Un informe periodístico reveló que el Estado chileno habría comprado tierras usurpadas y las entregó a comunidades mapuches que protagonizaron sus ocupaciones.
La información fue revelada por el diario El Mercurio y ella dice que, este año, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), adquirió tierras a ocho comunidades mapuches, entre las que se cuenta a dos que usurparon terrenos que ocuparon en la región de La Araucanía.
La acción se habría realizado a pesar que en el Fondo de Tierras “se establece que el organismo estatal no puede adquirir tierras perturbadas y luego entregarlas a grupos que han optado por la vía de la fuerza”.
El primer caso tiene que ver con la comunidad Amuley Lof Pichi Pantano 1 que ocupó un terreno que después recibió en la comuna de Traiguén, en la región de La Araucanía, al sur de Chile. La comunidad José Huenchual 2 también estaría involucrada después que en febrero del 2021 iniciara un “proceso de recuperación territorial” del fundo El Vergel, en la zona de Lautaro, en La Araucanía. Su ingreso a este sector fue ilegal.
En marzo del 2021 la dirigente de la comunidad de Lautaro, Gabriela Coliqueo, confirmó en la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y Diputadas que “el 23 de febrero de 2021 ingresamos al fundo y nos mantendremos firmes hasta que la Conadi, o entes del Estado, solucionen nuestra demanda de tierras”. Este grupo formaría parte de la “Alianza de Comunidades Wenteche de Lautaro” que el 10 de marzo del 2021 declaró que las ocupaciones se mantendrían hasta tener una respuesta de las autoridades.
A principios de diciembre de este año, la comunidad José Huenchual habría recibido 347 hectáreas de la Conadi. Coloquieo manifestó que con esta entrega “se cierra un proceso y empezamos una nueva vida la gran mayoría de la comunidad”.
Amuley Lof Pichi Pantano 1
El diputado por La Araucanía, Miguel Mellado, denunció que la comunidad Amuley Lof Pichi Pantano 1 recibió 660 hectáreas por medio de la Ley Indígena. La autoridad ofició a la Conadi para que aclare el proceso de adquisición de ambos predios. “Se compró predios que estaban usurpados o perturbados, y la ley decía específicamente que no se pueden comprar. Hemos hecho una presentación a la Contraloría para que nos indique si la Conadi cumplió o no la ley al comprar estos predios”.
El director nacional de la Conadi, Luis Penchuleo, sostuvo que “todas las compras que hemos realizado este año han sido con toma de razón en Contraloría, por lo tanto, es el organismo encargado de verificar la legalidad de los procesos y eso así ha sido”.
El delegado presidencial de La Araucanía, José Montalva, afirmó que “quien señala que un predio está usurpado o no es la justicia, y en ese sentido, todo el que considere que un predio ha sido usurpado tiene que hacer la denuncia”.
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