiento a la pandemia de la covid-19, minimizada desde el inicio por el Gobierno de Bolsonaro.
Todos los otros nombramientos tuvieron un carácter más político.
En el caso de Alckmin, quien compartirá su trabajo en la vicepresidencia con el Ministerio de Industria y Comercio Exterior, Lula explicó que hubiera querido un empresario para ese cargo, pero que no logró “convencer a ninguno” por lo que optó por quien será “uno de los mejores ministros del futuro Gobierno”.
El ex gobernador del estado de Piauí Wellington Dias, del Partido de los Trabajadores (PT), estará a cargo de la cartera de Desarrollo Social, un nuevo ministerio volcado a la atención a los más pobres, la mayor prioridad trazadas por Lula para su tercer mandato.
Lula ya había nombrado a sus ministros de Hacienda, Relaciones Exteriores, Defensa, Justicia, Presidencia y Cultura.
En Hacienda, eligió a Fernando Haddad, un hombre de su mayor confianza, al igual que Rui Costa, quien ocupará el Ministerio de la Presidencia.
Al frente de la Cancillería estará Mauro Vieira, diplomático de carrera que ocupó este cargo entre 2015 y 2016, durante la gestión de Dilma Rousseff.
El ministro de Defensa será José Múcio, ex director del Tribunal de Cuentas, organismo que supervisa las cuentas públicas, y tiene una larga y excelente relación con las Fuerzas Armadas.
La cartera de Justicia le fue encomendada a Flávio Dino, un político cercano a Lula que fue gobernador de Maranhao y en las elecciones de octubre pasado obtuvo un escaño en el Senado.
El Parlamento brasileño aprueba el presupuesto para el primer año de Lula
El Parlamento brasileño aprobó este jueves el presupuesto general para 2023, el primer año del nuevo mandato del presidente electo, quien asumirá el 1 de enero próximo con un fuerte compromiso social.
El presupuesto establece que el gasto estatal en 2023 se elevará a 5,34 billones de reales (unos 900.000 millones de dólares), de los cuales casi un 40% estará reservado para compromisos y vencimientos de la deuda pública.
También prevé para el año próximo que la economía crecerá un 2,5%, con una inflación del 4,5%, y que el tipo de interés referencial se mantendrá en una media del 12,4%, con una tasa de cambio de 5,12 reales por dólar.
Los presupuestos también contemplan un aumento del salario mínimo hasta los 1.230 reales (unos 233 dólares), lo que representa un alza de casi el 10%, aunque en términos reales, descontada la inflación, la mejora llega apenas al 2,7 por ciento.
Uno de los principales cambios en relación a los presupuestos de los últimos cuatro años es que elimina la potestad que tenían los legisladores de decidir sobre el destino de los recursos reservados a la inversión sin consultar con el Ejecutivo, mediante un mecanismo declarado inconstitucional por la Corte Suprema.
De ese modo, la inversión pública será discutida por el Gobierno y el Parlamento, bajo parámetros que garanticen la transparencia.
También ha sido contemplada una medida aprobada esta misma semana por el Congreso, según la cual el dinero que el Gobierno dedicará a la asistencia de los más pobres quedará al margen de las normas fiscales que impiden aumentar el gasto anual por encima de la inflación del ejercicio anterior.
Esa medida liberará 145.000 millones de reales (unos 28.000 millones de dólares) para financiar un programa de subsidios con el que el Gobierno de Lula pretende aliviar la situación de quienes están en la pobreza, que según datos oficiales son 62,5 millones de los 213 millones de brasileños.
(Con información de EFE)
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