Por qué los expertos temen que la economía sea el talón de Aquiles del nuevo gobierno de Lula da Silva

Será una semana decisiva para el futuro de la economía brasileña. Tras la aprobación en el Senado el pasado 7 de diciembre, la Cámara de Diputados debería votar entre mañana y el miércoles una Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) para cumplir algunas de las promesas electorales del Presidente electo Luiz Inácio Lula Da Silva.

El valor total de la PEC prevé una ampliación del techo de gastos de 168,9 mil millones de reales por año para 2023 y 2024, es decir autorizar gastos extraordinarios por cerca de 32 mil millones de dólares, con un impacto fiscal estimado de 204 mil millones de reales, 38 mil millones de dólares al cambio actual, cifra que corresponde aproximadamente al 2% del Producto Interno Bruto (PIB) brasileño. Aparte de los gastos de emergencia durante la pandemia, se trata del mayor aumento del gasto público en un solo año.

A pesar del mantra repetido por Lula en la campaña electoral y en declaraciones de los últimos días de querer “incluir a los pobres en el presupuesto y a los ricos en la declaración de la renta”, el mercado financiero ha reaccionado mal a esta PEC, que muchos esperan sea reducida en la votación a la Cámara.

Según la plataforma de inversión TradeMap, la bolsa brasileña ha perdido 577.000 millones de reales, unos 110.000 millones de dólares, desde el 21 de octubre. Para los expertos, la necesidad de garantizar a los pobres un Auxilio Brasil, que volverá a su antiguo nombre de la era petista, Bolsa Familia, por un valor de 600 reales (113 dólares) con el añadido de 150 reales (28 dólares) por cada niño menor de seis años, no justifica la gigantesca suma que el nuevo gobierno pretende gastar. El riesgo es que aumente la inflación, se fortalezca el dólar y suban los intereses del Banco Central, lo que frenaría el crecimiento del país y el poder adquisitivo de los asalariados. Y que los primeros en pagar el precio serán los propios pobres a los que esta medida pretende ayudar.

“Hasta ahora, la formulación de la política económica del nuevo gobierno se parece más al gobierno de Dilma Rousseff que al primer mandato de Lula”, explicó a Infobae el economista y consultor Alexandre Schwartsman.

Bajo el Gobierno de Dilma, destituida en 2016, Brasil vivió su peor recesión de los últimos cien años. “El nuevo Gobierno propone un fuerte aumento del gasto público”, prosigue Schwartsman, “un Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) ‘vitaminado’, y probablemente también el regreso de las políticas industriales para proteger sectores considerados estratégicos”. Todo esto puede crear perjuicios, pero a corto plazo es probable que el mayor daño lo cause el aumento sin precedentes de los gastos.”

Un riesgo también destacado por el último informe trimestral del Banco Central, que advirtió de la posibilidad de una estagnación del PIB, un crecimiento de la inflación y agujeros en las cuentas públicas si el nuevo Gobierno no ejerce la responsabilidad fiscal. Según las últimas previsiones, el PIB podría aumentar sólo un 1%, pero la cifra podría reducirse, ya que “las incertidumbres internas y externas siguen siendo elevadas”. Incluso Armínio Fraga, ex director del Banco Central que apoyó a Lula en la campaña electoral, reveló en una entrevista que ahora tiene miedo. “El país va por un camino económico muy peligroso. Se está sembrando un megaproblema económico”.

Los primeros nombramientos del nuevo Gobierno también debilitan al ya precario escenario económico brasileño. El único ministerio económico se dividirá ahora en tres: Economía, Planificación e Industria y Comercio. Por el momento, el solo nombre seguro es el del recién nombrado Ministro de Economía, Fernando Haddad. Ex alcalde de San Pablo, candidato al la presidencia contra Jair Bolsonaro en 2018, derrotado en las elecciones a gobernador paulistas de octubre, Haddad más que tener una sólida experiencia económica es un hombre de partido muy fiel a Lula. “La última palabra la tiene siempre el presidente que entiende de economía”, ha dicho en repetidas ocasiones, sugiriendo el posible papel central de Lula en las decisiones económicas.

Opositor del techo de gasto, introducido en 2016 por el entonces presidente Michel Temer tras el impeachment de Dilma para sanear las cuentas públicas, Haddad también es partidario de una moneda única sudamericana, una vieja idea del caudillo venezolano Hugo Chávez, pero también recuperada por economistas más liberales como el saliente ministro de Economía de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes. Sus discursos no han convencido hasta ahora al público especializado, a pesar de su promesa de reforma fiscal y del nombramiento del economista Bernard Appy como secretario especial para implementarla. La elección de Gabriel Galípolo como su mano derecha y futuro secretario ejecutivo también crea perplejidad. A pesar de la experiencia de Galípolo en el mercado financiero como ex presidente del Banco Fator, sus posiciones heterodoxas cercanas a la llamada Teoría Monetaria Moderna preocupan. Incertidumbre crean también los rumores de que, además de los políticos Wellington Dias, ex gobernador del estado de Piauí, y Renan Filho, ex gobernador del estado de Alagoas, Esther Dweck, otra economista próxima a la Teoría Monetaria Moderna, figura entre los candidatos al Ministerio de Planificación. En los gobiernos de Dilma de 2011 a 2016 Dweck fue secretaria del presupuesto federal y jefa del equipo de asesores económicos.

La Teoría Monetaria Moderna (TMM) inspiró parcialmente el gobierno de Dilma, ahora con más fuerza los gobiernos de Argentina y el de Gustavo Petro en Colombia, y fue mencionada en un primer texto de la PEC brasileña. Es una teoría favorable a la intervención del Estado, tanto en forma de gasto público como de injerencia en las relaciones económicas. Aboga por políticas fiscales expansivas, financiadas mediante la creación de dinero por parte del Estado porqué, para la TMM, ni deuda ni inflación son un problema. Sin embargo, hasta ahora nunca ha tenido éxito.

“Esta teoría es peligrosa no sólo para Brasil, sino para cualquiera que dé crédito a este tipo de brujería”, explica Schwartsman a Infobae. “Esto puede verse en la rápida aceleración de la inflación mundial en el periodo posterior a la pandemia, alimentada por el elevado gasto y la política monetaria expansiva. Entre los efectos de esta teoría en Brasil está el riesgo de fuga de capitales, que puede acelerar aún más la inflación.”

Del negacionismo sanitario de Bolsonaro durante la epidemia de Covid, parece entonces que se haya pasado directamente al negacionismo económico de Lula. Cabe preguntarse porqué un político experimentado como él eligió este camino y alimentó rumores contradictorios que repercuten negativamente en la bolsa brasileña todos los días.

¿Lula 3.0 es realmente el protagonista de su gobierno o más bien está en deuda con el Partido de los Trabajadores (PT) que lo sacó de la cárcel y cuya ala más radical representada por José Dirceu puede ahora mover las riendas en la sombra? Ex ministro de Lula, condenado en la operación Lava Jato a ocho años de cárcel pero con un recurso pendiente ante el Supremo Tribunal Federal (STF) para anular su sentencia, Dirceu se encuentra en estos días, oficialmente de vacaciones, en Cuba, donde fue protegido y entrenado por el régimen de Fidel Castro durante su exilio en los años de la dictadura en Brasil. Su hijo Zeca fue elegido por Lula para formar parte del sector turístico del equipo que supervisó la transición brasileña en el último mes y medio.

Por lo tanto, sigue existiendo una profunda incertidumbre sobre el nuevo rumbo económico que tomará Brasil, y sólo en enero se aclarará qué futuro le espera al mayor país de América latina. Sin embargo, las noticias que llegan en estos días no son alentadoras. El presupuesto secreto - es decir un mecanismo legal pero turbio del gobierno de Bolsonaro para transferir fondos del ejecutivo a los legisladores - contra el que Lula había arremetido en su campaña electoral también ha sido aprobado en el Congreso por el PT. Este jueves, un juez del Supremo Tribunal Federal decretó la constitucionalidad de esta práctica, desbloqueando así un impasse en el Congreso.

El mismo STF también acaba de conceder la libertad a Sérgio Cabral, ex gobernador del estado de Río de Janeiro, detenido en 2016 y acusado de dirigir una organización criminal que exigía sobornos a cambio de contratos. Esta decisión enterró definitivamente la operación Lava jato. Cabral había acumulado condenas por un total de 425 años y era el último convicto que seguía en prisión de la mayor operación anticorrupción de la historia del país desencadenada en 2014 por el descubrimiento de una trama de sobornos millonarios involucrando la petrolera estatal Petrobras y la constructora Odebrecht y que destapó la “caja de Pandora” de la corrupción en Brasil.

Seguir leyendo: